El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva afronta su primer crisis grave, con un escándalo de corrupción que gana proporciones corrosivas, y un generalizado descontento de los sectores productivos con la política económica.
El riesgo es que un rápido deterioro político del gobierno acentúe la pérdida de cohesión del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula, las divisiones en la amplia coalición gobernante, y la creciente oposición a la gestión económica.
José Dirceu, ministro jefe de la Casa Civil de la Presidencia (una especie de jefe de gabinete ministerial) y mano derecha de Lula, sufre una fuerte presión para que deje su cargo mientras se investiguen las acciones de su ex funcionario de confianza Waldomiro Diniz, involucrado en la obtención de recursos ilegales para campañas electorales en 2002.
Dirceu puso su renuncia a disposición del presidente, pero éste consideró que es un integrante indispensable del gobierno.
El Senado se apresta a crear, contra la voluntad del PT, una Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre los bingos (especie de casinos dedicados a un tipo de lotería) que puede ampliar la repercusión del escándalo que agobia el gobierno.
Los bingos fueron legalizados hace más de diez años como fuente de ingresos para clubes deportivos, pero son frecuentemente acusados de lavar dinero del crimen organizado y otras ilegalidades.
Diniz sería el primer blanco de la CPI, ya que un vídeo cuyo contenido fue divulgado por la revista Epoca lo muestra cuando, al parecer, extorsionaba a un empresario de bingos electrónicos, a mediados de 2002, para cobrarle una contribución a campañas electorales del PT.
En esa época, Diniz dirigía la empresa de loterías del gobierno de Río de Janeiro, y esa función le permitía favorecer los negocios del empresario, conocido también por explotar el juego del bicho, una lotería ilegal. Dirceu presidía el PT, supuesto destinatario del dinero sucio.
Lula y la dirección del PT buscaron evitar el fuerte impacto político de la creación de una CPI para el caso Diniz, pero no lograron trabar la propuesta de una investigación sobre los bingos, con el mismo objetivo.
Incluso siete senadores de los 13 senadores con que cuenta el PT firmaron el pedido, que ahora sólo depende de la aprobación de la mesa directiva del Senado.
Se rompió así el blindaje con que el oficialismo pretendía proteger del escándalo a Dirceu, casi un primer ministro con amplios poderes acumulados el año pasado como coordinador político, y que recibió de Lula este año la misión de darle mas eficacia al gobierno.
El escándalo le quita fuerzas, como mínimo, y sus efectos pueden ser múltiples, incluso en la economía, un área donde Dirceu no ejerce mucha influencia directa y que es comandada por otro hombre fuerte del gobierno, el ministro de Hacienda, Antonio Palocci.
El jefe de la Casa Civil ha expresado en algunas ocasiones su incomodidad ante los altos intereses fijados por el Banco Central, que tienen otro persistente opositor en el vicepresidente José Alencar, un gran empresario de la industria textil.
Las tasas altas de interés, mantenidas con la intención declarada de contener la inflación, estimulan los depósitos bancarios, desalentando la inversión, y al mismo tiempo encarecen el acceso a créditos. Todos esos efectos son recesivos.
La política monetaria y la austeridad fiscal tienden a acentuar la división dentro del gobierno entre las autoridades económicas y el sector político, que tenía en Dirceu a su gran portavoz y cuyos intereses se expresan con mayor potencia a medida que se acercan las elecciones municipales de octubre.
La política monetaria es fuente de tensiones también entre el gobierno y el sector productivo, al que Lula prometió favorecer al asumir el gobierno en enero de 2003.
El mantenimiento de la tasa básica de interés en 16,5 por ciento por segundo mes consecutivo, decidido el miércoles por el Banco Central, provocó unánimes críticas de la industria, el comercio y los sindicatos.
La decisión frustra a las empresas productivas, afectará negativamente las inversiones y postergará la reanudación del crecimiento económico, evaluó el presidente de la Confederación Nacional de la Industria, Armando Monteiro.
Los altos intereses sacrifican a los trabajadores y sólo benefician a las ya abultadas ganancias de los bancos, reaccionó el presidente de la Central Unica de Trabajadores, Luiz Marinho, aliado del gobierno y amigo de Lula.
También protestaron las asociaciones de comercio, muy afectadas el año pasado por la recesión y la caída de las ventas. La federación de los bancos fue una voz aislada en su manifestación de apoyo.
El Banco Central había bajado gradualmente los intereses desde junio, después de elevarlos a 26,5 por ciento cuatro meses antes. Pero interrumpió esa tendencia en enero, sorprendiendo al mercado financiero.
La autoridad monetaria justificó esa medida señalando el brote inflacionario de enero y su posible persistencia, pero expertos opinaron que esa alza de precios había sido coyuntural, debido a fenómenos transitorios en algunos sectores de la economía.
La decisión y su justificación generaron pesimismo en el mercado, invirtiendo las tendencias previas. El índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó abruptamente después de su espectacular subida el año pasado, y la evaluación del riesgo de adquirir papeles del Estado brasileño subió mas de 30 por ciento desde entonces.
Las bajas perspectivas de crecimiento económico y la persistencia de alto desempleo, cercano a 10,9 por ciento en diciembre, hacen más peligrosa una crisis política. Lula y su gobierno han perdido popularidad lentamente en los últimos meses, y ese proceso puede acelerarse.
