La propuesta del gobierno de Gran Bretaña de realizar juicios secretos a sospechosos de terrorismo chocó con un muro de oposición de grupos de derechos civiles, abogados, políticos del Partido Conservador y hasta del gobernante Partido Laborista.
Si la iniciativa es aprobada, se podría juzgar a los sospechosos de terrorismo al menos parcialmente en secreto, y la actual carga de la prueba más allá de toda duda razonable se reduciría para poder condenarlos en base a las probabilidades.
Las pruebas serían evaluadas por jueces con aval de seguridad y los sospechosos serían defendidos por abogados con el mismo aval, que no tendrían acceso a pruebas sensibles.
Además, los jueces podrían basarse en información confidencial de fuentes de inteligencia y seguridad, y no en los cargos policiales presentados habitualmente en audiencias abiertas por el Servicio Fiscal de la Corona.
La iniciativa, presentada por el secretario del Interior David Blukett la semana pasada, al final de una visita de seis días a India, apunta principalmente a prevenir atentados suicidas, y otorgaría a la policía la facultad de tomar medidas preventivas, es decir, a realizar detenciones en base a información de inteligencia.
Esto es la ley de la selva. Este tipo de medidas simplemente no son propias de una sociedad democrática. Ya se aprobaron en el pasado medidas draconianas, y ahora quieren más. No sabemos adónde va a parar esto, dijo a IPS Habib Rahman, director ejecutivo del Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes (JCWI), un grupo independiente.
Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Gran Bretaña aprobó una ley antiterrorista que habilitó los juicios secretos y la detención indefinida de ciudadanos extranjeros. Catorce hombres están detenidos sin cargos desde hace dos años en virtud de esta ley, llamada ACTSA, por sus siglas en inglés.
Algunos elementos de la ACTSA se aplicarían a ciudadanos británicos si se aprueba la propuesta de Blunkett.
Rahman advirtió que las nuevas medidas no detendrán a los terroristas suicidas. En Israel no faltan leyes fuertes, pero esos atentados no dejan de aumentar, señaló.
Parece que David Blunkett aprendiera jurisprudencia con Robert Mugabe (el presidente de Zimbabwe). Es un autoritario desvergonzado, afirmó Helena Kennedy, miembro de la Cámara de los Lores por el gobernante Partido Laborista, al programa radial Radio 4's Today de la cadena informativa británica BBC.
El opositor Partido Conservador se unió a los grupos de defensa de las libertades civiles para apoyar la impugnación de la iniciativa gubernamental por un ministro laborista.
El secretario del Interior en la sombra, David Davis, opinó que la propuesta de reducir la carga de la prueba tras puertas cerradas difícilmente puede considerarse un avance en nuestro sistema judicial.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, advirtió que las medidas propuestas acabarían con la justicia, el estado de derecho y los derechos humanos en Gran Bretaña.
Las autoridades británicas deberían prestar atención a las preocupaciones expresadas por individuos y organizaciones de diferentes orígenes, exhortó Amnistía.
La propuesta de Blunkett fue considerada inoportuna por muchos observadores, porque fue presentada pocos días antes de que el primer ministro Tony Blair se viera obligado a ordenar una investigación sobre informes de inteligencia utilizados para justificar la guerra contra Iraq.
Dichos informes sugerían que el ex presidente iraquí Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que podía desplegar en 45 minutos.
La nueva iniciativa gubernamental insiste en realizar acusaciones en base a información de los desacreditados servicios de inteligencia.
