La Auditoría General de la Nación de Argentina detectó graves anomalías en la prestación de los servicios privatizados de gas y de electricidad, y en sendos informes que remitió al Ministerio de Economía hace escasas semanas cuestionó severamente la actuación de los órganos estatales de control. La información de ese organismo habría sido clave para la posterior embestida que encaró la semana pasada el gobierno contra las empresas del sector, a las que responsabilizó directamente por la actual crisis de energía que pone en riesgo esos servicios en el país y afecta a la región a la que exporta especialmente gas natural.
