Líderes de la llamada guerra del gas de Bolivia, que hace casi tres meses barrió con el gobierno derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada, marchan ahora sobre el Congreso para conformar un gobierno cívico patriótico, pero sin contar esta vez con su otrora principal aliado político, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales.
Jaime Solares, el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y Roberto de la Cruz Flores, de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, señalaron por separado a IPS que el descontento con el parlamento se debe a que no respondió a las demandas de defensa de los recursos gasíferos y petroleros y de cambio de modelo económico de libre mercado por uno de control estatal.
Este Congreso no percibe los alcances de la rebelión de octubre. Preferimos morir antes que las nuevas generaciones sigan sufriendo, dijo sin más De la Cruz a IPS.
Sin embargo, a pesar de que en la propuesta de crear un gobierno cívico patriótico se pone a la cabeza del mismo al propio presidente Carlos Mesa, éste se alejó expresamente del planteo al indicar esta semana de modo enfático su apego a la Constitución y las leyes y ofrecer todas las garantías para la independencia de los poderes Legislativo y Judicial.
También el diputado del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) Gustavo Torrico aseguró que ese partido asume una defensa intransigente del sistema democrático y afirmó que el cierre del Congreso bicameral legislativo es una invitación a la dictadura y a la ingobernabilidad.
Aparte de aclarar que hoy no existe una ruptura entre las fuerzas sociales, sindicales y políticas que protagonizaron las protestas que culminaron el 17 de octubre con la renuncia e inmediata huida del país de Sánchez de Lozada, Torrico pidió paciencia y darle una oportunidad a Mesa para que traduzca las demandas de la población en leyes.
Es necesario evitar los errores del pasado como la reedición de aquella asamblea popular de características revolucionarias que en la década del 70 fuera disuelta violentamente por la dictadura encabezada entonces por el hoy fallecido Hugo Banzer, comentó a IPS el diputado del MAS, la mayor fuerza política en el parlamento.
El presidente Mesa, en su alocución al país el domingo por televisión, repitió que no hay democracia sin Congreso. En esa ocasión el mandatario anunció la realización el 28 de marzo de un referéndum sobre el modo de encarar la exportación del gas natural, así como la elección de una Asamblea Constituyente cuya fecha dejó a consideración de los propios bolivianos.
El referéndum en torno a la política energética se realizará a pesar de haberse descartado el negocio del gas natural con un comprador estadounidense y sólo con la perspectiva de una futura exportación.
En tanto, que la Asamblea Constituyente, según el presidente, será el escenario donde los ciudadanos elegidos por organizaciones sociales definirán un nuevo modelo democrático, una organización política y la administración de la tierra y los recursos naturales de Bolivia.
Mesa llegó al gobierno de Bolivia por decisión del Congreso tras la renuncia de Sánchez de Lozada, del cual era su vicepresidente, y quien había iniciado su mandato de cinco años el 6 de agosto de 2002.
El mandatario reiteró en su discurso de esta semana que la independencia de los poderes del Estado es el secreto para un buen funcionamiento de la democracia, y que el parlamento es la representación de la soberanía popular y debe estar a la altura del desafío del momento.
Como argumento central para pedir la disolución del Congreso, De la Cruz señala que los representantes ignoran las exigencias de los habitantes de El Alto, epicentro de las protestas en los tramos finales de la revuelta social, quienes exigen la derogación de la ley de hidrocarburos que concede derechos de propiedad a firmas extranjeras sobre el gas natural extraído de pozos del sur del país.
El dirigente sindical entiende que el parlamento no comprendió el motivo central de la revuelta de septiembre y octubre, uno de cuyos puntos centrales fue la exigencia de industrializar el gas natural, para lo cual ahora el gobierno anunció estudios encaminados a examinar esta demanda.
Cuando De la Cruz sostiene ante IPS que ellos prefieren morir antes que las nuevas generaciones sigan sufriendo, hay una referencia explícita a las decenas de muertos a manos de las fuerzas de represión que dejaron las manifestaciones de la semana previa a la caída del gobierno de Sánchez de Lozada el 17 de octubre.
