Esposas de los 75 opositores cubanos condenados a prisión bajo cargos de conspirar con Estados Unidos para desestabilizar al país se congregaron este jueves en jornadas de ayuno y oración, al cumplirse el primer año de los arrestos.
Queremos la libertad de nuestros esposos, por eso estamos aquí, dijo a IPS Yolanda Huerga, quien califica de injusta la legislación por la cual fue juzgado su marido, Manuel Vásquez, periodista de la agencia independiente de prensa Cuba-Press.
Huerga vestía de blanco y llevaba prendida en su blusa una bandera cubana cruzada con el número 75, como todas las mujeres reunidas en la pequeña sala de una casa del municipio capitalino de Centro Habana.
Guardaremos un ayuno de 12 horas, ingiriendo sólo líquido. No creo que nadie se sienta mal, pero de todos modos a una cuadra y media de acá hay un médico de familia, afirmó la dueña de la morada, Laura Pollán, también convencida de que la prisión de su esposo, Héctor Macedo, es injusta.
Las mujeres dispusieron en una de las paredes de la casa los nombres y fotografías de los 75 encarcelados, varios de ellos declarados presos de conciencia por la organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional. El centro del listado se dejó para Martha Beatriz Roque, disidente condenada a 20 años de cárcel.
Otro grupo de familiares de los presos se reunió en la casa de Gisela Delgado, directora del Proyecto de Bibliotecas Independientes y esposa de Héctor Palacios, del movimiento Todos Unidos, quien cumple una pena de 25 años en la prisión de Pinar del Río, 176 kilómetros al oeste de La habana.
Además del ayuno, Delgado anunció la entrega del premio Félix Varela a los 75 opositores por la dignidad y el valor que demostraron y por contribuir de forma desinteresada a romper el monopolio informativo estatal.
Ese galardón, que lleva el nombre de uno de los pensadores más relevantes del independentismo cubano en el siglo XIX, fue dotado con 1.500 dólares donados por el Proyecto de Bibliotecas. Ese dinero es parte del premio por la democracia que nos otorgó (al Proyecto) en 2002 el Partido Liberal Sueco, explicó Delgado a IPS.
El 18 de agosto de 2003, el gobierno cubano anunció en el diario oficial Granma la detención de varias decenas de personas directamente vinculadas a las actividades conspirativas de James Cason, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba.
La nota oficial acusó a Cason de convertir su representación diplomática en organizadora, financista, jefa y cuartel general de actividades para desestabilizar y subvertir el orden constitucional del país.
La secretaria de prensa y cultura de esa sede, Kelly Keiderling, aseguró a IPS que la Sección de Intereses de Estados Unidos no dio y no da dinero a ningún activista, disidente o grupo antigubernamental en la isla.
La funcionaria admitió, sin embargo, que la Sección apoya a disidentes en la isla con revistas, radios, informaciones de varios tipos y acceso a Internet.
También les invitamos a nuestros hogares y a nuestras recepciones diplomáticas; y les brindamos uno que otro taller sobre varios temas, un trabajo que las representaciones diplomáticas de Estados Unidos hacen en todas partes del mundo, añadió Keiderling.
Los 75 fueron juzgados del 3 y 7 de abril del pasado año por delitos contra la seguridad del Estado e infracciones previstas por el Decreto 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.
Esa norma, vigente desde 1999, establece sanciones para hechos encaminados a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la ley (estadounidense) Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba.
La ley llamada Helms-Burton, de 1996, reforzó las restricciones del comercio con Cuba vigentes en Estados Unidos, y buscó frenar las inversiones y operaciones comerciales de terceros países en la isla.
Las autoridades defendieron la legalidad de los juicios del año pasado, en los que fueron aplicadas sanciones de hasta 28 años de cárcel, y señalaron que los encausados contaron con las debidas garantías para su defensa.
Cuba reivindica el derecho a aplicar sus leyes para defenderse de la agresión y a enjuiciar a los mercenarios que colaboran con el bloqueo y la política agresiva de la superpotencia (Estados Unidos), señaló el miércoles el canciller Felipe Pérez Roque.
El jefe de la diplomacia cubana se refirió al tema en Ginebra, sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ante la cual rechazó que se acuse a la isla de manera arbitraria, politizada y discriminatoria.
En opinión de Vladimiro Roca, del grupo opositor Todos Unidos, la ola de arrestos del pasado año fue un golpe brutal que sin duda afectó al conjunto de la oposición interna de la isla.
En aquellos juicios, se identificaron como agentes del gobierno infiltrados en la oposición más de media docena de personas que decían ser periodistas independientes y opositores.
Estuvimos paralizados, pero ahora estamos creciendo, con la incorporación de mucha gente joven, lo cual es muy esperanzador, dijo Roca, quien cumplió en mayo de 2002 una sanción de cinco años por actividades antigubernamentales.
