El general retirado Ramón Vega, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y actual senador designado, obtuvo un triunfo moral en la Comisión de Etica de la cámara alta, que rechazó las sospechas de corrupción que pesan sobre él, pero la justicia aún le sigue los pasos.
Vega es investigado por la justicia chilena a raíz de un exhorto (petición por vía diplomática) del titular del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bruselas, Daniel Franzen.
El magistrado belga instruye un proceso por supuestos pagos ilícitos de comisiones en la compra que la Fuerza Aérea de Chile (FACH) hizo en 1994 de 20 aviones Mirage Elkan, cazabombarderos reacondicionados a un precio muy inferior al de los aparatos nuevos.
La compra se realizó en la época en que Vega comandaba la FACH y, según las denuncias que investiga Franzen, 15 millones de dólares de los 109 millones de la operación se desviaron al pago de comisiones ilegales a intermediarios fantasmas.
Uno de estos intermediarios habría sido el ciudadano de origen holandés Bernardo van Meer, en ese entonces casado con Verónica Vega Pizarro, hija menor del ex comandante de la aviación de guerra y actual senador designado.
La jueza chilena Sandra Rojas abrió en agosto de 2003, a raíz de la solicitud de Franzen, la investigación en Chile, en la cual se debe aclarar si efectivamente Van Meer recibió 4,9 millones de dólares como comisión en la venta de los 20 aviones de combate.
El caso irrumpió a la luz pública en Chile en agosto de 2003, cuando Rojas inició las diligencias solicitadas por la justicia belga, que llevaron al Consejo de Defensa del Estado a hacerse parte en el proceso en septiembre y a pedir en diciembre la apertura de una investigación a la justicia chilena.
En noviembre, Vega respondió por escrito a un interrogatorio de la magistrada, amparándose en su fuero parlamentario, que lo faculta para no comparecer en persona ante la justicia ni ser procesado, salvo que se le despoje de su inmunidad.
El ex jerarca de la FACH llegó a la cámara alta en 1998, en virtud de la Constitución expedida en 1980 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que creó nueve cargos de senadores institucionales, designados al margen del voto popular.
Cuatro de esas senaturías son ocupadas por ex mandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros, nombrados con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, otro organismo heredado de la dictadura.
Después de varios intentos frustrados de alcanzar consenso con la oposición derechista para llevar a cabo una reforma constitucional que terminara con los senadores designados y también con los vitalicios, condición que favorece a ex presidentes, es muy probable que por fin se logre este objetivo al término del actual mandato de Ricardo Lagos (2000-2006).
Nelson Avila, un senador electo por el voto popular que en 2003 fue expulsado del cogobernante Partido Por la Democracia, fue uno de los primeros en denunciar las supuestas irregularidades en la compra de los 20 Mirages Elkan y en noviembre entregó una carpeta de antecedentes al respecto a la jueza Rojas.
Las denuncias de Avila hicieron que en 1999 la FACH realizara una investigación sumaria interna, la cual concluyó con un voluminoso informe de 2.800 páginas en el cual se sostuvo que no hubo ilícitos en la operación.
Distinta es la visión de la justicia belga, así como del Consejo de Defensa del Estado en Chile, que buscan aclarar si este es un episodio más entre los recurrentes casos de corrupción vinculados a compras de armamentos.
El 15 de este mes, Vega pidió la palabra en el Senado para salir al paso de publicaciones de prensa que calificó de bastante ligeras, junto con reiterar que no hubo ningún vínculo de la FACH con Van Meer durante la operación en 1994.
Si hay gestores o intermediarios son de la exclusiva responsabilidad de quienes vendieron los aviones, dijo el general retirado, tras asegurar que el Estado chileno no pagó ninguna comisión en la compra de los 20 cazabombarderos.
Con este antecedente, el día 22 se reunió la Comisión de Etica del Senado, que, tras analizar las denuncias y los descargos del ex jefe de la FACH, señaló que no hay ninguna razón para que se estime que el senador Ramón Vega ha cometido algún acto reñido con su condición de senador.
En medios políticos y judiciales se señaló a IPS que esta decisión de sus pares constituye para Vega únicamente un triunfo moral con implicaciones políticas, que no debería interferir en el curso de la investigación judicial.
Según los antecedentes contenidos en una carpeta de 120 páginas que el juez Franzen envió a los tribunales chilenos, las sospechas sobre Van Meer apuntan también a que habría ejercido influencia a partir de su condición de yerno de Vega, para que la FACH optara por los aviones belgas y desechara a otros posibles proveedores.
Van Meer habría sido quien contactó a Vega con el general retirado belga Jacques Lefebvre, representante de la firma comercializadora de los Mirage Elkan, quien se suicidó en 1995 luego de que estallara en Bélgica un escándalo de corrupción por el comercio de armas.
Lefebvre reveló antes de quitarse la vida operaciones ilícitas de pago de comisiones y sobornos para colocar armamento belga en Pakistán y Chile.
Notas encontradas al general belga tras su muerte pusieron en evidencia el pago de los 15 millones en comisiones en la venta de los 20 aviones a la FACH, que se repartieron entre el propio Lefevbre y otros dos agentes, uno de los cuales era un testaferro de Van Meer.
El escándalo gatillado con el suicidio de Lefevbre, conocido como el Dossier Augusta, creó una crisis de magnitud, que involucró incluso al entonces secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Willy Claes.
La compra de los aviones, si bien no significó para Chile un gasto desmesurado, no parece haber respondido a todas las exigencias técnicas, ya que a la fecha la mitad de esos 20 Mirage Elkan reacondicionados han sufrido accidentes.
