Una ola de ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes, que pauta la reaparición de grupos exterminio, y el reporte diario de saltantes abatidos en enfrentamientos con la policía cubren buena parte del mapa de Venezuela de puntos rojos.
Ocho personas fueron asesinadas a balazos en un barrio muy pobre de la centroccidental ciudad agroindustrial de Barquisimeto, en el marco del accionar de hombres fuertemente armados, vistiendo ropas negras y pasamontañas, que tomaron por asalto el sector donde vivían los fallecidos.
Las víctimas fueron llevadas a una calle oscura, y allí ametralladas. Varias de esas personas fueron rematadas en el piso, con disparos en la cabeza, según las investigaciones realizadas en torno a este hecho sucedido el último fin de semana.
El coronel Jesús Figuera, de la Guardia Nacional y jefe de la policía regional, aseguró que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas. También indicó que los agresores vestían chaquetas con el logotipo de la policía nacional de investigaciones.
Pero parlamentarios y vecinos del lugar dieron otra versión de los hechos. "Allí murió Vladimir Ríos, un trabajador honrado, y los niños Marcos Crespo, de 12 años, y Nelson Pimentel, de 6 años", dijo el diputado Luis Florido, del partido opositor Primero Justicia, de centroderecha.
Otro legislador de la oposición, Guillermo Palacios, dijo que el crimen "puede ser obra de un escuadrón de la muerte del estado de Lara", cuya capital es Barquisimeto. Testigos dijeron a periodistas que los atacantes vestían trajes como los de un grupo de comandos de la policía regional.
"Es un problema estructural, que ocurre a lo largo del año, pero quizá en los primeros días de enero adquiere más visibilidad por la rutina periodística de inventariar crímenes con cada vuelta de hoja del almanaque", aclaró a IPS Carlos Correa, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
En Venezuela, con 25 millones de habitantes, se registraron el año pasado 11.037 homicidios, que equivalen a 44 cada 100.000 personas, según el criminólogo y ex jefe policial Iván Simonovis. En 2002 sumaron 9.617 esos crímenes, es decir 42 por cada 100.000.
El auge de la delincuencia "promueve una suerte de "legitimidad social" para las ejecuciones extrajudiciales y linchamientos, advirtió Correa, para agregar que "muchas veces una comunidad siente que se hace 'justicia' y avala el uso desproporcionado de la fuerza".
También abona el terreno la impunidad para el delito en Venezuela. "Veinticinco por ciento de los delitos (260.000 al año en Venezuela) son resueltos por la policía, pero sólo hay sentencia para un tres por ciento de casos", según el activista humanitario.
Cuando jueces y fiscales se presentaron el miércoles en el cuartel policial de Barquisimeto para inspeccionar el armamento, en el marco de la investigación de la masacre del fin de semana pasado, los uniformados le cerraron el acceso, desplegando efectivos e incluso colocando francotiradores en la azotea.
"Cómplices de delincuentes", "salgan ustedes a patrullar las calles", fueron algunas de las frases que le gritaron a los funcionarios de la justicia.
Hay un reguero de casos de muertes a manos policiales en el país. En tres ciudades del oriental estado de Anzoátegui, policías dieron muerte a nueve asaltantes en enfrentamientos, en lo que va de año.
"Nos enfrentamos a delincuentes fuertemente armados. En el 2003 perdieron la vida en combate 15 de nuestros agentes", justificó el jefe policial de la zona, Alberto Morales.
Pero el representante de la Defensoría del Pueblo en la región, Noel Azócar, sostuvo que "al menos uno de cada tres que mueren por balas policiales en realidad es asesinado".
En el septentrional estado de Aragua, asiento de industrias al oeste de Caracas, aparecieron el miércoles los cadáveres de tres individuos con trazas de haber sido ejecutados. En la misma jornada, en Guarenas y Ocumare, estado de Miranda y al este de la capital venezolana, cinco individuos fueron abatidos en enfrentamientos a balazos con fuerzas de seguridad.
Mientras, la policía del sudocciental estado de Táchira, fronterizo con Colombia, desenterró esta semana de fosas clandestinas cuatro cuerpos de individuos muertos a balazos, y sospecha que los autores pueden ser miembros de un grupo de exterminio a sueldo de narcotraficantes.
En Guayana, en el sudeste del país, "en lo que va del mes, cada día cayó un delincuente abatido por la policía", narró Luis Tábata, de la organización no gubernamental Lucha por la Vida.
También en el nororiental estado de Monagas una comisión parlamentaria inició la investigación de varios asesinatos atribuidos a un grupo de exterminio, que según denuncias de familiares de las víctimas lo integran policías de la región.
Si todas estas hipótesis prosperan, se estaría en presencia de un repunte de los grupos parapoliciales que alcanzaron notoriedad después que en 2001 un escuadrón de la muerte asesinara a 68 personas en el estado de Portuguesa, en las llanuras del sudoeste venezolano, según admitió en su oportunidad la gobernadora Antonia Muñoz.
Asimismo, la existencia de grupos de exterminio en el noroccidental estado de Falcón incluso ha sido investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Provea recogió entre octubre de 2002 y septiembre de 2003 un total de 156 denuncias de violación del derecho a la vida atribuibles a cuerpos de seguridad. Más de la mitad de esos casos fueron responsabilizados a las policías estaduales, 23 por ciento a las municipales y el resto a otros organismos de seguridad.
En Venezuela existen 95 cuerpos policiales, 71 de los cuales son municipales y los demás están bajo jurisdicción de los estados provinciales, además de la policía judicial, la política y la Guardia Nacional, con jurisdicción en todo el territorio.
El debate sobre una ley de policía nacional, que unifique mandos y esfuerzos, se ha empantanado en el parlamento, absorbido en el enfrentamiento político entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición que busca desalojarlo anticipadamente del poder mediante un referéndum revocatorio de su mandato.
El drama de la violencia avivado por los grupos de exterminio, entretanto, trasciende las banderías políticas. Los gobiernos de Lara, Táchira, Falcón y Aragua son afines a Chávez, mientras que los de Anzoátegui, Monagas y Miranda militan en filas de la oposición, y el de la Guayana se ha declarado independiente.
