Los sectores más conservadores de la sociedad portuguesa no esconden su contrariedad por la explosión de alegría que se manifestó en una larga ovación cuando un tribunal del centro del país absolvió esta semana a 17 personas acusadas de prácticas de aborto clandestino.
El dictamen expresa que para concluir que hubo crimen de interrupción voluntaria de la gestación en el caso motivo del proceso es necesario realizar una pericia médico-legal, indicando si se realizó o no tal intervención, lo cual no fue probado en el tribunal.
Tampoco fue aceptada por los jueces la presunta relación del médico y dos enfermeras con las siete mujeres acusadas, sino que solo fue probado que el facultativo poseía una clínica privada pertrechada para realizar abortos.
La fiscalía ya anunció el mismo martes, tras conocer el fallo, que presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones de Coimbra, capital de la Región Centro de Portugal, con el propósito de volver a sentar en el banco de los acusados a las siete mujeres, sus maridos o compañeros, un médico y dos enfermeras involucrados en este caso de supuesta práctica ilegal de abortos.
Sin embargo, todos los partidos de izquierda, agrupaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos celebran lo que califican de decisión histórica de los jueces, caso sin precedentes en este país que junto a Irlanda son los únicos de la Unión Europea que mantienen la legislación rígida sobre el aborto.
En Irlanda, el aborto es autorizado sólo ante una emergencia para salvar la vida de la mujer, mientras en Portugal contempla este mismo caso al que se le suma el de malformación del feto o cuando el embarazo es producto de una violación, pero siempre sólo antes de que pasen las 12 semanas de gestación.
En 1998 se celebró un referéndum que pretendía flexibilizar la legislación al respecto, el que, sin embargo, arrojó resultados favorables para los defensores de la rigidez legal, quienes obtuvieron 50,91 por ciento de los votos válidos.
A pesar de que la consulta popular resultó no vinculante por no haber votado la mitad más uno del registro electoral, como requiere la norma que rige este topo de referéndum, en términos políticos impidió la presentación del proyecto de ley que permitía abortar libremente durante las 10 primeras semanas de embarazo.
Albino Aroso, quien fuera viceministro de Salud del precedente gobierno socialista (1995-2002), aplaudió la decisión judicial, pero confesó hoy sentirse avergonzado por el atraso social que representa el hecho de todavía tener que discutirse la cuestión del aborto en los tribunales, mientras países católicos, como Francia e Italia, hace mucho tiempo que lo despenalizaron.
Aroso recordó también su satisfacción por la postura pública adoptada por el obispo de Oporto, monseñor Armindo Lópes Coelho, quien se manifestó contra la penalización del aborto, porque la vía punitiva no es solución sino que se deben crear condiciones sociales para que las familias puedan criar a sus hijos.
Antonio Strecht Monteiro, un médico que se ha hecho conocido por su larga lucha por la extensión de los plazos de embarazo para habilitar el aborto legal, calificó la decisión del colectivo de tres jueces de Aveiro de histórica, porque se mostró cautelosa y prudente, además de interpretar el sentir nacional del momento, mayoritariamente favorable a una alteración de la ley.
Con otra óptica comentaron la decisión judicial los exponentes más conservadores de la sociedad lusitana.
Según Telmo Correia, líder del grupo parlamentario del cogobernante Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP), que no forma parte de la familia de los partidos populares europeos debido a sus postura ultranacionalista, fustigó la decisión, criticando las presiones a la justicia frente al tribunal de Aveiro por parte de unos 500 manifestantes encabezados por diputados de izquierda.
Luis Pereira de Almeida, quién como presidente del movimiento Más Vida – Más Familia está recogiendo firmas para impedir un nuevo referéndum sobre el aborto, se hizo eco de las declaraciones de Correia sobre las presiones, a las que unió la existencia de hechos extraños, tales como la desaparición de algunas pruebas, lo que significa que el juicio no fue justo.
El desmentido vino del propio juez presidente del colectivo, Paulo Brandão, el cual aseveró al leer la sentencia que las personas congregadas en la puerta del tribunal se manifestaron con respeto por la tranquilidad pública y en nada perturbaron el curso de las sesiones y no fueron otra cosa que el ejercicio de un legítimo derecho ciudadano, signo positivo de la vitalidad social.
Al concluir la lectura del fallo, Brandão fue categórico en su mensaje para el futuro. Si este juicio sirve para que se consulte a la sociedad para que decida de una vez por todas si este tipo de ilegalidades debe continuar existiendo, porque de ser así, entonces resultó en algo positivo.
No obstante el llamado caso Aveiro y la enorme presión que han realizado diversos programas con participación ciudadana en los medios de comunicación, la mayoría gubernamental del Partido Socialdemócrata (PSD, de orientación conservadora pese a su nombre) y del CDS/PP no están dispuestos a aprobar ninguna alteración a la ley actual.
El jefe del grupo parlamentario del PSD, Guilherme Silva, confirmó la postura del primer ministro, José Manuel Durão Barroso, al clarificar que no habrá cambios en la ley o un nuevo referéndum durante esta legislatura, que finalizará en 2006.
Por ahora, la izquierda vive con euforia la inédita decisión de los jueces. La diputada comunista Odette Santos, una de las más destacadas figuras de la lucha contra la penalización del aborto, indicó que el fallo ejemplar e histórico de Aveiro demuestra la necesidad urgente de cambiar esta ley que atenta contra la dignidad de la mujer portuguesa.
Por su parte, Miguel Portas, dirigente del Bloque de Izquierda (BI), también es de opinión de que es preciso cambiar la ley, primero por razones humanas, ya que esa mujeres ni siquiera deberían haber tenido que ir ante un tribunal.
Las opiniones de Santos y Portas, son compartidas por la diputada socialista y ex ministra de Salud María de Belem do Rosario, quien también hace hincapié en que al ir a tribunal, las mujeres pasan por un inmenso calvario y enorme humillación, que muchas veces les hace trizas su vida íntima.
La ley en vigor, según el líder del BI, Francisco Louçã, sólo afecta a las mujeres más humildes, ya que a las que tienen una situación económica holgada les basta cruzar la frontera española para solucionar su problema de aborto ante la ley, sin tener que ser humilladas por la legislación medieval que impera en Portugal.
En la escena de la polémica, se hicieron presentes este miércoles grupos partidarios de 13 países miembros del Parlamento Europeo, mediante una carta presentada en el hemiciclo de Lisboa por la diputada comunista del Parlamento Europeo Ilda Figueiredo.
El exhorto a Portugal fue firmado por diputados de todos los partidos representados en el parlamento del bloque a excepción del Partido Popular Europeo-Democracia Cristiana, grupo al cual pertenece el PSD luso y de la Unión para Europa de las Naciones, donde está integrado el CDS/PP.
La misiva pide a Portugal que se acabe de una vez por todas con el problema de las mujeres que son sujetas a procesos judiciales, apelando a que el parlamento lusitano encare el problema del aborto clandestino y lo resuelva, poniendo fin a una legislación que condena a las mujeres. (
