La mitad de los presos de México purga condenas por robos menores cometidos sin violencia, 80 por ciento nunca conoció al juez que lo sentenció y 70 por ciento no tuvo apoyo legal al momento de responder al fiscal. Son algunas de las graves irregularidades de un sistema judicial que se resiste a cambiar.
Mientras la transparencia se abre paso en otros ámbitos de la vida mexicana, en materia judicial los procesos se realizan lejos del escrutinio público, con candados que imponen 36 años de reserva a casos concluidos, y bajo un sistema escrito que ya es historia para muchos países de América Latina.
Pero para los jueces todo funciona sin mucho problema. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mariano Azuela, el sistema en México hoy "es transparente y justo", opinión que expertos y observadores rechazan de forma tajante.
"La impunidad y la corrupción siguen, al parecer, prevaleciendo", en el sistema de justicia mexicano, señaló en 2002 un informe sobre la independencia de los magistrados y abogados del Relator para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Dato'Param Coomaraswamy.
En las instituciones de la administración de justicia hay "sospecha, desconfianza y falta de fe", añadió. Tras visitar México, el relator dijo haber recibido informes de que "entre 50 y 70 por ciento" de los jueces federales tienen problemas de corrupción, aunque no especificó cuáles eran sus fuentes.
Presionado por las evidencias y por reclamos de inversionistas privados, que ven en la justicia mexicana un hoyo lleno de problemas, el presidente Vicente Fox anunció a fines del año pasado que impulsará reformas legales para transparentar los juicios y adoptar el sistema procesal oral.
Expertos y medios de comunicación le tomaron la palabra y organizaron este mes foros para discutir el tema. El denominador común de las opiniones escuchadas en los debates fue que el sistema debe sufrir un vuelco total abriéndose al escrutinio público con procesos orales y con mínimas reservas.
"El sistema judicial se debe sumar a los esfuerzos de transparencia de la vida pública y no resistirse con argumentos absurdos y pasados de moda que lo único que hacen es abonar la corrupción", dijo a IPS el abogado Andrés Pérez, un litigante en casos penales.
Frente a los pedidos de transparencia, los jueces respondieron que México no está preparado para los juicios orales y que la apertura de los procesos perjudicaría a las partes en disputa, pues a su entender llegarían a ser sentenciados de forma previa en los medios de comunicación.
"La implementación de juicios orales es una propuesta que debe analizarse con cuidado, porque este esquema de procuración de justicia no ha dejado buenos resultados en otros países", aseguró Olga Sánchez, ministra de la Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, Germán Froto, portavoz del Tribunal Superior de Justicia del septentrional estado de Coahuila, alertó "que a lo largo y ancho del país aún existen medios de comunicación que utilizarían la apertura para difamar, sin importarles el interés de la sociedad".
Desde mediados de los años 90 y hasta 2001, muchos países de América Latina reformaron sus leyes para adoptar el juicio oral. Entre ellos, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
No obstante, México sigue con el viejo sistema de llenar abultados expedientes con declaraciones y pruebas para que luego el juez las lea y dicte sentencia. Según las normas, nadie ajeno al proceso puede tener acceso a los expedientes, lo que contrasta con otros sistemas que tienen fama de apertura como el británico y el estadounidense.
Para el presidente de la Suprema Corte, los jueces de ese tribunal se encuentran satisfechos por la conducta de apertura "que siempre les ha caracterizado", pues desde 1870 publican una gaceta judicial en la que se reproducen extractos de sentencias de casos que los magistrado consideran que sí pueden conocerse.
En 2002 entró en vigencia la ley de Transparencia, que en teoría garantiza el acceso de los ciudadanos a la información de cualquier organismo público del Estado, excepto al Judicial, un poder al que se le otorgó el derecho a adoptar su propio reglamento de transparencia.
Pero en vez de caminar hacia la transparencia, los 11 jueces de la Corte Suprema dictaron en mayo del año pasado una norma que indicaba que los juicios concluidos, especialmente del fuero penal y familiar, pasarían a reserva por 12 años. En diciembre y cuando ya la presiones de apertura arreciaban, elevaron ese plazo a 36 años.
"Nos equivocamos con el Poder Judicial al permitirle que dicte sus propias reglas de transparencia, pues en vez de hacerlo se cerraron aún más", dijo Juan Escobedo, abogado que participó en la redacción de la ley de Transparencia.
En 2003, amparadas en la nueva ley, se presentaron 2.700 pedidos de información a diferentes niveles de Estado, 85 por ciento de las cuales fueron contestadas de forma positiva, informaron autoridades.
Para el abogado Pérez, "tarde o temprano, México deberá abrir su sistema judicial para hacerlo expedito, oral y más justo, pues en las condiciones actuales no puede seguir".
Un estudio del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), difundido en 2002, concluyó que en los centros penitenciarios mexicanos no se encuentran los delincuentes más peligrosos, sino los que por falta de dinero e ignorancia no pudieron promover un juicio adecuado a sus intereses.
La mitad de los internos en los centros de reclusión purgan sentencias por robos menores sin que se utilizara violencia alguna para cometerlos.
"En los centros penitenciarios del país no habitan, en general, los delincuentes que han cometido los delitos más peligrosos sino los más pobres. La gran masa de la población penitenciaria está compuesta por internos responsables de delitos relativamente menores", indica el estudio denominado "El sistema Penitenciario Mexicano".
Los autores, que encuestaron a un universo representativo de los cerca de 175.000 reclusos que hay en el país, afirman que existen insatisfacción y desconfianza generalizadas respecto de la actuación del Poder Judicial, compuesto por 183 cortes de distrito, 74 cortes de apelación y una Corte Suprema. Del total de los 1.615 sentenciados entrevistados en el estudio, 65 por ciento informó que se declaró culpable directamente ante el fiscal.
La mitad dijo que actuó de esa forma por haber cometido efectivamente el delito, 23 por ciento por haber sido torturado, 12 por ciento por recibir amenazas, tres por ciento porque lo pidió su abogado y dos por ciento por recomendación del fiscal. La proporción de personas que no fueron informadas de su derecho a no declarar en su primera presentación ante los juzgados fue de 80 por ciento. Además, 70 por ciento no contó con ningún asesoramiento legal cuando respondieron al primer interrogatorio ante los fiscales.
Otros datos indican 80 por ciento de los interno nunca tuvo la oportunidad de hablar o ver al juez.
Al ser consultados sobre la corrupción, poco más de la mitad de los sentenciados consideró que pudo haber quedado en libertad de haber sobornado a los policías que los detuvieron. Esa proporción se redujo a una tercera parte al referirse a los fiscales y disminuyó a 27 por ciento cuando hablaron de los jueces.
