Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil anunciaron este lunes que realizarán una fuerte oposición al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, que prevé desmonopolizar las telecomunicaciones y seguros costarricenses, hoy estatales.
La firma del acuerdo, el domingo en Washington, fue calificada de teatro por Fabio Chaves, dirigente del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la empresa estatal de telecomunicaciones, porque en su opinión ya todo estaba cocinado desde diciembre.
Para el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, también era previsible que las negociaciones concluyeran con un acuerdo que beneficia sobre todo a los estadounidenses.
La firma del tratado no nos sorprende. Sabíamos que los políticos iban a entregar al ICE y al Instituto Nacional de Seguros, pero desde ya anunciamos una lucha frontal para impedir que se ratifique el acuerdo en el Congreso, dijo Chaves a IPS.
El Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alberto Trejos, aseguró en Washington que el país había logrado un excelente acuerdo.
En criterio del funcionario, el tratado responde a las expectativas costarricenses al aumentar el comercio con Estados Unidos, lo que promoverá el crecimiento económico, la inversión y nuevas fuentes de empleo.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick, expresó a periodistas congregados en Washington que existía complacencia de que Costa Rica se hubiese unido a sus vecinos centroamericanos en el libre comercio, diseñado para expandirlo entre amigos.
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua cerraron una negociación de libre comercio con Estados Unidos el 17 de diciembre, pero Costa Rica no adhirió a ese acuerdo, tras participar en el proceso de su discusión, por diferencias en el ámbito agrícola y en la apertura de telecomunicaciones y seguros.
Según el nuevo tratado bilateral, Costa Rica se compromete a la apertura del mercado de redes privadas de datos y de Internet para el 1 de enero de 2006, y a abrir el de la telefonía celular en 2007, así como a aprobar este año una ley de modernización del ICE.
En seguros la apertura será total en 2011, pero en enero de 2005, cuando se prevé que el tratado entre en vigencia, se legalizaría la compra de seguros en el extranjero.
En 2008 se permitiría el establecimiento en Costa Rica de compañías transnacionales que ofrecerán todos los seguros voluntarios, y en 2010 se abrirá la competencia para seguros obligatorios.
Representantes del Frente Interno de los Trabajadores del ICE y de otros grupos, entre ellos el Comité de Defensa de la Institucionalidad y la ANEP, se reunieron hoy en San José para definir medidas inmediatas de oposición al tratado.
Esos grupos están convencidos de que dadas las circunstancias el próximo escenario de confrontación serán las calles, como sucedió en abril de 1999 cuando miles de costarricenses salieron a manifestarse en contra de la apertura del mercado de telecomunicaciones en manos del ICE, impulsada por el presidente Miguel Angel Rodríguez (1998-2002).
En aquella oportunidad, el gobierno retiró la iniciativa del plenario legislativo, donde ya había sido aprobada en primer debate.
La apertura de las telecomunicaciones es inmediata, lo cual atenta contra los intereses nacionales. En Europa, por ejemplo, se dio la apertura pero con un plazo de doce años. Se abre el mercado debido a las presiones de la derecha costarricense, alegó Chaves.
Abrir ese mercado sólo busca favorecer a las grandes empresas transnacionales en América Latina, en perjuicio de los consumidores, sostuvo.
A grandes intereses, grandes riesgos, por eso los sectores que adversamos el TLC estamos dispuestos a convocar a una huelga nacional de brazos caídos para impedir que el acuerdo se ratifique en la Asamblea Legislativa, anunció el sindicalista.
Vargas aseguró que lo procedente ahora es un referéndum en las calles, y que si en 1999 hubo oposición a la entrega del ICE, ahora tendrá que ser mucho mayor.
La confrontación de los sectores sociales será inevitable, dados los perjuicios que acarreará el tratado con Washington, pronosticó.
Vargas llamó la atención sobre lo relacionado con la compra de medicamentos genéricos (equivalentes a otros con marca registrada) por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual se topará con prohibiciones de 5 a 10 años, y adujo que eso pondrá a la institución en una situación grave.
El tema de la propiedad intelectual nos preocupa muchísimo, porque en el caso de la adquisición de medicamentos tendrá un impacto social muy grande, dijo Vargas.
El secretario de la ANEP añadió que el tratado también podría implicar el desmantelamiento del estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados, aunque aún se desconoce si el acuerdo con Washington abarca el tema del agua.
Para Rodrigo Carazo, ex presidente de Costa Rica (1978-1982) y actual presidente del Comité de Defensa de la Institucionalidad, el tratado es un misterio y una amenaza, debido a que hasta ahora los costarricenses desconocen los términos de las negociaciones.
Trejos ratificó este lunes que el texto del acuerdo estará disponible para los costarricenses a partir de la próxima semana.
Durante las negociaciones, que comenzaron el 27 de enero de 2003, diversos sectores, entre ellos los diputados del Partido Acción Ciudadana, reclamaron con insistencia y sin éxito la difusión del texto que se discutía.
Representantes de los cultivadores de cebolla y papa lograron que esos productos fueran excluidosdel libre comercio, pero no consiguieron el mismo resultado, pese a procurarlo hasta el último día de negociacione, los productores de pollo, cerdo, lácteos, aceite comestible y arroz.
Los arroceros son el sector agrícola que más descontento queda con el acuerdo, pues temen la posible competencia de importaciones masivas.
Se fijó un plazo de 20 años para la desgravación total de algunas importacines, entre ellas las de leche, y se acordaron salvaguardas especiales y otros mecanismos de protección para elevar los aranceles a productos agrícola cuando aumente mucho su importación.
Costa Rica mantendrá los beneficios que le reporta la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, mediante la que vende a Estados Unidos , sin pagar aranceles, banano, piña, melón y otros productos.
La Cámara de Exportadores de Costa Rica dijo estar satisfecha con el acuerdo, y por medio de su vicepresidente, Sergio Navas, instó a sus miembros a aprovechar las ventajas que conlleva el acceso ampliado al mercado estadounidense.
En cuanto al ingreso al país de productos industriales y agroindustriales de origen estadounidense, se establecieron plazos de 10 a 15 años, lo que fue calificado de favorable por la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria.
Uno de los sectores costarricenses que no quedaron muy satisfechos fue el textil, que no logró la apertura del mercado estadounidense que esperaba, debido a férrea oposición de las empresas norteamericanas, convencidas de que se exponían a competencia de mano de obra barata en Costa Rica.
Para que el tratado entre en vigencia, debe ser aprobado por los poderes legislativos de los Estados parte, donde también existe oposición al acuerdo.
La Federación Estadounidense del Trabajo-Confederación de Organizaciones Industriales, principal central sindical estadounidense, ya se manifestó en contra del acuerdo, al igual que congresistas del opositor Partido Demócrata.
De igual manera, organizaciones religiosas y humanitarias como la filial estadounidense de Oxfam, y académicas, como la Oficina de Washington para América Latina se oponen a la ratificación del tratado.
Sindicatos y otras organizaciones sociales prevén que la oposición al acuerdo aumentará y comenzará a expresarse en las calles desde abril. (
