La muerte de 10 personas y las heridas sufridas por decenas a manos de policías y militares en Venezuela, durante una semana de desórdenes, dispararon la alarma en organizaciones internacionales de derechos humanos.
La novedad respecto de situaciones similares en América Latina es la existencia de denuncias de ataques con armas de fuego a manos de manifestantes opositores, y de que policías al mando de alcaldes adversos al gobierno central se rehusaron a afrontar los desórdenes e incluso los apoyaron.
La organización Amnistía Internacional se declaró el jueves preocupada por los reportes que indican que las fuerzas de seguridad han usado exceso de fuerza en algunos casos y no han mantenido los correctos procesos de detención.
Mientras varias de las demostraciones han sido violentas, con los manifestantes usando armas de fuego y otras armas, la Guardia Nacional (una fuerza militar) y la Disip (policía política) han usado exceso de fuerza en varias ocasiones para el control de la situación, indicó Amnistía.
Según el texto, cientos de personas han sido heridas, incluyendo a un gran número de policías, y la coalición opositora Coordinadora Democrática alega que 350 personas han sido detenidas y que la policía ha falsificado evidencia para arrestar a diversos líderes de oposición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó preocupación por los graves hechos de violencia en Venezuela.
El organismo, uno de los principales del sistema interamericano de justicia, demandó al gobierno del presidente Hugo Chávez que respete las garantías procesales y los derechos fundamentales de las personas detenidas durante las recientes manifestaciones.
El jueves cayó en Machiques, población del noroeste fronterizo con Colombia, la décima víctima fatal, Eva Carrizo, activista del partido opositor Acción Democrática. Carrizo fue baleada en la espalda por un efectivo de la Guardia Nacional, según sus familiares y el diputado opositor Elías Matta.
Ex empleados petroleros marcharon este viernes ante la embajada de España en Caracas para denunciar la muerte de José Vilas, de doble nacionalidad española y venezolana, baleado en la espalda presuntamente por otro guardia nacional cuando se manifestaba a principios de semana en la vecina población de San Antonio.
La televisión y la prensa plasman abundantes imágenes de la violencia. Los medios privados, la mayoría opositores, han mostrado a guardias nacionales que golpean a detenidos con sus armas, cascos, manos y pies. Los oficialistas enseñan a manifestantes arrojando piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas del orden.
Familiares del joven director de orquesta Carlos Izcaray denunciaron que, cuando observaba a distancia una demostración callejera, el músico fue detenido por guardias nacionales que lo introdujeron en una tanqueta y allí le golpearon brutalmente y le aplicaron electricidad en varias partes del cuerpo.
Félix Farías, del grupo izquierdista Bandera Roja, adverso a Chávez, dijo que individuos sin uniforme y con el rostro cubierto lo capturaron cerca de su casa en el centro de Caracas, lo introdujeron en una camioneta y le quemaron los brazos con hierro candente exigiéndole informar el paradero de algunos dirigentes.
La Coordinadora Democrática pidió que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analice al caso de Venezuela, y denunció que el gobierno ha violado todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana, adoptada por 34 gobiernos en Lima en septiembre de 2001.
El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, que en los años 60 y 70 destacó en el parlamento como defensor de los derechos humanos, dijo que la oposición pretende convertirse en adalid de esos derechos para ocultar el terrorismo desatado por ella misma en las calles, incluida la acción de francotiradores.
Rangel y otros portavoces del gobierno han acusado a las policías municipales y estaduales en Caracas y otras zonas del país de cruzarse de brazos ante la violencia de los opositores, que durante varios días improvisaron barricadas y se enfrentaron con la Guardia Nacional, e incluso de prestar efectivos y apoyo logístico a las protestas.
La muerte de un trabajador oficialista en un acto público fue atribuida por Rangel a efectivos sin uniforme de la Policía Metropolitana de Caracas, que tiene 8.000 agentes y, al mando del alcalde opositor Alfredo Peña, se ha marginado del combate directo a los manifestantes. También fueron acusados policías de distritos residenciales de la capital.
Siete de las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela censuraron a esas policías por su participación directa en la colocación de barricadas y otros eventos de alteración del orden público, y por la omisión de su deber de garantizar la seguridad ciudadana.
Pero igualmente condenaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y la Disip en el contexto del control de las manifestaciones.
Hemos recibido denuncias de excesos en el uso de la fuerza contra los manifestantes y las estamos documentando, dijo a IPS Carlos Correa, coordinador de Provea, una de esas organizaciones no gubernamentales. El activista aconsejó agotar las instancias nacionales con esas denuncias.
La Vicaría de Derechos Humanos de la Iglesia Católica expresó su profundo rechazo al uso desproporcionado de la fuerza, específicamente por los integrantes de la Guardia Nacional, y reclamó que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo garanticen la plena vigencia de los derechos, sin exclusiones.
La Fiscalía y la Defensoría, agrupadas por la Constitución de 1999 en un poder del Estado independiente, el Poder Ciudadano, hasta ahora han elaborado querellas contra alcaldes y un gobernador regional opositores, por la presunta omisión de sus deberes durante los días de trifulcas.
En el exterior, también la presidencia de la Unión Europea, actualmente ejercida por Irlanda, lamentó el clima de violencia que resurgió en Venezuela, y se sumó a los llamados para que las protestas ciudadanas se canalicen de modo respetuoso y pacífico.
Finalmente, el tema de los derechos humanos fue una de las razones esgrimidas el jueves por el embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, Milos Alcalay, para renunciar al cargo y rechazar un nuevo destino como representante ante Gran Bretaña.
La comunidad internacional ha visto con asombro la increíble represión militar unida a la represión de la policía política, con pérdida de vidas, heridos graves, personas desaparecidas y políticos presos, mientras mujeres y niños son acosados por una brutal e inaceptable reacción primitiva de las autoridades, dijo Alcalay.
El parlamentario oficialista Tarek Saab acusó a Alcalay de oportunista e hipócrita, pues no defendió los derechos humanos ni renunció cuando el dictador Pedro Carmona —presidente durante los dos días del golpe que depuso a Chávez en abril de 2002— abolió la democracia y los derechos humanos de un plumazo.
