Militares venezolanos fueron acusados de capturar a un campesino de apenas 14 años de edad, colgarlo desnudo de un árbol, pegarle con un madero, colocarle una pistola en la boca y amenazarlo con cortarle los testículos si no confesaba quiénes ayudaban a secuestradores en un caserío de la sudoriental Guayana.
El muchacho fue una de 12 víctimas de tortura por parte de gendarmes que, en seis caseríos de la zona, buscaban a los captores de dos comerciantes, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero pasado, según denuncias de familiares ante la delegación regional de la Fiscalía (ministerio público).
Antonio Urribarrí, de la Defensoría del Pueblodel noroccidental estado de Zulia, pidió investigar a comandos especiales de la Guardia Nacional, policía militarizada, a quienes acusó de torturar en las últimas semanas a sospechosos de participar en secuestros, hasta dejarlos en estado físico deplorable.
Luces de alarma similares se han encendido en distintas regiones de Venezuela, sumando los delitos de tortura a la mancha negra de violaciones a los derechos humanos atribuidas a cuerpos de seguridad, ya cuestionados por las altas cifras de ejecuciones extrajudiciales, 165 de octubre de 2002 a septiembre de 2003 según denuncias registradas por el Programa para la Educación de Derechos Humanos (Provea).
En paralelo, ha crecido el drama de la inseguridad ciudadana, que se evidencia en el crecimiento sostenido de la tasa de homicidios.
El país tiene una población de 25 millones, y en 2003 hubo 11.037 homicidios, o sea 44 por cada 100.000 habitantes, según el criminólogo y ex jefe policial Iván Simonovis. En 2002 hubo 9.617, o sea 42 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con estadísticas oficiales.
La tortura es una práctica en Venezuela desde hace muchos años, lamentablemente no sancionada por una legislación específica, lo que ata las manos de los fiscales y abre campo a la impunidad, dijo a IPS Laura Roldán, de la organización no gubernamental (ONG) Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Ello es así a pesar de que la Constitución de 1961 prohibió semejante práctica, lo reiteró la nueva carta magna de 1999 (impulsada por el actual presidente Hugo Chávez), y de que Venezuela ratificó la convención de las Naciones Unidad contra la tortura y otros textos internacionales de derechos humanos, indicó.
Un informe entregado en noviembre de 2002 por la Defensoría del Pueblo al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas recogió denuncias de prácticas como aplicación de electricidad en órganos genitales o golpes mientras se cubría la cabeza de las víctimas con bolsas plásticas.
Denuncias semejantes se registran desde mediados del siglo XX, en casos de presos políticos y comunes, y en gobiernos militares y surgidos del voto popular.
La Red de Apoyo ha documentado 143 casos de tortura entre los años 1999 y 2003, a cuyas víctimas se ocupó de atender, sin que ningún funcionario haya sido juzgado y sentenciado por ese delito. Es más, no tenemos conocimiento de sentencia concreta alguna en 19 años de trabajos de nuestra organización, expresó Roldán.
El Provea documentó de octubre de 2002 a septiembre de 2003 un total de 15 episodios de tortura con 30 víctimas, frente a 10 casos con 17 víctimas en el año precedente.
En el estado de Aragua (zona manufacturera al oeste de Caracas), escuadrones de la muerte conocidos como grupos exterminio fueron acusados de torturar a sus víctimas antes de ejecutarlas.
Las ONG humanitarias registraron allí el caso de la familia Díaz, hace un año. Policías de Aragua hirieron al joven Robert en su casa y se lo llevaron con ellos. Para buscarlo, su padre Octavio y su hermano David partieron rumbo al hospital. En una cloaca del camino encontraron a los agentes torturando a Robert.
Resultado: los policías dieron muerte a los tres miembros de la familia. La novia de Robert, Emmarys, inició una querella con base en el protocolo de autopsia, que halló en el cadáver de Robert fractura de un brazo y sustancias putrefactas en los bronquios. Emmarys recibió amenazas, y a mediados de 2003 fue asesinada.
Los grupos exterminio actúan en 10 de los 23 estados del país, y en casi todos ellos se ha denunciado que lo hacen a la sombra de las fuerzas policiales regionales.
Seis policías de Aragua fueron procesados por el caso Díaz, aún sin desenlace. En ocasiones, los superiores de los implicados anuncian o toman medidas disciplinarias, como en el caso de la Guardia Nacional en Zulia y Guayana.
Nos ajustamos al Código Procesal Penal y estamos abiertos a cualquier investigación, dijo en el Zulia el teniente-coronel Heberto Rossell, jefe del grupo de comandos de la Guardia Nacional. En Guayana, su par León Bermúdez anunció que vamos a tomar medidas contra los efectivos incursos en casos de tortura.
En Venezuela existe una suerte de legitimidad social para ejecuciones extrajudiciales, linchamientos y delitos y excesos cometidos por los cuerpos de seguridad, como una de las consecuencias del auge de la delincuencia en general y de los homicidios en particular, sostuvo el coordinador de Provea, Carlos Correa,.
Roldán apuntó que, además, con la actual polarización política entre Chávez y sus opositores, que divide casi a la mitad al parlamento, es casi imposible que prospere un proyecto de ley contra la tortura.
Lamentablemente, el país político mira para otro lado, comentó.
