Cada vez más argentinos se manifiestan a favor de la legalización del aborto y la ligadura de las trompas de Falopio así como de la distribución libre y gratuita de anticonceptivos, pero los prejuicios contra las minorías sexuales aún son tumores difíciles de extirpar.
Los cambios en la sociedad argentina, que posibilitaron la aprobación de leyes sobre salud reproductiva y la habilitación en la ciudad de Buenos Aires de la unión civil entre personas del mismo sexo, no han podido todavía con la discriminación que padecen las minorías sexuales, con frecuencia víctimas de lo que se ha dado en llamar crímenes de odio.
Expertos coinciden en que se ha avanzado en lo que hace a derechos sexuales y reproductivos, pero, pese a existir una mayor amplitud de criterio, todavía persisten prejuicios y se elude la discusión de asuntos como el aborto y las minorías sexuales.
La práctica de abortos clandestinos provoca cada año en Argentina la muerte de más de 400 mujeres, en su mayoría pobres, y la intolerancia hacia las minorías sexuales muchas veces desemboca en lesiones y muertes.
En Buenos Aires se logró muchísimo en el reconocimiento de los derechos de las personas y las parejas homosexuales, pero las travestis sufren una discriminación constante, son golpeadas, torturadas y violadas por policías que, además, les sacan el dinero, dijo a IPS María Laura, dirigente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Cada año hay decenas de asesinatos de travestis que no son denunciados porque se sabe que la policía no investiga. En la mayoría de los casos se trata de crímenes de odio, sostuvo.
La directora de la maestría Poder y sociedad desde la problemática del género de la estatal Universidad Nacional de Rosario, Hilda Habichayn, entiende que hay una falsa apertura en lo que se refiere a los derechos de las llamadas minorías sexuales.
Siempre continúa vigente un paradigma de sexualidad normal y aceptado que es el de la heterosexualidad, indicó a IPS.
En ese sentido, Habichayn sostuvo que la gente acepta en teoría la existencia de estas expresiones de la sexualidad (las minorías), pero cuando se tiene que convivir con las mismas entonces resurge la intolerancia.
María Laura puso de relieve la situación de los travestis en Argentina, donde son expulsadas de sus familias, se les ponen obstáculos para estudiar y se les bloquean las posibilidades laborales.
En muchos casos, esas circunstancias los empujan a la prostitución, que es la única actividad que la sociedad les permite y, al mismo tiempo, por la que se los condena y margina, señaló la dirigente.
Por eso, la CHA considera un gran avance que el Congreso legislativo esté discutiendo la incorporación a la norma de Ejercicio de Derechos y Garantías Constitucionales de los actos de discriminación vinculados con la orientación sexual y la identidad de género de las personas.
En ese sentido, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en diciembre de 2002 la unión civil entre personas del mismo sexo y en la actualidad existen proyectos similares en otros cuatro distritos de Argentina.
Ese mismo año, el Congreso sancionó una ley sobre salud sexual y reproductiva que, si bien cuenta con un amplio consenso social, todavía afronta la oposición de grupos conservadores y religiosos que, en más de una oportunidad, han recurrido a la justicia para desandar el camino legal.
Los cambios en la legislación argentina se corresponden con expresiones sociales que comenzaron a manifestarse con mayor intensidad en la década del 90, luego de un periodo de silencio y postergación llegado de la mano del golpe de Estado de 1976 que dio inicio a siete años de sangrienta dictadura militar.
La profundización de la crisis económica, el avance del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y el incremento constante de los embarazos adolescentes no deseados influyeron para generar una nueva corriente de opinión entre los argentinos.
Esos fueron puntos importantes para los cambios, al igual que el trabajo que se hizo con los medios (de comunicación) y con los grupos de mujeres, explicó a IPS la titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco.
Un fenómeno interesante es la fuerza y el peso de las organizaciones no gubernamentales, en especial del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, que muchas veces constituyen el factor decisivo de cambio haciendo retroceder las arremetidas retardatarias, coincidió Habichayn.
