La prostitución es una labor no regulada en España, admite distintas interpretaciones y las personas que la ejercen son discriminadas e incluso perseguidas.
El tema, discutido desde siempre, ha cobrado actualidad esta semana tras sentenciar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el sur del país, que un club de alterne debe dar de alta en la Seguridad Social a 12 mujeres que trabajan en ese lugar como prostitutas.
La medida es aceptada por las asociaciones de prostitutas y por las organizaciones que las defienden, aunque la consideren mejorable, y rechazada tanto por ese club como por la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela).
Los empresarios de Anela se oponen porque "coarta la libertad de las señoritas", según dice el jefe jurídico de esa Asociación, José Luis Roberto.
Por su parte, la Asociación Andaluza de Mujeres que Ejercen la Prostitución demanda que se las regularice como tales y no calificándolas de "camareras de alternes", como consta en la sentencia judicial.
María, una mujer veterana en su oficio y que ahora lo ejerce en la calle en un céntrico barrio de Madrid, aplaudió la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero sin mostrarse muy convencida. "Yo he estado en uno de esos clubes y da rabia que esos individuos hablen de libertad", dijo a IPS.
"Nos tenían encerradas en una habitación o frente a la barra del bar buscando entre los clientes uno que quisiera acostarse con nosotras, sin días libres y sin poder contactar con nadie fuera del club, ni siquiera por teléfono", narró.
"Por eso, como muchas otras, prefiero trabajar en la calle, donde yo pongo el precio y decido adonde voy o no", enfatizó.
Al preguntársele si ella y sus compañeras de la calle son verdaderamente libres, María contestó negativamente: "Tenemos que arreglar con alguien, un hombre que nos cuide, o una pensión (hospedaje) para llevar al cliente y eso, por supuesto, cuesta dinero. Pero al menos no estamos encerradas como en los clubes", concluyó.
En Madrid hay dos lugares clásicos de prostitución callejera: los alrededores de la céntrica plaza de la Puerta del Sol y la Casa de Campo, ubicada a escasos dos kilómetros de la misma. En esta última, dos millares de mujeres ofrecen diariamente sus servicios, informó Hetaira, el Colectivo de Defensa de los Derechos de las Prostitutas.
Alberto Ruiz Gallardón, quien asumió la alcaldía de Madrid a fines de 2003, prometió eliminar la prostitución callejera y regular su actividad.
Pero, según sostiene la Asociación de Prostitutas de esta ciudad, Ruiz Gallardón, figura destacada del centroderechista Partido Popular, habla de prohibir la calle y de regular los clubes de alterne, pero sin reconocerles a ellas el derecho a disfrutar de los beneficios sociales como cualquier otro trabajador.
Ante esa situación, Hetaira propone que se cree un llamado "barrio rosa", como existe en otros países europeos y en el que expresamente esté permitida la prostitución, incluyendo la apertura de locales destinados a ese fin.
De esa manera, indica, se evitarían problemas, como el hostigamiento de la policía y de los comerciantes en contra de quienes trabajan en la calle, problemas que provocaron masivas manifestaciones de prostitutas reclamando mayor respeto.
"Ni víctimas ni esclavas, nosotras decidimos", fue la consigna de una de esas manifestaciones, realizada el 19 de octubre, recordó María. Porque "nosotras y cualquier mujer tiene que tener el derecho de decidir sobre su vida", apuntó.
En tanto, los socios de Anela pretenden que la prostitución sea regulada como un servicio de ocio más, con todas las obligaciones y derechos que ello implica. Pero negándose a contratar a las trabajadoras o a los trabajadores del sexo, los que deberían inscribirse en la Seguridad Social como autónomos.
Los trabajadores autónomos tienen derecho a cotizar a la seguridad social, pagando de su bolsillo, algo que hacen pequeños y medianos empresarios. Mas esa cotización no les da derecho al seguro de desempleo y su relación con quienes demandan sus trabajos es de empresario a empresario, y no de trabajador con una empresa.
Para Anela, la prostitución callejera "es competencia ilegal, al igual que "una extensa gama de tugurios que operan al margen de la ley y realizan operaciones de todo tipo", dijo su abogado aludiendo a que además de ofrecer prostitutas venden drogas ilegales.
Si el Gobierno decide regular la prostitución y otorgar a quienes la practican la posibilidad de inscribirse como trabajadores autónomos, Anela concluye que tratarían a esas personas "como cualquier otra sociedad mercantil.
La Federación de Mujeres Progresistas calificó la sentencia del tribunal andaluz de "pequeño progreso", aunque rechaza también que se califique a las afectadas de camareras y exige "que se regule su trabajo como prostitutas, se redacte un contrato de trabajo con cláusulas y se las dé de alta en la Seguridad Social".
