El despido de 320.000 trabajadores es el mayor argumento manejado por los propietarios de bingos y de locales de tragamonedas de Brasil para tratar de escapar a la extinción decretada por el gobierno, en medio del escándalo de corrupción del que aparecen como principales víctimas.
Los dueños de esas casas de juegos de azar y sus funcionarios caídos en desgracia fijaron para el próximo miércoles en Brasilia una multitudinaria manifestación nacional contra la medida que, si es ratificada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cerrará 120.000 puestos de trabajo directos y 200.000 indirectos, según la Asociación Brasileña de Bingos (Abrabin).
Fuerza Sindical, la segunda mayor central de sindicatos del país, apoya las protestas de estos trabajadores amenazados de despido, que ya se manifestaron en varias ciudades.
El presidente Lula está contribuyendo al desempleo, en lugar de generar los millones de empleos prometidos, acusó el principal dirigente de la central sindical, Paulo Pereira da Silva.
Es que el gobierno firmó el 20 de este mes una Medida Provisional (ley presidencial que el parlamento debe votar en 45 días o quedará derogada) prohibiendo estos juegos de azar sospechosos de lavar dinero del crimen organizado y otras irregularidades.
Es una medida incoherente, porque busca neutralizar los efectos políticos de un escándalo y se omite en relación al llamado juego del bicho, una lotería ilegal y practicada abiertamente en las ciudades brasileñas, criticó el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Roberto Busato.
La decisión de Lula fue una reacción a las denuncias que lo llevaron a despedir en la semana anterior al funcionario de la Presidencia Waldomiro Diniz, involucrado en intentos de captación ilegal de recursos financieros para campañas electorales del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
La revista Época reveló la existencia de un vídeo en que Diniz aparece negociando el aporte en dinero de un empresario de loterías electrónicas, a mediados de 2002.
Desde el inicio del gobierno de Lula, en enero de 2003, este político era encargado de las relaciones del Poder Ejecutivo con parlamentarios, como auxiliar de confianza del ministro José Dirceu, jefe de la Casa Civil de la Presidencia.
Los bingos y tragamonedas, también llamados aquí caza-níqueles, se desarrollaron como un próspero negocio en todo Brasil a partir de 1993, cuando una ley permitió su explotación para fortalecer los clubes deportivos, a los cuales debería destinar parte de sus ingresos.
Pero se generó una confusión legal. Los gobiernos estaduales aprobaron legislaciones propias para conceder la explotación de esa actividad a empresas privadas, abriendo brechas en el monopolio estatal de las loterías ejercido por la Caja Económica Federal, banco del gobierno central que financia la construcción y programas sociales.
Se sucedieron denuncias revelando la asociación de tales juegos con algunos miembros de la mafia italiana y el lavado de dinero sucio del narcotráfico y otros delitos. Muchos sectores de la sociedad reclamaban su extinción o reglas para eliminar ilegalidades.
El gobierno de Lula había creado una comisión para estudiar una solución, probablemente la reestatización. La Medida Provisional de Lula interrumpió este proceso, buscando evitar mayores desgastes al gobierno por el escándalo Diniz.
Algunos intentos de anular la decisión por via judicial no tuvieron éxito. Pero un empresario cuestionó en la Suprema Corte la constitucionalidad del acto presidencial. Medidas Provisionales, según la Constitución, solo se justifican ante situaciones de urgencia y relevancia.
Si se edita una Medida a cada escándalo en el gobierno, habrá centenares de ellas en pocos años, generando inseguridad jurídica, argumentó Napoleao Tavares da Cámara, en su iniciativa judicial.
Además del desempleo, el cierre de los bingos le quita a mucha gente, especialmente los ancianos jubilados, el derecho a un esparcimiento en seguridad, lamentó a IPS Maria Teófila Ponce de León, que frecuentaba todos los días esas casas en el centro de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
Los caza-níqueles pueden estar asociados al crimen organizado, pero no así los bingos, que son locales de encuentro, de convivencia sana, a veces el único placer, especialmente de las mujeres, añadió la señora, señalando que vivió un triste carnaval esta semana.
Sólo he perdido dinero dos veces, siempre ganaba, informó para indicar que hay formas seguras de apostar y que en los bingos si hay pocos viciados, pero como en cualquier otra actividad.
La insatisfacción con la medida gubernamental es generalizada también entre las ancianas de Copacabana, un barrio de Rio de Janeiro que concentra gran cantidad de jubilados, confirmó a IPS Vanise Monteiro Campos, habitante del barrio hace décadas.
Su tía, Gloria de Andrade, viuda de 92 años de edad, era también frecuentadora diaria de los bingos, antes de hospitalizarse hace un mes. En su caso perdió mucha plata, pero era su única alegría, donde conocía gente, hacía nuevas amigas.
Los bingos cumplen esa función social, de promover la convivencia entre vecinos, observó Campos. Antes de convertirse en negocio era una forma de las iglesias y comunidades recaudar fondos para asistencia y proyectos sociales, recordó.
