Joenia Batista de Carvalho, primera abogada indígena de Brasil, ni siquiera había nacido cuando comenzó la lucha por la Reserva Raposa Sierra del Sol como territorio de su pueblo, en el norteño estado de Roraima, en la frontera con Venezuela y Guyana.
Ahora, con 30 años y conocida por haber ganado un premio internacional, ella será la representante del Consejo Indígena de Roraima (CIR) para denunciar al gobierno brasileño ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La denuncia, por violación de los derechos de los indígenas ingarikó, macuxi, patamona, taurepang y wapichana, será presentada este lunes en Washington, sede de la OEA.
La Comisión decidirá si el caso debe ser juzgado por la Corte Interamericana, con efectos jurídicos para Brasil, según la abogada, también conocida como Joenia Wapichana, según una costumbre de indígenas brasileños que usan el nombre de su grupo étnico como apellido.
Entendemos que nuestros derechos son también derechos humanos, por eso queremos que la OEA convoque a Brasil a explicar los motivos de la demora en homologar la reserva, explicó en una entrevista con Radio Nacional, de la Amazonia, antes de embarcarse rumbo a Washington este viernes.
Raposa Sierra del Sol es un área cuya demarcación preocupa a la Fundación Nacional Indigenista (Funai) desde los años 70. Varios grupos de trabajo intensificaron estudios antropológicos y territoriales a partir de 1977, hasta que se aprobó en 1993 un informe que proponía demarcar 1,67 millones de hectáreas como tierras reservadas para los indígenas.
Luego de algunos años de debate público y cuestionamientos por parte de interesados, el entonces ministro de Justicia, Renán Calheiros, acogió en 1998 la propuesta de la Funai, y declaró a Raposa Sierra del Sol territorio en posesión permanente de los cinco grupos indígenas locales, que suman cerca de 15.000 personas.
El gobierno de Roraima apeló al Poder Judicial para impedir que se hiciera efectiva esa medida, pero el fallo final de la Corte Suprema, en 2002, frustró tal intento. Desde entonces, el proceso sólo depende de la homologación presidencial, siempre prometida y postergada.
Roraima vivió dias de tensión el 6 de enero y los días siguientes, cuando hacendados con apoyo de una minoría indígena bloquearon carreteras, invadieron la oficina de la Funai y otras sedes gubernamentales, secuestraron a tres sacerdotes católicos y dañaron escuelas y puestos de asistencia médica.
El objetivo era impedir la homologación, que había sido prometida para enero por el actual ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, y que no se produjo.
Estamos recurriendo a la OEA, después de hacer todo lo posible en el país, dijo a IPS Jacir José de Souza, coordinador del CIR, que encabeza la lucha por el territorio. Desde el año pasado esperamos una audiencia con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acotó.
El gobierno tiene obligación de aclarar por qué demora la homologación que promete desde la asunción de Lula en enero de 2003, en respuesta a una lucha de 35 años y al gran sufrimiento de nuestros pueblos, sostuvo el lider macuxi.
El CIR prepara una manifestación en Brasilia, aún no confirmada, para el 15 de abril, que reuniría a representantes de grupos indígenas de todo el país. La esperanza es que Lula decida homologar la decisión sobre Raposa Sierra del Sol el 19 de abril, Día Nacional del Indígena, dijo De Souza.
Mientras, los indígenas siguen viviendo en Roraima bajo tensión y en la incertidumbre, sin diálogo entre las partes en conflicto, señaló a IPS Luis Marques de Brito, sacerdote católico portugués que actúa en ese estado hace tres años, después de 10 años en el sur de Brasil.
Los hacendados, en su mayoría productores de arroz, al igual que los gobernantes del estado y de municipios, aspiran ante todo a que se excluyan de Raposa Sierra del Sol áreas ocupadas actualmente por cultivos y poblados, lo que significaría dividir la reserva en cinco partes separadas entre sí.
Eso ocurre pese a que está previsto que los hacendados reciban una indemnización por las tierras que cultivaban.
La división en islas significaría el fin de los indígenas, porque perderían su identidad, y en poco tiempo serían asimilados por la cultura blanca, evaluó De Brito. El deterioro de su vida sería dramático, sometidos a los prejuicios que los consideran perezosos, una basura, pronosticó.
Una parte minoritaria, no mayor de 20 por ciento de los indígenas adhirió al movimiento de los hacendados contra la reserva continua, e incluso participó en el alzamiento de enero, admitió.
El gobierno central decidió que haya una reserva continua, pero los aplazamientos de la homologación, prometida para Navidad y luego para enero, indican que vacila ante las presiones de políticos y hacendados locales, según el sacerdote.
Las presiones locales perdieron fuerza en los últimos meses a causa de un escándalo de corrupción, que involucra al gobierno estadual e incluso a algunos indígenas de la minoría opositora, observó.
Ese escándalo se debe a que grandes sumas del presupuesto gubernamental fueron desviadas como pago a funcionarios contratados para tareas ficticias.
Además de las dudas sobre una pronta homologación de Raposa Sierra del Sol, De Brito lamentó la dificultad que afronta, al igual que otros religiosos y misioneros católicos, para mantener su trabajo de apoyo a la sobrevivencia, no tanto de evangelización de los indígenas locales.
Una escuela en que se capacitaba jóvenes para la agricultura, por ejemplo, fue destruida, y las actuales tensiones impiden otras actividades.
