El gobierno de Gran Bretaña exige al parlamento poderes extraordinarios de emergencia para luchar contra el terrorismo, en un proyecto de ley que despierta temor entre defensores de los derechos humanos.
Con esta iniciativa, la administración del primer ministro Tony Blair intenta complementar una ley aprobada poco después de los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y que habilita a las autoridades a detener extranjeros en forma indefinida sin llevarlos a juicio.
Hoy, 14 extranjeros están detenidos de acuerdo con esa norma, la Ley Antiterrorista contra el Crimen y de Seguridad (ACTSA, por sus siglas en inglés), algunos de ellos desde hace más de dos años.
Pero la propuesta Ley Civil de Contingencias le daría aun más poder al gobierno de Blair, que podrá enviar soldados a cualquier zona del país, limitar la libre circulación de personas y vehículos, ordenar evacuaciones, confiscar o destruir propiedades y prohibir reuniones públicas y privadas.
El proyecto, presentado este mes, le permitirá a Blair invalidar de hecho algunas leyes a las que considera un obstáculo para combatir el terrorismo.
La nueva legislación parece destinada especialmente a impedir ataques con armas químicas y biológicas, pero también establece normas para afrontar inundaciones, derrames de petróleo o de productos químicos y cualquier otro tipo de "alteración de la vida animal y vegetal".
Incluso le da nuevos poderes al gobierno para manejar situaciones críticas como la propagación de la enfermedad de las vacas locas.
El proyecto de ley es una versión considerablemente diluida de un borrador anterior elaborado por el gobierno y desechado luego de fuertes objeciones formuladas por un grupo de parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición.
El borrador anterior intentaba garantizar la "estabilidad política, administrativa y económica", pero el nuevo proyecto busca una efectiva protección ante cualquier amenaza "al bienestar de los hombres, del ambiente y del Reino Unido (de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) o parte de él".
Los parlamentarios habían rechazado el borrador inicial porque podía derivar en violaciones de los derechos civiles.
"Estamos preocupados porque el proyecto no provee las adecuadas medidas de salvaguardia para evitar el mal uso de los poderes de emergencia", afirmó en su momento el parlamentario Lewis Moonie, del gobernante Partido Laborista y ex ministro adjunto de Defensa.
"Si cae en las manos equivocadas podría ser usado para socavar la Constitución británica y violar los derechos humanos", había alertado.
Los parlamentarios señalaron entonces que el borrador podría oponerse a la Convención de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y a "leyes del Parlamento que son fundamentos de la Constitución" británica.
Para que se transforme en ley, el nuevo proyecto debe ser debatido y aprobado por las dos cámaras del Parlamento en los próximos meses, y en el curso de ese debate podría sufrir varias modificaciones.
"El gobierno dio un pequeño avance. Las propuestas iniciales habían sido espantosas. Las nuevas propuestas son mejores, pero aún son preocupantes", sostuvo la directora de la organización de derechos civiles Liberty, Sami Chakrabarti.
"Los poderes draconianos y excesivos no deben ser ejercidos a menos de que haya una seria e inmediata amenaza a la vida", dijo Chakrabarti.
Activistas temen que las nueva ley pueda ser un "cóctel explosivo" si se suma a los poderes con los que ya cuenta el gobierno gracias a la ACTSA.
"Estamos hablando aquí de que el gobierno puede detener a cualquiera que no obedece a medidas de emergencia, y por eso puedo tenerlo bajo custodia en forma indefinida basándose en la ACTSA", afirmó un portavoz del independiente Consejo Unido para el Bienestar de los Inmigrantes, con sede en Londres.
Los activistas critican que, según el nuevo proyecto, el gobierno no dependería de evidencias para considerar a una persona como sospechosa de terrorismo o como una amenaza a la seguridad, sino que sólo necesita "motivos razonables".
Además, los sospechosos sólo pueden ser defendidos por "abogados especiales" autorizados por el gobierno.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional señaló que la detención de los 14 hombres bajo la ACTSA "viola el derecho a la presunción de inocencia que tiene toda persona en un proceso penal".
"Es increíble que la evidencia tenga tanto peso como para mantenerlos detenidos por dos años, pero que todavía no se los haya llevado a juicio", dijo a IPS un portavoz de la oficina en Londres de la organización Human Rights Watch. ***** +Gobierno de Gran Bretaña, en inglés (http://www.number-10.gov.uk/output/Page1.asp) +Parlamento de Gran Bretaña, en inglés (http://www.parliament.uk/) +Liberty, en inglés (http://www.liberty-human-rights.org.uk/)
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