El escándalo que agita la política de Brasil repite casos de financiación de campañas electorales con dinero sucio, pero esta vez ganó mayor repercusión por involucrar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que pregonan una conducta diferente a esos pecados originales.
Waldomiro Diniz fue despedido del cargo de subsecretario de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Coordinación Política el mismo viernes pasado, cuando el gobierno supo que la revista Epoca saldría a los kioscos el fin de semana con un reportaje en el que revelaba supuestos delitos cometidos en mediados de 2002 por el ahora ex funcionario.
Un vídeo, que llegó a las manos de fiscales hace dos semanas, muestra a Diniz negociando en agosto de 2002 un contrato con Carlos Augusto Ramos, un conocido explotador del llamado "juego del bicho", una lotería ilegal y muy difundida en Brasil, como una tradición tolerada en las grandes ciudades.
Diniz presidía en ese entonces la empresa estatal Lotería de Río de Janeiro y le habría ofrecido a Ramos favorecerlo en una licitación sobre loterías electrónicas, a cambio de donaciones de 300.000 reales (menos de 100.000 dólares) para campañas electorales. Además, la acusación indica que pidió uno por ciento del total del negocio de ese juego para él mismo.
La revista obtuvo copia del vídeo y divulga trechos de un supuesto diálogo entre Diniz y Ramos en el que también acuerdan una forma de sacar de otro millonario mercado de juegos electrónicos a un presunto representante de la mafia italiana en Brasil.
El escándalo, si no aparecen nuevas e impactantes revelaciones, debería limitarse a "deslustrar la imagen del gobierno" y afectar especialmente al jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, evaluó para IPS el analista político Jairo Nicolau, profesor del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro.
Dirceu, considerado una especie de primer ministro de Lula, tuvo a Diniz como su asesor de confianza durante todo el año pasado, para las negociaciones con parlamentarios.
Esa relación entre ambos se inició en 1992, en la investigación parlamentaria que derrocó por corrupción al entonces presidente Fernando Collor de Mello. Dirceu era entonces un activo diputado del PT y Diniz un militante cuyos conocimientos como bancario fueron importantes para identificar los caminos del dinero ilegal.
El gobierno y los líderes del PT en el Congreso legislativo nacional tratan ahora de reducir el impacto del escándalo, señalando que se trata de hechos locales, restrictivos a las elecciones en Río de Janeiro. El actual gobierno de Lula está exento de culpas incluso porque todo ocurrió antes de su asunción, destacó Dirceu.
Pero es "imprevisible" la evolución de esta crisis, porque la experiencia pasada indica que siempre pueden surgir nuevas denuncias, los medios de comunicación buscan "vorazmente" novedades retumbantes y otros testigos pueden decidirse a revelar informaciones, observó Nicolau.
A la luz de los hechos actuales, sin embargo, los efectos serían los "rasguños" en la credibilidad del PT y de Dirceu, y posiblemente un empuje en la reforma política en debate hace muchos años.
El nuevo escándalo favorece un rubro de la reforma, el destino de fondos públicos para las campañas electorales, que reduciría la dependencia de los candidatos en relación a contribuciones de empresas y recursos ilegales.
Este es el segundo escándalo que revela relaciones del PT, un partido que construyó gran parte de su popularidad defendiendo la ética y combatiendo la corrupción, con el "juego del bicho".
El caso anterior ocurrió hace más de dos años en el meridional estado de Río Grande del Sur, entonces gobernado por el actual ministro de las Ciudades, Olivio Dutra, también del PT. Una escucha telefónica mostró a un alto funcionario de aquel gobierno estadual intentando impedir la represión policial al juego ilegal, fuente de ayuda electoral.
Esta denuncia contra Diniz puede convencer a muchos parlamentarios a aprobar la reforma política, incluyendo la financiación estatal de los partidos para sus campañas electorales. Ello reduciría la influencia de las empresas y haría más "ecuánimes" las elecciones, pero no eliminaría totalmente la posibilidad del dinero ilegal, opinó Nicolau.
En varios países que adoptan el sistema de financiación estatal de los partidos también aparecieron casos de candidatos apoyados ilegalmente, el más reciente en Francia, señaló a modo de ejemplo.
Las campañas electorales son cada día más caras y "profesionales", empleando nuevos instrumentos y tecnologías de alto costo, y en el "torbellino" de un proceso siempre habrá la tentación de captar recursos adicionales ilegales, opinó Nicolau, autor de un amplio estudio sobre los partidos brasileños.
