El asesinato de cónyuges en España aumentó 54 por ciento en 2003, respecto del año anterior, informó este martes Monsterrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica de Género, un organismo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El informe indica que en 81 de los 103 casos de muerte registrados las víctimas fueron mujeres y 65 de ellas perecieron a manos de sus maridos, parejas o ex parejas. También sostiene que 75 por ciento las asesinadas no habían presentado denuncias por maltrato o violencia.
En los últimos tres días se constataron 24 casos de maltrato, informaron fuentes policiales. Lidia Falcón, una abogada de 68 años que comenzó su actividad en defensa de las mujeres publicando en 1962 el libro Derechos civiles de la mujer, dijo a IPS que es verdad que se ha avanzado en esa materia, pero que quedan muchas tareas pendientes para asegurarles esos derechos.
Añadió que en lo inmediato urge que dejen de matar y que se persiga al maltratador hasta al final, porque ni los jueces ni la policía protegen de verdad a las maltratadas. Indolencia, lentitud para actuar, falta de interés, son hechos que según Falcón explican esa falta de protección.
A la pregunta de si ahora hay más maltratos que antes responde que siempre los hubo, pero que, como ahora muchas de las maltratadas no se callan, las matan.
Es verdad que ahora hay más denuncias, pero también ha crecido notoriamente la cantidad de víctimas, convirtiendo a la llamada violencia doméstica en el terrorismo más devastador. En España, en 2003, hubo dos muertes por terrorismo y un centenar por violencia sexual, enfatizó.
Si hay una denuncia de que se está por producir un atentado terrorista de la organización vasca ETA, la movilización es general y en cinco minutos llegan patrulleras y motocicletas policiales desde todos los puntos, pero si se trata de un terrorismo sexual llegarán uno o dos policías y tardarán mucho, muchísimo más de cinco minutos, concluyó.
Otro es el punto de vista de Comas, quien en la presentación del informe destacó que ninguna de las mujeres protegidas policialmente está entre las víctimas, lo cual prueba que el sistema de protección funciona.
Asimismo, Comas expresó preocupación porque se duplicó el número de hijos muertos por sus padres y creció 80 por ciento el de padres asesinados por sus hijos.
Para poder controlar mejor las órdenes de alejamiento, el dos de febrero entró en vigor una disposición para proteger a quienes sufran amenazas o malos tratos, de acuerdo a una ley aprobada por unanimidad en el parlamento dos días antes.
Como consecuencia de ello y previa orden judicial, la policía aplicará brazaletes y pulseras electrónicas que darán el alerta a las comisarías si el maltratador se acercase a menos de 500 metros de la víctima o si intentase arrancar el brazalete. Esa alarma sonará a los 15 segundos de haberse producido la violación de la orden, informaron fuentes policiales.
Comas explicó que esa medida técnica es importante porque los maltratadores generalmente son reincidentes, pues uno de cada cinco casos comprobados de malos tratos se originaron en relaciones en crisis.
La ley establece que, una vez recibida la solicitud de protección, el juez de guardia deberá convocar a la víctima o a su representante legal y al supuesto agresor en un plazo máximo de 72 horas para adoptar las medidas pertinentes.
El informe del CGPJ se hizo público pocos días después de que la Conferencia Episcopal dela Iglesia Católica española atribuyese la violencia familiar a la revolución sexual vivida en este país dentro del proceso de democratización iniciado en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco.
Esa revolución, que ha separado la sexualidad del matrimonio, de la procreación, del amor y la ha convertido en un elemento de consumo, produjo una profunda crisis en la institución tradicional familiar, señalaron los obispos en un documento de la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia.
Pero el consejal socialista de Madrid Pedro Zerolo acusó a los obispos católicos de querer ejercer cada vez más un poder político desde un tinte machista, misógino, homofóbico, clasista y partidista.
Zerolo agregó que la jerarquía de la Iglesia Católica está a favor de que en las elecciones generales del 14 de marzo se vote al centroderechista Partido Popular, en el gobierno desde 1996.
Más dura aún fue Karmele Marchante, una periodista que frecuenta las tertulias televisivas, quien reprochó la posición de los obispos.
¿Qué sabrán ellos del infierno privado de la violencia doméstica, apuntó con énfasis para luegor volver a preguntarles públicamente ¿por qué no financian (los obispos) casas de acogida para las mujeres maltratadas o por qué no venden sus obras de arte y dedican el dinero a combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en el Tercer Mundo?.
Como actitud contraria a la jerarquía de la Iglesia, Marchante destacó la labor de misioneras y misioneros católicos que lejos de su lugar de origen hacen una labor ejemplarizante, callada y llena de penurias, cuando no los amenazan de muerte y los matan, como casos recientes.
