Una montaña de firmas a favor de referendos pro y contra el gobierno sepultó este martes en Venezuela el primer aniversario del comienzo de la huelga más larga de su historia, convocada por empresarios y sindicalistas que intentaron sin éxito derrocar a Hugo Chávez.
Los presagios de líderes de oposición eran por entonces de una guerra civil "inevitable” si Chávez no aceptaba la convocatoria a un referendo consultivo, jurídicamente no vinculante pero que políticamente podía ser demoledor en caso de que la mayoría hubiera respondido a favor de la renuncia del mandatario
El clima se crispó ese 2 de diciembre de 2002, cuando se inició la huelga que duró finalmente 63 días, al sumarse a la declaración en rebeldía en octubre de un centenar de oficiales y soldados en una plaza de Caracas, uniformados aunque sin armas ni tropas, y que cada pocos días se registraban manifestaciones.
En abril de ese mismo año había sido el momento culminante cuando un golpe de estado cívico militar apartó del gobierno a Chávez por 47 horas.
La tensión aumentó con la huelga. Cerraron numerosas escuelas, industrias y comercios, las estaciones de gasolina quedaron sin combustible, el gas para cocinar comenzó a escasear, hubo dificultades en la banca y en el transporte de personas y bienes, y faltaron en los anaqueles productos como harinas, pastas, lácteos, embutidos y granos.
"Hace un año la gente creía en la confrontación y había poco espacio para la salida democrática y constitucional que los venezolanos han encontrado” ahora, observó este martes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria.
La solución elogiada por Gaviria consistió en un cronograma electoral, que luego fue diseñado por las autoridades comiciales y que significó para el oficialismo recoger firmas durante cuatro días para pedir un referendo contra legisladores opositores y luego éstos hicieron lo propio para poner en juego la continuidad en el gobierno de Chávez.
Los resultados oficiales de esas jornadas, la última finalizada el lunes, no se conocerán hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el conteo y así lo disponga.
Pero la suma de lo informado por los respectivos comandos de campaña indica que se habrían pronunciado en una u otra forma más de la mitad de los 12 millones de venezolanos habilitados para votar.
La oposición asegura haber recolectado 3.602.051 de firmas para habilitar el referendo revocatorio del mandato de Chávez, mientras que los partidarios de éste afirman haber recogido 2.669.684 para intentar por el mismo método constitucional separar del cargo a legisladores contrarios.
Para poner en marcha el referendo revocatorio del cargo de cualquier funcionario elegido se debe reunir la adhesión de al menos 20 por ciento del padrón electoral respectivo (el nacional para el presidente y de un distrito particular para diputados, por ejemplo). Las cifras divulgadas por los interesados superan con creces ese requisito mínimo.
El CNE, luego de verificar la validez de cada firma, determinará si son suficientes y, en caso de que así sea, se convocará a los respectivos referendos. La consulta que decidiría sobre el mandato de Chávez se efectuaría después del 28 de marzo.
Finalmente, para que Chávez pierda la presidencia en ese eventual referendo deberán pronunciarse a favor de su revocación al menos uno más que los 3.757.763 de venezolanos que lo llevaron al gobierno en 2002.
En caso de suceder de ese modo antes de agosto de 2004, se convocará a una elección para reemplazarlo, pero si ocurriese después de esa fecha quien ocupará la presidencia será el vicepresidente que el propio Chávez designe para completar su periodo gubernamental de seis años.
La salida mediante referendos fue pactada en un acuerdo entre las partes, gestionado por Gaviria, el 29 de mayo pasado. En el caso de Chávez, los opositores debieron esperar a que el 19 de agosto se cumpliese la mitad de su mandato presidencial.
Todo el proceso depende de los cinco miembros del CNE, donde dos favorecen a la oposición, dos al oficialismo y un quinto, el ex juez agrario Francisco Caraqueño, actúa como fiel de la balanza.
La OEA y el estadounidense Centro Carter para la Paz, observadores oficiales del proceso venezolano, confirmaron este martes su respaldo al CNE. "El árbitro es confiable, y tengo el íntimo convencimiento de que el pueblo venezolano lo admira y todos los actores políticos van a respetar las decisiones de este CNE”, dijo Gaviria.
El CNE "ha dado demostraciones de que actuará como un árbitro imparcial y hará respetar las reglas de juego. Esa sensación se palpa en la ciudadanía y en la academia”, dijo a IPS el analista Eladio Hernández, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central, la principal del país.
El clima de confianza tuvo una traducción callejera inmediata. Apenas concluida la recolección de firmas este lunes, el comercio formal e informal entró en febril movilización para procurar las ventas de la temporada navideña.
Por contraste, hace un año los venezolanos contemplaban cerrados los más vistosos locales comerciales, las amas de casa hacían largas colas para procurarse harina para el plato típico de la Navidad, la hallaca (un especie de gran tamal), y los automovilistas formaban fila durante dos o tres jornadas para conseguir un poco de combustible.
"Este año por lo menos se quedaron tranquilos los unos y los otros con lo de las firmas”, comentó a IPS Jorge Castro, un comerciante de pinos y adornos de Navidad. "El año pasado perdí casi 25.000 dólares, porque las ventas ser quedaron frías”.
La huelga, levantada el 2 de febrero de 2003, cuando el gobierno ya había recuperado la producción de petróleo crudo y derivados, causó pérdidas al país estimadas en unos 10.000 millones de dólares, casi nueve puntos del producto interno bruto.
Pasadas esas páginas, con "luz al final del túnel”, según editorializó este martes el diario El Tiempo de la vecina Colombia, los contendores se aprestan ahora a la nueva batalla, legal y política, sobre los referendos que han solicitado.
Pero las acusaciones ya menudean. Chávez dijo que la oposición "prepara un megafraude, y el pueblo y el CNE deben estar ojo avizor”, a lo que el cáustico analista Teodoro Petkoff replicó recordando que "los fraudes los hacen los gobiernos, no la oposición”.
El líder de la coalición opositora Coordinadora Democrática, Enrique Mendoza, aseguró que "el pueblo no quiere más trucos, y no debe confundirse respeto con debilidad ni paciencia con cobardía. Las maniobras no torcerán nuestra voluntad”.
Sin embargo, Hernández es optimista al opinar que "habrá obstáculos en este camino y seguirá la confrontación política, que es inherente a la democracia, pero no habrá un crecimiento hacia ninguna guerra civil: la confrontación violenta está descartada de plano”.