En esos siete días murieron en El Alto y en La Paz, donde está la sede del gobierno, 57 personas según el Defensor del Pueblo, pero organizaciones sociales y humanitarias elevan hasta más de 70 esa cifra. Esa represión motivó que Mesa se apartara del gobierno el 13 de octubre.
Ahora Mesa, en su posición de presidente interino, inició gestiones ante el Congreso para intentar modificar la ley de hidrocarburos con la finalidad de obtener el pago de mayores impuestos de las empresas petroleras y recuperar la soberanía sobre esos recursos para fijar precios internos al margen de las cotizaciones internacionales.
El proyecto del gobierno también restituye las funciones de inversionista a la casi extinguida empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y prevé un papel activo en asociaciones con inversionistas privados para distribuir gas natural a todos los habitantes de áreas urbanas en este país.
Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, con más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes en la pobreza y tres de cada 10 en la indigencia, según datos oficiales, mientras que el desempleo abarca a casi 13 por ciento de la población económicamente activa.
Entre el 15 de septiembre y el 17 de octubre organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos y habitantes de El Alto protagonizaron bloqueos de carreteras en la región occidental del país en contra del modo en que se pensaba exportar gas natural a Estados Unidos, a través puertos de Chile, además de muchas otros reclamos de trabajo, salarios y otras demandas sociales.
La efervescencia popular de la población de El Alto, catapultó como líder de las protestas a De la Cruz, quien integra la COR como delegado de los periodistas de esta ciudad. Sin embargo, en las elecciones de 2002 fracasó en su intento de llegar al parlamento en representación del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), liderado por Felipe Quispe.
Este país andino posee reservas de gas natural por 54 trillones de pies cúbicos, lo cual lo ubica en segundo lugar en importancia en América del Sur, después de Venezuela.
Las empresas concesionarias del gas boliviano la española Repsol, British Gas y la estadounidense Pan American Energy, agrupadas en torno a la Pacific LNG, proyectaban la venta de 36 millones de metros cúbicos por día a la compañía estadounidense Sempra Energy para su distribución en el occidental estado de California.
El 18 de diciembre, la Agencia de Noticias Fides informó de la anulación de ese proyecto y confirmó que Indonesia será el nuevo proveedor de Sempra Energy para el mercado californiano.
Mientras, el sindicalista Solares acusa al Congreso de legislar al margen del pueblo y mantener sin cambios la política de ajuste estructural, aplicada desde el 29 de agosto de 1985 por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro.
De la mano de Solares, la COB volvió a recobrar la importancia adquirida en la década del 50, cuando impulsó una revolución nacionalista que llevó a la estatización de yacimientos mineros y la distribución de la tierra mediante una reforma agraria.
En el caso de un eventual rechazo del actual mandatario a liderar el esquema de un gobierno cívico y patriótico propuesto por la COB, Solares sugiere una convocatoria a elecciones generales con la finalidad de facilitar la gobernabilidad.
Debemos ser capaces de trabajar sin chantajes. El Congreso y el Poder Ejecutivo son parte de la responsabilidad que tenemos todos para un país que espera respuestas concretas en varios ámbitos, dijo Mesa en respuesta a Solares y De la Cruz.
Durante su primer mensaje del año, Mesa anunció que cumplirá el mandato constitucional para completar el período gubernamental hasta 2007.
Esta decisión es considerada por los analistas políticos, un prudente alejamiento de los actores de las movilizaciones de octubre y un estricto apego a la Constitución.
Las afirmaciones del mandatario pueden interpretarse como un advertencia de que las demandas de algunos líderes de la revuelta de octubre tienen un límite, dijo el analista político y ex miembro de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte.
A su vez, Ericka Brockmann Quiroga, representante del partido que cogobernó con Sánchez de Lozada, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, expresó que las amenazas de los sindicalistas representan un acercamiento entre las corporaciones de extrema izquierda con la extrema derecha, con el fin de crear inestabilidad e incertidumbre.
