Cisjordania y Gaza sufren una intensa ola de delincuencia, mientras las fuerzas policiales de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) aseguran que el asedio israelí les impide mantener el orden.
La cooperación entre palestinos e israelíes está en un punto bajísimo, lo cual quedó de manifiesto tras el último atentado suicida, el 29 de enero.
El ejército israelí entró en zonas de la meridional ciudad cisjordana de Belén, bajo el control civil de la ANP. También ingresó a la cercana ciudad de Jericó, desde donde las incursiones de combatientes a territorio de Israel han sido raras.
El suicida responsable de 11 muertes en el autobús de la linea 19 el 29 de enero en Jerusalén procedía de Belén. Para peor, era miembro de la policía palestina. La colaboración bilateral sufrió un duro golpe.
La ley y el orden constituyen un punto de fricción permanente, incluso dentro de la ANP. La delincuencia y la falta de respeto por las leyes han subido en picada en áreas palestinas, para preocupación del Consejo Legislativo.
La policía palestina opera en las grandes ciudades y vastas áreas rurales de Cisjordania y Gaza bajo control de la ANP, según los acuerdos de paz palestino-israelíes firmados en Oslo en 1993. Jerusalén oriental está excluida de esos acuerdos.
Además de la policía, funciona en Cisjordania y Gaza un Servicio de Seguridad Preventiva. En la práctica, esa agencia también opera fuera de las áreas controladas por la ANP si es convocado.
Desde el inicio de la actual intifada (insurgencia popular contra la ocupación israelí), en septiembe de 2001, sus operaciones han sido muy restringidas.
En circunstancias normales, Israel y la ANP se prestan colaboración en materia policial y de seguridad. Pero las autoridades israelíes siempre han considerado las áreas bajo control palestino un refugio de bandas militares. La cooperación se ha reducido con el avance de la intifada.
La policía israelí está a cargo de los asentamientos judíos en territorios árabes ocupados y en áreas de Cisjordania y Gaza donde, según los acuerdos de Oslo, retiene el control total. Pero las distinciones son, con frecuencia, teóricas, dada la intifada.
Sin embargo, los policías palestinos no patrullaron las principales ciudades durante casi un año, porque las incursiones militares israelíes elevaban el riesgo de caer víctimas de las balas de la potencia ocupante.
El gobierno del primer ministro Ahmed Qureia ordenó hace pocos días a los policías ponerse sus uniformes y portar sus armas, luego de que el Comité de Seguridad del Consejo Legislativo Palestino le ordenaron actuar contra el delito o afrontar un voto de censura.
El Comité atribuyó al gobierno y a las agencias de seguridad el aumento en espiral de los indicadores de delincuencia, y consideraron que en la policía reinaba una corrupción generalizada.
El comandante de la policía de Ramalá, Mohammed Salah, se quejó de los obstáculos que el conflicto interpone en su labor.
”Los israelíes arrestaron a muchísimos agentes y requisaron armas. Expulsaron a casi 100 de Gaza. Nuestras patrullas todavía son un blanco cuando las tropas de Israel entran de noche en las ciudades. La mayoría de los vehículos policiales fueron destruidos o confiscados, junto con sus equipos de comunicaciones”, explicó.
La falta de una fuerza uniformada y adecuadamente armada hace casi imposible hacer cumplir la ley, dijo Salah.
Los resultados están a la vista. La puerta del frente de los estudios de Radio Amwaj en Ramalá es de acero y está permanentemente cerrada. Los visitantes pueden entrar sólo con cita previa, y nunca después de las ocho de la noche.
A la medianoche del 30 de diciembre, cuatro hombres enmascarados irrumpieron en la emisora, cortaron la electricidad, amarraron a los empleados y robaron 30.000 dólares en equipos.
”Ramalá ha sufrido una ola de delincuencia en los últimos meses”, dijo el gerente general de Radio Amwaj, Saad Arouri. Los periodistas de la emisora atribuyen el fenómeno a la falta de policías, pero, sobre todo, al aumento de la pobreza.
Las medidas de seguridad impuestas por el gobierno de Ariel Sharon en Ramalá impiden a los residentes en la ciudad trabajar en territorio israelí. El comercio entre localidades palestinas y el simple tráfico se dificultaron mucho.
El comandante de la policía preventiva Sabri Tmazi calculó que los delitos aumentaron 60 por ciento desde el comienzo de la intifada, pero, agregó, el grueso son actos contra la propiedad. ”La violencia y el asesinato siguen en el mismo nivel, así que el problema es económico”, dijo.
A fines de enero, una casa de cambios del centro de Ramalá fue asaltado. El encargado de otra dijo no estar preocupado. ”Los propietarios del establecimiento pertenecen a una poderosa familia. Si alguien se mete con nosotros, lo perseguirán”, explicó.
La situación se está volviendo contra la ANP, según el cientista político Imad Ghiada, de la Universidad Bir Zeit. ”Cualquier gobierno que fracase en dar seguridad a la ciudadanía a un nivel básico estará en una peligrosa situación política”, explicó.
Ghiada calculó que el gobierno israelí podría estar alentando la criminalidad en territorio palestino para socavar el poder de la ANP.
Pero los delitos no se detienen en los puestos de control entre el territorio israelí y el palestino. El robo de automóviles, por ejemplo, es una empresa fructífera en que actúan aliadas pandillas de ambos lados.
El vehículo de un conocido pacifista israelí apareció hace poco en Ramalá. No resulta difícil comprender cómo pudo suceder eso: la semana pasada, tres soldados israelíes fueron sorprendidos recibiendo soborno de delincuentes palestinos en un puesto de control. (
