Un país enredado en normas y de intensa producción legislativa como Brasil necesita muchos abogados, pero todo indica que los empresarios de la enseñanza superior han exagerado en la creación de escuelas y cursos de Derecho, muchas veces de baja calidad.
La Orden (Colegio) de Abogados de Brasil (OAB) prendió la alarma y señala el absurdo de que el Consejo Nacional de Educación haya autorizado 222 nuevos cursos de formación en esta área en los tres últimos años en un país que ya cuenta con más de 450.000 de estos profesionales en actividad, uno para cada 400 habitantes, lo cual es superior al promedio del mundo industrializado.
Cada año se gradúan 70.000 personas en abogacía, aunque no todas pasan por la prueba de AOB necesaria para ejercer la profesión. No hay mercado para tantos abogados, pero lo peor es la baja calidad de formación de la gran mayoría de esas carreras, evaluó para IPS el presidente de la Comisión de Enseñanza Jurídica de OAB, Paulo de Gouvea Medina.
La institución logró que se suspendiera por 90 días las autorizaciones para nuevos cursos, en una decisión adoptada el 12 de febrero por el ministro de Educación, Tarso Genro. Durante ese período se revisarán los criterios para aprobación de los pedidos.
La resolución se basó en un informe en el cual se indica que, de 215 cursos de Derecho evaluados por la OAB, sólo 60 fueron considerados de buena calidad y recomendados a los estudiantes.
En Brasil había hasta enero 762 de esos cursos, según datos del Ministerio de Educación, pero las últimas informaciones ya señalan la creación de otros seis antes de la suspensión de las autorizaciones, según Medina.
La proliferación desordenada responde a intereses económicos, no educacionales, pues se trata de escuelas privadas en busca de ganancias, sin preocupación por la enseñanza que ofrecen, acusó el abogado.
La OAB reclama un poder de veto en la autorización de nuevos cursos y no como en la actualidad que sólo es materia de consulta. Sólo 19 de los 222 cursos creados de 2001 a 2003 contaron con su parecer favorable.
Pero el ministro Genro, un abogado de carrera exitosa además de político, descartó tal posibilidad, argumentando no ser recomendable que una institución profesional tenga un poder de decisión en la enseñanza..
En el Consejo Nacional de Educación, compuesto de pedagogos, hubo reacciones negativas a las pretensiones de la OAB, señalando que sus decisiones podrían responder a intereses corporativistas. Hasta ahora es ese cuerpo el que emite pareceres sobre pedidos de nuevos cursos, cuya aprobación final depende de ratificación del ministro.
Es injusto atribuir corporativismo a la OAB, que no es una simple asociación profesional sino un órgano público que por ley debe defender las instituciones jurídicas, lo que incluye la necesidad de tener personas bien preparadas, observó Medina.
El cuadro actual es dramático. Para ejercer la abogacía, un graduado de la carrera de Derecho tiene que pasar por una prueba de la OAB. En exámenes recientes en Sao Paulo, sólo 19 por ciento fueron aprobados, y en Brasilia el índice también fue cercano a 20 por ciento, destacó el dirigente de la institución.
Las autoridades judiciales también se quejan de las insuficiencias de la enseñanza. Hay falta de jueces en el país, pese a los muchos miles de candidatos, y es porque la gran mayoría no comprueba conocimientos suficientes en los concursos.
Además de exigirles calidad, hay que aplicar el criterio de necesidad social en la apertura de nuevos cursos, estableciendo por ejemplo que sólo ciudades con más de 100.0000 habitantes, o que tengan esa población incluyendo los alrededores en un radio de 50 kilómetros, puedan tener facultades de Derecho, según Medina.
En el interior del país, hay cursos de Derecho autorizados en ciudades con menos de 50.000 habitantes, escasos alumnos en escuelas secundarias, sin instalaciones ni profesores adecuados, observó, atribuyendo la distorsión al interés político o económico de autoridades y empresarios locales.
Alberto Guimaraes es un ejemplo del exceso de graduados en abogacía en el mercado, especialmente en las grandes metrópolis. Se doctoró en Derecho en 1982, pero es como taxista en Río de Janeiro que obtiene ingresos para sostener una familia de dos hijos jóvenes.
Durante cuatro años fue socio en una oficina de abogacía, pero no resultó, ya que era un barrio periférico, con escasa demanda, contó a IPS. Ahora sólo hace trabajos judiciales esporádicos y hace años intenta hacerse fiscal de Justicia a través de concursos. Debería haberlo hecho luego de graduarme a los 30 años, se lamentó.
En su evaluación, no hay excesos de abogados en el mercado, porque la mayoría de los graduados se desvían hacia otras profesiones. De los 60 a 70 colegas que estudiaron conmigo, sólo unos 20 practican la abogacía, observó.
