Un diagnóstico correcto, pero cojo en soluciones efectivas, fue la evaluación dada por algunos ambientalistas al nuevo programa del gobierno de Brasil para contener la acelerada destrucción de los bosques amazónicos.
El Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia fue anunciado por gobernantes el lunes, y publicado el martes, como consistente y viable, por tener presupuesto, proyectos y cronograma definidos.
Además, integra distintas políticas y sectores gubernamentales en una estrategia amplia, en cuyo diseño participaron once ministerios, gobernadores estaduales y representantes de la sociedad civil en los últimos nueve meses, destacó la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.
El Plan, de 156 páginas, busca atacar los principales factores de la deforestación acelerada de la Amazonia brasileña, que entre agosto de 2001 a agosto de 2002 perdió 25.500 kilómetros cuadrados de bosques, 40 por ciento más que en igual período anterior. El total deforestado alcanzó entonces 631.369 kilómetros cuadrados, 15,7 por ciento del área boscosa inicial.
Un desastre ambiental similar, o más grave, es esperado con los datos de 2002 y 2003, que se divulgarán en breve por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que monitoriza los bosques a través de imágenes de satélites.
La batalla contra el desmonte se desplegará básicamente en tres frentes, según el Plan: el ordenamiento territorial, el control ambiental y el fomento a actividades productivas sustentables.
Esta orientación se basa en un análisis bien hecho de las causas, pero las medidas propuestas se concentran en la cuestión territorial, sin respuestas satisfactorias a otros factores diagnosticados, evaluó para IPS Roberto Smeraldi, coordinador de Amigos de la Tierra, que se dedicada a temas amazónicos.
El desequilibrio se refleja en la distribución de los 394 millones de reales (cerca de 135 millones de dólares) previstos en el presupuesto del Plan en este año, que destina 62 por ciento a los problemas de la tierra.
La cuestión territorial es efectivamente central en la extensa región donde predominan tierras públicas o de posesión sin legalización definitiva, adueñadas por una ocupación de hecho, pero sin el título de propiedad, reconoció Smeraldi.
Para legitimar la propiedad, los ocupantes registran el área en el órgano agrario oficial, la desmontan e instalan sobre ella ganado o siembran.
Sin una regulación de ese proceso y el ordenamiento territorial de la Amazonia, es imposible revertir la tendencia de grave aumento de la deforestación, señaló el ambientalista.
Pero el Plan no contempla soluciones para otras actividades, incluyendo proyectos de infraestructura que el mismo gobierno prevé en su programa de desarrollo para los próximos cuatro años, como carreteras y represas hidroeléctricas, acotó.
Se trata de intervenciones en el ambiente local que, además de destruir bosques directamente, intensifican la especulación por la tierra en una sinergia negativa. Las carreteras son grandes inductoras de la destrucción de los bosques y se prevé la construcción o mejoría de varias en la Amazonia.
El mismo Plan de Acción destaca que 75 por ciento del área amazónica deforestada se ubica en fajas de 50 kilómetros a cada lado de las carreteras, reconociendo las contradicciones entre las políticas públicas, que van en desmedro del ambiente.
La expansión de la soja en la Amazonia es un nuevo factor. La siembra en general ocupa áreas ya sin árboles, pero las utilidades que proporciona el cultivo elevan el precio de las tierras, estimulando nuevas ocupaciones y el avance de la deforestación, explicó Smeraldi.
En el tercer frente, el del fomento de actividades sustentables, no se puede esperar nada, pues un programa de desarrollo sustentable de la Amazonia y sus mecanismos de financiación están paralizados desde hace dos años por un escándalo de corrupción en el órgano responsable, observó.
Además, es difícil que las actividades apuntadas en el Plan de Acción -como manejo forestal, ecoturismo, pesca artesanal y subproductos de madera- puedan competir con la soja y el ganado, sin estímulos efectivos, concluyó.
La escasez de recursos financieros es el principal obstáculo al éxito del Plan de Acción, apuntó a IPS otro ambientalista, Jean-Pierre Leroy, de Fase, una organización no gubernamental que actúa en comunidades pobres a favor de derechos económicos y sociales.
El plan es ambicioso pero su presupuesto es insuficiente y la política de austeridad fiscal adoptada por el gobierno impide acciones concretas y eficaces, opinó.
La regulación territorial, por ejemplo, es algo muy complejo, costoso y demorado, según comprobó Fase con la experiencia de uno de sus proyectos, en Gurupá, en el interior del septentrional estado de Pará.
El Plan señala caminos correctos, contempla la participación de la sociedad y aplica el principio de transversalidad de la cuestión ambiental, es decir su inclusión en la acción de varios Ministerios, reconoció Leroy. Pero no es segura su aplicación práctica, lamentó.
