Argentina y el FMI alcanzaron este martes un difícil acuerdo sobre los trámites para negociar la deuda con acreedores privados, que se habían convertido en el eje de la discusión con el organismo, pese a que el país cumplió holgadamente las metas fiscales pactadas.
Al límite de un nuevo cese de pagos, esta vez con la banca multilateral, el gobierno resolvió cancelar un pago de capital e intereses al FMI de 3.100 millones de dólares, que vencía este martes.
A cambio, el Fondo se comprometió a anunciar este miércoles la aprobación de una nueva revisión de las metas del acuerdo firmado con Argentina en septiembre de 2003.
El entendimiento se alcanzó en un dialogo telefónico poco después de mediodía entre el presidente Néstor Kirchner y la directora gerenta interina del FMI, Anne Krueger.
De inmediato, llegó alivio a los mercados, que registraron una leve apreciación del peso -de 2,96 a 2,94 pesos por dólar- y un alza bursátil de cinco por ciento al finalizar la rueda de cotizaciones en la Bolsa de Buenos Aires.
En cambio, algunos opositores protestaron. Con recetas del FMI no vamos a sacar al país del pozo, dijo el diputado Mario Cafiero, de la centroizquierdista Afirmación para una República Igualitaria (ARI).
Funcionarios del gobierno confirmaron, lejos de los micrófonos, que la crisis se conjuró, pero aclararon que el anuncio oficial se realizará este miércoles, cuando el FMI declare formalmente la aprobación de las metas parciales del acuerdo de septiembre.
Sólo entonces se divulgarán las condiciones sobre la negociación de la deuda con tenedores de bonos, en default (cese de pagos) desde diciembre de 2001. Fuentes cercanas a la negociación revelaron a IPS que el Fondo retrocedió en algunas exigencias.
Argentina cumplió con las metas macroeconómicas exigidas por el FMI para aprobar la revisión de este acuerdo. Entre enero y febrero, el superávit fiscal fue 130 por ciento superior a lo exigido por el organismo para todo el trimestre.
Asimismo, se ha logrado mantener la meta de crecimiento sostenido, reclamado por la agencia multilateral desde 2002. Luego de una recesión de cuatro años, el producto interno bruto creció 8,4 por ciento en 2003, y para este año se estima un aumento de cinco por ciento.
La gestión de Kirchner y de su ministro de Economía, Roberto Lavagna, también avanzó en el rescate de las llamadas cuasi monedas -bonos de deuda emitidos por los gobiernos provinciales-, y consiguió la aprobación legislativa de una compensación para los bancos afectados por la crisis financiera de 2001 y 2002.
Sin embargo, en las últimas semanas el FMI condicionó su aprobación de estos logros a una flexibilización de la propuesta argentina para pagar la deuda a los tenedores privados, que supera los 80.000 millones de dólares.
Ante esa nueva exigencia, que no figuraba en el acuerdo de septiembre, el gobierno amenazó con no pagar este martes los 3.100 millones de dólares, y se mantuvo en su negativa hasta último momento.
El FMI reclamaba a Buenos Aires que estableciera en 80 por ciento el umbral de acuerdos con los acreedores para considerar exitosa la negociación, y que aceptara como principal interlocutor al Comité Global de Bonistas, uno de los grupos de bonistas más agresivos hacia Argentina.
También que garantizara, por decreto, la continuidad en la negociación de tres bancos extranjeros que actuarían como asesores en el canje de bonos, y que podrían mejorar la propuesta de pago, y la renuncia del Estado a la jurisdicción nacional, en caso de conflicto.
Alejandro Vanoli, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Buenos Aires, dijo a IPS que las nuevas exigencias planteadas por el FMI resultan preocupantes.
El FMI debe velar porque no haya asimetrías entre las partes, pero aquí se puso definitivamente del lado de los acreedores, remarcó.
Para el economista, fue el Fondo el que dio muestras de incumplimiento al extender una discusión sobre la deuda con los tenedores privados de bonos una vez que las metas cuantitativas habían sido superadas, y atribuyó este comportamiento a necesidades políticas del Grupo de los Siete (G-7) países más poderosos del mundo.
Para Vanoli, el G-7 -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Japón-que en otras oportunidades respaldó a Argentina, hizo lugar esta vez a las presiones de los bonistas, en algunos casos a consecuencia de los respectivos procesos electorales en esos países.
El lunes, los representantes del G-7 en el directorio del Fondo coincidieron en rechazar la inflexibilidad del gobierno argentino para mejorar la oferta a los acreedores.
El primer ministro italiano Silvio Berlusconi declaró este martes que era inaceptable la oferta argentina, formulada en octubre, basada sobre una quita de 75 por ciento del valor nominal de los papeles, o en una postergación de los plazos de devolución, con reducción de las tasas de interés.
La deuda externa pública argentina supera los 145.000 millones de dólares, de los cuales más de 80.000 corresponden a tenedores privados de bonos, sin contar los intereses acumulados desde que el país declaró el default, no incluidos en la propuesta de Kirchner.
En las últimas semanas, el Fondo comenzó a presionar para que Buenos Aires pospusiera hasta septiembre el inicio de las negociaciones con los bonistas, a fin de hacerlas coincidir con las gestiones hacia un nuevo acuerdo con el organismo, en el cual se deberá fijar (ampliar, según el FMI) la meta de superávit fiscal de 2005.
Será una nueva tormenta.
