En Venezuela no se efectuará el referéndum impulsado por la oposición para revocar el mandato del presidente Hugo Chávez, afirmó en la capital española el abogado y profesor constitucionalista venezolano Carlos Escarrá, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de su país.
Escarrá integra un grupo de venezolanos oficialistas encabezado por Adina Bastidas, ex vicepresidenta y ex ministra de Chávez, que visitan esta semana España para plantear sus puntos de vista sobre la situación de Venezuela, y acusar a los opositores de atentar contra la estabilidad institucional.
En Venezuela, la persona que ocupa la vicepresidencia es designada por el presidente, quien la puede cambiar cuando lo crea conveniente, como ha hecho Chávez más de una vez.
Según Escarrá, el referéndum no se realizará porque los 27 partidos políticos y 40 asociaciones que lo promovieron, integrantes de la llamada Coordinadora Democrática, no reunieron las firmas requeridas por la Constitución, y esos opositores están ahora otra vez en actitud golpista, al comprobarse su fracaso en la recolección de firmas.
Bastidas dijo a IPS que la oposición ilegitimó su propia demanda al presentar firmas de muertos, menores de edad y personas no inscriptas en el Registro Electoral. Hechos que, según aseguró, son de conocimiento público, y que espera que sean detallados en su momento por Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ese organismo independiente del Estado venezolano informó el miércoles de que de las 3.447.000 firmas recogidas por la oposición reclamando el referéndum, 1.180.000 fueron observadas por tener similitudes caligráficas y 800.000 por otros motivos. Por ello está analizando un sistema para comprobar su legitimidad.
Eso significa que apenas un millón y medio de firmas aprobaron el examen del poder electoral. Para activar un referéndum que ponga en juego el mandato de seis años iniciado en 2000 por Chávez se necesita la voluntad efectivamente expresada con su rúbrica de por al menos 2.436.083 ciudadanos, 20 por ciento del padrón electoral del país.
El CNE cuenta con la colaboración de observadores designados por el estadounidense y no gubernamental Centro Carter y por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero sus resoluciones han sido son cuestionadas por la oposición.
Con un CNE así no podemos ir ni a la elección de una reina del Carnaval, afirmó el miércoles Antonio Ledezma, portavoz de la Coordinadora Democrática.
Al preguntarle a Bastidas sobre la actitud española tras el frustrado golpe de estado del 11 de abril de 2002 en su país, que desplazó a Chávez del poder por un par de días, recordó que los embajadores de Estados Unidos y España reconocieron a los golpistas y se reunieron con ellos el día en que asumieron el poder, legitimándolos, pero añadió que la situación ha cambiado.
Ahora España apoya la institucionalidad venezolana, pero Estados Unidos aún financia a sectores que quieren derrocar a Chávez, alegó.
A ese respecto, Escarrá afirmó que los golpistas reciben dinero de instituciones con el disfraz de organizaciones no gubernamentales, pero dependientes de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (más conocida por sus siglas en inglés, CIA).
El Departamento de Estado (cancillería) ha sostenido que esas acusaciones, planteadas también por Chávez no son serias, y buscan desviar la atención de los esfuerzos del pueblo venezolano para ejercer sus derechos constitucionales y resolver la polarización política mediante un proceso constitucional.
El poderoso empresario venezolano Gustavo Cisneros es otro de los que financian las actividades contra Chávez y uno de sus amigos es (el ex presidente del gobierno español) Felipe González, quien aplaudió el golpe, apuntó el presidente del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar, Erick Rodríguez Mieres, otro de los integrantes del grupo visitante.
Cisneros es propietario de influyentes medios de comunicación que están en primera fila de la oposición a Chávez desde que éste fue electo presidente de la República en 1998, con 56 por ciento de los votos.
Los seis visitantes coincidieron en que, pese a lo que consideran actividades ilegales contra el gobierno de Venezuela, en ese país no habrá caos ni guerra civil, porque la inmensa mayoría de los venezolanos apoyan la Constitución vigente y al gobierno elegido democráticamente.
Bastidas, vicepresidenta de la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela, definió al sistema imperante en su país como una democracia participativa que persigue un desarrollo económico y social endógeno, contrapuesta al modelo neoliberal impulsado por Washington, que es una máquina de fabricar pobres.
En diciembre de 2002, una huelga impulsada por la oposición para desalojar a Chávez del poder abarcó las actividades de la monopólica petrolera estatal. Tras el fin del conflicto, que duró dos meses, fueron despedidos 18.000 de los 39.000 empleados de esa empresa, y el gobierno sustituyó a su cúpula, manifiestamente opositora.
En los días más difíciles de diciembre de 2002, la producción usual diaria de 2,5 a 3 millones de barriles de crudo de 159 litros cayó a apenas 25.000 unidades. En la actualidad se ha recuperado el nivel tradicional, con un promedio de exportación en torno a los dos millones de barriles diarios.
Esa recuperación, más programas de desarrollo en otros sectores y en especial en el agropecuario, permiten prever que Venezuela logrará este año un crecimiento económico superior a seis por ciento, según Henry Navas, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares e integrante del grupo que visita España.
Navas puso como ejemplo el programa Todas las manos a la siembra, a través del cual el gobierno ya ha entregado más de 2.000 tractores a productores agrarios de bajos ingresos, y destacó que 38 por ciento del presupuesto nacional de este año estará dirigido a programas de inversión social.
También mencionó el creciente apoyo oficial al sector cooperativista, que según dijo ha crecido en torno a 800 por ciento, con la promoción de 4.873 cooperativas que beneficiaron a más de 300.000 familias.
Rodríguez Mierez cree que uno de las realizaciones más prometedoras a mediano y largo plazo es el impulso a la educación. Antes de Chávez, sólo dos de cada 10 niños terminaban sus estudios, y eso constituía una de las bases de la exclusión social y el subdesarrollo, arguyó el académico.
En educación pre-escolar y básica, la cantidad de alumnos matriculados en todos los niveles y modalidades aumentó 25 por ciento de 1999 a 2002, lo que significó la inclusión en el sistema educativo de 1.300.000 nuevos alumnos.
Otra apuesta fuerte de Chávez se refiere a la política exterior, y en especial a los esfuerzos para lograr la integración de América Latina, sostuvo Bastidas.
Nuestro país solicitó el ingreso en el Mercosur, que está siendo analizado por los países miembros, para integrarnos en base a nuestra realidad, explicó. Queremos el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones y no compartimos, al menos como prioridad, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas que quiere imponer Washington, sentenció la ex vicepresidenta.
El grupo visitante está integrado también por Enoc Cortez, profesor de la Universidad Santa María, y Héctor Acosta Prieto, profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Su agenda incluye visitas a partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y miembros del gobierno.
