La ciudad de Nueva York es la localidad número 250 de Estados Unidos que rechaza la Ley Patriótica, aprobada para combatir el terrorismo después del ataque que demolió las Torres Gemelas y mató a 3.000 personas el 11 de septiembre de 2001.
Al adoptar la Resolución 60, el Concejo de la Ciudad de Nueva York urgió a agencias locales a no someter a los neoyorquinos a detenciones secretas sin acceso a abogado defensor.
El órgano solicitó en particular al Departamento de Policía de Nueva York que proteja la libertad de expresión de las personas y abstenerse de hacer cumplir leyes federales sobre migración o de identificar sospechosos de delitos sobre la base de la pertenencia étnica o religiosa.
Los concejales también exigieron a los representantes y senadores neoyorquinos en el Congreso legislativo en Washington a trabajar por el rechazo de las secciones de la Ley Patriótica y acciones federales vinculadas que violan indebidamente derechos y libertades fundamentales.
La ciudad de Nueva York —quizás más que cualquier otra ciudad de Estados Unidos— está profundamente consciente de nuestro compromiso en la guerra contra el terror, dijo la director ejecutiva de la rama local de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU), Donna Lieberman.
Con su población tan diversa, es apropiado que la ciudad más grande de la nación se haya unido a millones en todo el país en demandar que Estados Unidos sea tanto seguro como libre, agregó.
La resolución fue votada el miércoles, dos semanas después de que el Concejo de la Ciudad de Los Angeles aprobara una similar, al día siguiente del reclamo del presidente George W. Bush al Congreso de ampliar el alcance de la Ley Patriótica.
Los Angeles, la segunda ciudad del país, y ahora Nueva York se han unido así a una creciente lista de 250 municipalidades, condados y estados que comprenden casi 50 de los 294 millones de habitantes del país y que aprobaron normas en rechazo de la ley antiterrorista.
Entre otras jurisdicciones que tomaron medidas similares figuran Baltimore, Chicago, Detroit, Filadelfia, San Francisco y Seattle, así como pequeñas comunidades de los estados de Alaska, Carolina del Norte y Maine.
También votaron resoluciones de rechazo los congresos legislativos de estados como Alaska, Hawaii y Vermont.
La mayoría de las objeciones se refieren a los poderes asignados al Departamento (ministerio) de Justicia o Fiscalía General para detener y deportar sumariamente a inmigrantes sin formular acusación y sin proveerles de abogado defensor, e incluso, en algunos casos, sin siquiera informar a sus familiares.
La ley también autoriza a agencias de seguridad federales el uso de parámetros étnicos y raciales para identificar sospechosos de terrorismo, y la solicitud en secreto de información financiera y sobre préstamos de libros.
El año pasado, el gobierno de Bush anunció que solicitaría una ampliación de la ley, así como la extensión de su alcance más allá de su caducidad, prevista para diciembre de 2005.
Al mismo tiempo, el gobierno intentó asignar al Buró Federal de Investigaciones (FBI) el poder de buscar y requisar, sin autorización judicial, registros de empresas de seguros, agencias de viaje, casas de cambio, oficinas postales y casinos, entre otras empresas.
La Ley Patriótica reconocía esas facultades respecto de bancos, casas de crédito e instituciones financieras similares.
Bush renovó este jueves, en un discurso pronunciado en el estado de Carolina del Norte, su llamado a extender y ampliar la ley antiterrorista.
El portavoz del Departamento de Justicia Mark Corallo afirmó este jueves que las resoluciones de diversas localidades contra la ley se basaban sobre información errónea, dijo el diario The Washington Post.
La norma es una de las herramientas más importantes que el Congreso ha dado al gobierno para combatir el terrorismo y prevenir actos terroristas, agregó Corallo.
Pero la oposición de la ley no se restringe a organizaciones como la ACLU, sino a otras en el costado contrario del espectro político, como las derechistas Estadounidenses por la Reforma Fiscal y el Foro Aguila.
El común denominador de la coalición es que la Ley Patriótica precipite el delicado equilibrio entre seguridad y libertades, por la amenaza que representa para la privacidad y para los derechso constitucionales.
Más de 90 grupos adhirieron a la resolución del Concejo de Nueva York, entre ellas la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la Liga de Bibliotecas Públicas de la ciudad y el Comité Antidiscriminación Arabe-Estadounidense.
También apoyaron la iniciativa familiares de policías y bomberos neoyorquinos muertos en la operación de rescate tras los atentados del 11 de septiembre.
El impacto de la decisión del Concejo será puesto a prueba cuando la Convención Nacional Republicana se reúna en Nueva York en agosto para elegir al candidato a la presidencia.