Así lo demuestran los resultados de diferentes encuestas realizadas en los años 90 y la que en 2003 llevaron adelante el FEIM, el humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
La consulta de estas organizaciones de las sociedad civil, que abarcó a 303 personas residentes en Buenos Aires y su área metropolitana, apuntó a medir el consenso social hacia las políticas públicas en materia de salud reproductiva.
Los resultados de la encuesta realizada el año pasado muestran un apoyo contundente de la población a los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, comentó a IPS la investigadora asociada del Cedes Mónica Petracci.
El Programa contempla, entre otras cosas, la prevención de embarazos no deseados y en adolescentes, la provisión de anticonceptivos y la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida.
Mientras 97 por ciento de los entrevistados se mostró favorable a que los hombres y las mujeres decidan cuántos hijos tener, 91 por ciento estuvo de acuerdo con que, en caso de violación, las mujeres puedan tomar medicamentos para evitar el embarazo que pudiera resultar de ese ataque.
En lo que hace a los y las adolescentes de 12 a 14 años, los consultados consideraron que deben tener acceso a información sobre anticoncepción (99 por ciento) y a métodos anticonceptivos si tienen relaciones sexuales (93 por ciento).
En el caso de las jóvenes de 15 a 17 años, la totalidad estuvo a favor de que reciban información y 98 por ciento de que tengan acceso a métodos anticonceptivos.
Por otra parte, 91 por ciento opinó que los servicios de salud deben proveer métodos anticonceptivos, en particular el dispositivo intrauterino (DIU), y un porcentaje igual aprobó que las mujeres puedan ligarse las trompas de Falopio en forma gratuita en los servicios de salud de la ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a la educación sexual, 99 por ciento consideró que debe incluirse en los planes de estudio de la escuela secundaria y 89 por ciento en los de la educación primaria. Para 97 por ciento de los consultados, esa implementación contribuiría a que los y las jóvenes tengan una vida sexual segura y responsable.
Una mayoría de los entrevistados acuerda con la despenalización del aborto, indicó Petracci, quien aclaró que el acuerdo no significa aprobarlo en todo tipo de situaciones.
Esto es así aún cuando en las encuestas los consultados admiten que es una práctica generalizada y a pesar de los elevados índices de mortalidad por abortos realizados en forma clandestina.
El acuerdo existe en aquellas situaciones en las cuales hay violaciones, riesgos para la salud física y, en menor medida, psíquica de la madre, pero el acuerdo se desdibuja en todas aquellas situaciones vinculadas con lo que suele denominarse decisión autónoma de la mujer, agregó.
Al comparar las encuestas sobre aborto de los últimos 10 años, Bianco señaló que en 1994 la mayoría de las mujeres estaba en contra de la penalización. Ese año, 78 por ciento de la población aceptaba el aborto, repartido en 20 por ciento para todos los casos y 58 por ciento sólo en casos de violación, malformaciones y otros problemas, indicó.
Habichayn destacó que una cosa es expedirse sobre derechos reproductivos, entendiendo como tales el derecho a controlar la propia fertilidad acudiendo al uso de técnicas de regulación y otra muy distinta opinar sobre el derecho a la libre decisión en cuanto al aborto.
Los políticos en general se siguen cuidando las espaldas con respecto a este tema porque hacen un cálculo electoral y los agentes de la salud temen comprometerse, con lo cual las mujeres vuelven a estar solas en esta circunstancia, apuntó la especialista.
Según Habichayn, las mujeres siguen siendo criminalizadas como las únicas responsables de un embarazo no deseado o de un aborto provocado.
En otras palabras, se evidencia un respaldo mayoritario referido al Programa Nacional de Salud Reproductiva lo que no significa que las ordenanzas y medidas generales asumidas con respecto a la sexualidad gocen del mismo respaldo, concluyó.
