Algunas se dejaron seducir por promesas de matrimonio en Alemania, otras por ofertas de buenos empleos en España, y casi todas esas mujeres de Brasil acabaron en la prostitución.
Esas son las apariencias y destinos más difundidos por la prensa, pero son muchos los fines y caminos del tráfico de personas, un fenómeno antiguo que reaparece con la globalización.
El flujo más numeroso en Brasil es interno: entre los 27 estados de Brasil, admitió a IPS Ricardo Lins, organizador del II Encuentro Internacional sobre Tráfico de Seres Humanos, que reunió más de 200 expertos e interesados el jueves y viernes en Recife, capital del nororiental estado de Pernambuco, una de las principales fuentes del tráfico con fines sexuales.
Una investigación concluida en 2001 por el no gubernamental Centro de Referencia, Estudios y Acciones sobre Niñez y Adolescencia (CECRIA), de Brasilia, identificó en el territorio brasileño 241 rutas del tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para explotación sexual comercial. Poco más de la mitad conducen al exterior.
Cerca de 100.000 brasileñas (niñas, adolescentes y adultas), son llevadas a otros países para explotarlas sexualmente, según organismos internacionales, destacó Lins, gerente del programa de prevención de ese delito en el gobierno de Pernambuco.
Las niñas y adolescentes del interior del país son atraídas por la posibilidad de una vida mejor, escapando de la pobreza, dijo a IPS la diputada Maria do Rosario Nunes, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y relatora de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Explotación Sexual.
En grandes ciudades, como Río de Janeiro, pesa también en las víctimas un factor cultural, el deseo de mayor consumo, según Nunes, que debe concluir en mayo su informe sobre el tema.
La legislación y las instituciones brasileñas están poco preparadas para enfrentar este negocio del crimen organizado que, según la Organización de las Naciones Unidas, afecta a varios millones de personas y alcanza 12.000 millones de dólares al año, suma sólo superada por las del comercio ilegal de armas y de drogas.
La inclusión de estos delitos en el Código Penal brasileño está en trámite en la Cámara de Diputados. El Código, de 1941, no proporciona a las autoridades instrumentos legales para combatir ese crimen, dijo el diputado Nelson Pellegrino, autor de la propuesta.
El proyecto define los delitos vinculados al reclutamiento por medio de ardides, tanto para la prostitución como para el trabajo en condiciones de esclavitud y la extracción de órganos humanos para transplantes, explicó a IPS el legislador, también del PT.
Además de actualizar la legislación, su propuesta busca promover la creación de un sistema de prevención y represión, uniendo los distintos órganos gubernamentales y de la sociedad.
Existen dos iniciativas contra las mafias del tráfico de personas en Brasil. Una, del Ministerio de Justicia, capacita a policías y funcionarios judiciales, haciendo campañas para alertar a la población y estimular las denuncias.
La segunda, del no gubernamental Instituto Latinoamericano de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ILADH), ofrece asistencia psicológica y social a las víctimas.
Hay que unir ambas, sostuvo Pellegrino, quien habló de cuestiones legales en el Encuentro Internacional promovido por ILADH y el gobierno de Pernambuco.
También se necesita más cooperación y nuevos tratados internacionales para un combate efectivo al problema, opinó la diputada Nunes.
Son escasas y frágiles las normas internacionales sobre el tema, tal como las leyes nacionales y la vigilancia en las fronteras, los aeropuertos y carreteras del país, sostuvo. La policía solo está atenta al tráfico de mercancías y no al de personas, observó.
Las denuncias de las víctimas son pocas y los procesos judiciales no avanzan, porque la sociedad no se moviliza para enfrentar una modalidad de tráfico humano socialmente tolerada, vista como casi natural, lo cual omite a las instituciones, evaluó la legisladora.
Obtener datos confiables sobre estos delitos es muy difícil. Las informaciones son subjetivas e inconsistentes, tanto en los organismos judiciales, como en la prensa y en los testimonios, dijo a IPS Neide Castanha, secretaria general de CECRIA y consultora de la comisión parlamentaria que investiga la cuestión.
Hay miedo de informar porque se sabe que esto pertenece al crimen organizado, las irregularidades y la corrupción obstaculizan los registros oficiales, y todo sucede con cierto consentimiento de las víctimas, que prefieren sobrevivir explotadas que morir de hambre, resumió la experta.
Además, la presencia de la cuestión sexual dificulta un tratamiento realista del problema por parte de una sociedad moralista, acotó.
En el debate, en la legislación y en el combate al tráfico de personas es indispensable considerar los matices de la cuestión, opinó Castanha.
No se puede considerar que una niña o adolescente menor de 18 años tiene madurez para decidirse por cualquier trabajo, sexual o no, lejos de su familia, incluso en el exterior, ejemplificó.
Además, el consentimiento de una persona no es tal si no existe libertad de elección. Por ejemplo, cuando las condiciones objetivas y las circunstancias obligan prácticamente a una persona a aceptar cualquier oferta de una vida mejor, concluyó.
