Siete niñas y niños mueren violentamente en Colombia cada día, atrapados en la guerra civil más larga de América, según un informe divulgado este miércoles por una red internacional no gubernamental.
"Estamos escandalizados de que la comunidad internacional permanezca en silencio”, dijo la coordinadora de Watchlist on Children and Armed Conflict (Red de vigilancia sobre niños y conflicto armado), Julia Freedson.
”Incontables niños pierden sus familias, sus hogares, sus comunidades e incluso sus vidas en el actual conflicto”, agregó Freedson al presentar en la sede de la ONU en Nueva York el reporte ”Colombia: la guerra en los niños y las niñas”.
La red de organizaciones no gubernamentales reclama al Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que incluya al conflicto colombiano en su agenda, dijo Freedson en entrevista con IPS.
”Es una cuestión urgente para la paz y la seguridad internacionales, que se basa en el severo y mortal impacto de la guerra en la infancia”, agregó.
La red incluye a Care International, el Consejo Noruego para los Refugiados, Save the Children (Salvemos a los Niños), World Vision (Visión Mundial) y la Coalición para Detener el Uso de Niños Soldados.
La activista se mostró esperanzada en que el Consejo de 15 países examine la cuestión colombiana, ”dado su compromiso en reconocer el efecto de los conflictos armados en niñas y niñas”, agregó.
En el documento de 45 páginas se afirma que grupos de la guerrilla izquierdista, de paramilitares derechistas, de las Fuerzas Armadas y de la policía ejercen violencia y abusos contra civiles, incluidos niños y adolescentes.
”Esas son infracciones al derecho humanitario internacional y a los derechos humanos. Sin embargo, estos crímenes suelen ser perpetrados en un entorno de gran impunidad”, afirma el reporte.
La guerra colombiana, cuyos orígenes se remontan a los años 60, cuando aparecieron los primeros grupos insurgentes campesinos, se complicó más tarde con la fuerte presencia del narcotráfico y la proliferación de armas pequeñas.
”Los jóvenes son asesinados y mutilados, victimizados por la violencia sexual, seducidos y forzados a ingresar a filas combatientes, usados como informantes, señalados como objetivos de guerra y apartados de sus hogares”, asevera el documento.
Simultáneamente, en Bogotá, seis organizaciones defensoras de los derechos humanos revelaron que, de 6.038 detenciones llevadas a cabo por el gobierno de Alvaro Uribe desde agosto de 2002, en el marco del conflicto armado, fueron capturados 112 menores de edad, muchos de ellos en redadas masivas en las que también sus padres fueron presos.
Los menores detenidos son en su mayoría varones de entre 15 y 17 años, y 80 por ciento de ellos son campesinos.
El jurista Agustín Jiménez, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, precisó a IPS que ”muchos están siendo separados de sus padres, acusados de rebelión, y enviados a hogares de reinserción”, es decir, a centros donde son alojados guerrilleros o paramilitares desmovilizados.
Jiménez explicó que, en esos hogares, los menores capturados son sometidos al mismo tratamiento que aquellos que aceptaron hacer parte de un grupo armado.
Así, a los menores detenidos en redadas ”se les viola (el derecho a) la presunción de inocencia”, dijo el jurista.
Lo que más preocupa es que ”en muchos casos se traslada a los menores a ciudades distantes de su región de origen, quedando así desconectados de sus familias”. Las autoridades argumentan que los alejan de la región conflictiva para apartarlos del peligro.
Jiménez estimó que la mayoría de los menores detenidos fueron puestos en libertad, aunque no existe un estudio específico.
Sin embargo, ”todos deben ser puestos en libertad lo más pronto posible, pues son inimputables según la legislación colombiana”, es decir, ”no pueden ser perseguidos penalmente y su caso debe ser visto por un juez de menores”, pero ”cerca de sus familias para que éstas puedan verificar la situación del menor”, subrayó.
En caso de que se comprobara su participación en el apoyo a la guerrilla, ”la actitud estatal debe ser de ayuda y apoyo al niño para que se aleje del conflicto. Debe rodearlo de garantías por su condición de menor y en ningún caso darle tratamiento de reinsertado”, agregó.
Según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, en Colombia hay entre 11.000 y 14.000 niños soldados, en una población de más de 43 millones de habitantes, de los cuales 16,5 millones son menores de 18 años.
De momento, Colombia tiene la segunda mayor cantidad de población desplazada, casi tres millones de personas, la mitad de ellas son niñas y niños.
Muchos menores, sobre todo de las comunidades indígenas y afrocolombianas, carecen de atención de salud, educación y asistencia humanitaria, agregó el estudio.
Los principales grupos armados izquierdistas son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con unos 18.000 combatientes, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Por otra parte las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los mayores grupos paramilitares con entre 8.000 a 15.000 efectivos, son consideradas por la ONU como responsables de 70 por ciento de los asesinatos contra civiles desarmados.
Los grupos armados han hallado en el tráfico de drogas una fuente creciente de ingresos, aunque también llevan a cabo secuestros extorsivos.
El narcotráfico, a su vez, ha reclutado a muchos jóvenes que cifran sus esperanzas en enriquecerse con la venta de drogas.
El estudio también reclama a países como Estados Unidos -que suministra más de 100 millones de dólares anuales en ayuda militar a Colombia- que vinculen la asistencia a ese país con el respeto a los derechos humanos.
Ante la pregunta de si Washington accedería a semejante reclamo en el contexto de su propia agenda en Colombia (centrada en el combate a la guerrilla izquierdista y la erradicación forzosa de cultivos ilegales) Freedson dijo que su organización comparecerá en marzo ante un subcomité de la Cámara de Representantes que trata el asunto.
”Intentaremos impulsar recomendaciones específicas”, dijo Freedson.
En la última justificación presupuestal de operaciones extranjeras para 2005, la semana pasada, el Departamento de Estado (cancillería) sostuvo que los intereses estadounidenses en Colombia se centran en ”el respaldo a los esfuerzos antinarcóticos y antiterroristas, la estabilidad regional y la democracia, la protección de los derechos humanos, la asistencia humanitaria y el impulso de la prosperidad económica mutua”.
La asistencia militar de Estados Unidos a ese país pasó de 17,1 millones de dólares en 2003 a 109,3 millones en 2004 y se proyectan 108 millones para 2005.
Según la organización Washington Office on Latin America, Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense, después de Israel y Egipto.
En su reporte, el Departamento de Estado afirmó que el combate al narcotráfico ”sigue siendo el centro de las relaciones estadounidenses con Colombia, la cual suministra 90 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos”.
* Con aporte de Constanza Vieira (Colombia)
