Los españoles están convocado para participar en marzo en elecciones generales que pueden dar pie a un proceso de cambio del actual Estado, amenazado por las demandas independentistas de vascos y catalanes y por una eventual falta de mayoría propia del ganador.
Las últimas encuestas ubican al frente de las preferencias ciudadanas al gobernante Partido Popular (PP), de centroderecha, que lleva como candidato para presidir el gobierno al ex vicepresidente Mariano Rajoy, ya que su actual líder partidario y primer ministro, José María Aznar, rechazó presentarse para su reelección.
No obstante, esas mismas consultas indican que el PP no obtendría votos suficientes como para contar con mayoría absoluta en el parlamento, lo cual lo obligaría a negociar con otros partidos menores el apoyo necesario para formar gobierno, ya que se descarta acuerdo alguno con la principal fuerza de oposición, el centroizquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Aquí es donde se le presenta al partido de Aznar el problema, pues al quedar desechado por principio un pacto con Izquierda Unida (IU, la coalición basada en el Partido Comunista) sólo le quedan como interlocutores el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la coalición nacionalista catalana Convèrgencia i Unió (CiU, Convergencia y Unión).
El PNV, que gobierna el País Vasco, ha redoblado sus pretensiones independentistas y tiene a consideración en su Parlamento Autónomo un plan de autodeterminación, que incluye la posibilidad de convocar un referéndum a ese respecto, incluso sin contar con la autorización de los órganos de poder centrales.
En cuanto a CiU, que gobernó los últimos 25 años en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que integran España, se encuentra ahora en la oposición y ha redoblado sus demandas nacionalistas.
Esta posición se debe a que las elecciones celebradas en octubre en esa Comunidad llevaron al gobierno al PSOE, aliado con Ezquerra Republicana (ER, Izquierda Republicana), un partido ubicado a su izquierda y más radical que CiU en las demandas independentistas.
En el primer gobierno del PP (1996-2000), al carecer de mayoría absoluta, pactó con el PNV y con CiU, pero en el segundo, iniciado en 2000 y que finalizará este año, pudo cumplir sus planes, pues obtuvo esa mayor cantidad de votos parlamentarios.
Sin embargo, si en las elecciones del 14 de marzo se vuelve a necesitar pactos para gobernar, se enfrentará a las demandas independentistas y a otras que piden también una reforma del Estado.
Eso en el caso de que el PSOE no lograse remontar las encuestas y triunfar en los comicios, algo difícil pero no imposible, según analistas políticos.
Una de las otras demandas proviene precisamente de Andalucía, una comunidad autónoma gobernada desde 1982 por el PSOE.
El presidente de Andalucía, Manuel Cháves, quien también lo es de su partido, ha planteado que quiere para su región una Agencia Tributaria propia, tal como la tiene el País Vasco y ahora pide tenerla Cataluña, según manifestó su presidente, el también socialista Pascual Maragall.
Pero un nuevo hecho renovó optimismo en el PP y fue el anuncio a comienzos de este mes del PSOE de que, en caso de gobernar, disminuiría el impuesto a las ganancias de las grandes empresas, bajándolo de 35 al 30 por ciento y que lo mismo haría con el impuesto a la renta de las personas físicas, que bajaría del 45 al 30 por ciento.
Dicha promesa provocó, además de críticas indirectas del hasta los primeros días del año responsable de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, declaraciones de las dos centrales sindicales mayoritarias que el lunes 12 hicieron sonar las campanas de alarma.
Cándido Méndez, secretario general de la socialista Unión General de Trabajadores (UGT), dijo que no se debe plantear la campaña como una subasta de rebajas fiscales, mientras la pro comunista Confederación General de Comisiones Obreras (CCOO) se declaró lisa y llanamente en contra de la propuesta del PSOE.
De forma coincidente, tal como era de esperar, el líder de IU, Gaspar Llamazares, calificó de contradictoria la posición socialista y subrayó que desde una política progresista tienen que pagar más los que más tienen.
No obstante, fue el empresario, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien desnudó la política contradictoria del PSOE al destacar que ese partido opositor presenta un programa favorable para los más ricos y las grandes empresas.
El PP basa su estrategia preelectoral en ofrecer más de lo mismo, estabilidad y crecimiento económico, creación de nuevos empleos, continuar la dura represión al grupo terrorista vasco ETA, como hasta ahora cumpliendo y respetando la ley, y mantener su oposición a las demandas nacionalistas por entender que atentan contra la unidad de España.
El PSOE, además de la polémica propuesta tributaria, se compromete a disminuir la intervención estatal en la economía y a reformar la educación para que todos los alumnos dominen el inglés al terminar la enseñanza media, a dotar a las escuelas con un ordenador cada dos alumnos como promedio y a impulsar la investigación científica y tecnológica.
Un tema que puede influir en la votación es la posición respecto de Iraq invadido por Estados Unidos, dependiendo de lo que suceda en ese país árabe.
En las encuestas no aparece como un tema relevante en la actualidad, pero cualquier acontecimiento en el que vuelvan a morir soldados españoles pondría ese conflicto en el primer plano, con el consiguiente costo en votos para el partido gobernante, que se presentó aliado de Washington desde el primer momento.
En todo caso, y al margen del peligro para la unidad de España que se plantearía si ganase el PP o el PSOE sin mayoría absoluta, se debe destacar, como expresó el director del madrileño diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, que, desde que se recuperó la democracia (1976), estas serán las primeras elecciones generales en las que encontraremos compitiendo por el espacio de centro a dos ofertas igualmente democráticas y defensoras de un modelo de sociedad Similar.
