El Congreso de Brasil dio el primer paso para desarmar a la población civil con una ley que veda su porte, pero se deberá esperar casi dos años para saber si se prohibe su comercio en un país donde los tiros matan casi 40.000 personas por año.
Una vez que la nueva ley sea reglamentada, portar armas sólo será permitido a militares, policías y personas con autorización especial, como guardias de seguridad privada, deportistas de tiro o cazadores.
Los demás civiles sólo podrán tenerlas en su casa o local de trabajo, pero no andar armados, y sus respectivas autorizaciones deberán ser renovadas según las nuevas reglas y en un plazo no mayor de 90 días o caducarán.
El llamado Estatuto del Desarme establece también que el comercio de armas quedará prohibido en el país si la ciudadanía ratifica la norma en un referéndum a realizarse en octubre de 2005.
Las armas pequeñas o livianas son una preocupación mundial. La organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear estima que esas armas matan 500.000 personas cada año, siendo 300.000 en conflictos armados y 200.000 homicidios, suicidios y accidentes.
Brasil es campeón mundial en muertes por armas de fuego, al ser responsables éstas en 62,7 por ciento de los asesinatos cometidos en el país, según datos recogidos a mediados de los años 90 y divulgados en 1999 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Expertos creen que hoy es más elevada esa participación en las muertes violentas.
En otros 22 países estudiados por la OMS, la mayoría de Europa, el promedio era de 12,5 por ciento de uso de armas de fuego en asesinatos, mientras objetos cortantes o perforantes alcanzaban un promedio de 31,9 por ciento.
La ratificación en referéndum de la prohibición de comercial, contenida en la nueva ley, parecer ser una certeza para el movimiento que luchó por esta norma en los últimos cinco años y presionó el Congreso legislativo durante los trámites de votación que se prolongaron por seis meses y culminaron con su aprobación en la noche del día 9 en el Senado.
Una encuesta realizada en octubre por el Instituto Sensus registró 74,1 por ciento de respuestas favorables a la prohibición, confirmando otras consultas anteriores.
La nueva norma, además, endureció las exigencias para que un civil pueda adquirir un arma. Tendrá que comprobar su necesidad, más de 25 años de edad, ausencia de antecedentes criminales y capacidad técnica y psicológica para manejarla.
Portar ilegalmente un arma se convertirá así en delito sujeto a prisión de dos a seis años, sin posibilidad de obtener la libertad con fianza. Un disparo en local poblado se penalizará con dos a cuatro años de cárcel y el tráfico internacional de armamentos con cuatro a ocho años, ampliándose a 12 años si se trata de material de uso exclusivo de militares.
La aprobación parlamentaria fue un triunfo de la movilización que llevó a las calles decenas de miles de personas, en numerosas manifestaciones en las ciudades de Brasil.
"Es un gran avance, pese a las imperfecciones de la nueva ley", evaluó para IPS Antonio Rangel Bandeira, un sociólogo que coordina el Proyecto de Control de Armas de la organización no gubernamental Viva Río.
El experto sostuvo que, por ejemplo, la ley argentina es mejor. A la norma brasileña le faltó definir jurídicamente la figura del corredor, más conocido por la palabra inglesa broker, intermediario de las grandes ventas que preocupa a los organismos internacionales, por las grandes sumas ilegales involucradas, apuntó.
Muchos de esos negociantes son militares o ex militares, aseguró Rangel Bandeira.
Pero es que el Estatuto del Desarme enfrentó fuertes resistencias, en especial en la Cámara de Diputados. El mismo referéndum, una alternativa que aplaza la abolición del comercio urgida por los movimientos antiarmas, estuvo amenazado.
A pesar de ello, el activista entiende que es una convocatoria positiva, porque serán "dos años de discusiones sobre armas y seguridad pública", generando conciencia y nuevas medidas, además de una práctica democrática inusual en Brasil.
Fue difícil también aprobar que las municiones sean identificadas, indicando su productor y el comprador, lo cual permitirá un rastreo en caso de desviación.
Brasil tiene tres por ciento de la población mundial, pero responde por 13 por ciento de los crímenes cometidos con armas de fuego, observó el senador Renán Calheiros, para destacar la necesidad de la nueva ley, "un primer paso" y no la solución definitiva para la violencia en el país.
La criminalidad se redujo en países que adoptaron restricciones al uso y el comercio de armas, argumentó el senador que tuvo un papel clave en la aprobación del Estatuto.
Pero no todos piensan así. Prohibir la venta de armas es negativo "porque los únicos afectados serán los ciudadanos de bien, que respetan las leyes", ya que los criminales recurren al mercado negro, dijo a IPS Carlos Murgel, presidente de Forjas Taurus, el mayor fabricante de armas ligeras de América Latina.
En Brasil la venta de armas a la población civil está en descenso, al contrario de la criminalidad. La Taurus vendió 51.945 unidades en 1980, cuando se registraron 10.000 homicidios y 20 años después las cifras muestran 23.291 armas frente a 40.000 muertes violentas, "una evolución inversamente proporcional", argumentó el empresario.
Los industriales destacan también que el Estatuto podrá reducir empleos en el sector. Taurus cuenta con 1.800 funcionarios y genera otros 10.000 empleos indirectos en la cadena productiva, según datos de la propia empresa.
En cambio, los activistas del desarme argumentan que este efecto será reducido, porque la mayor parte de las armas producidas en Brasil se destinan a la exportación o a las fuerzas armadas y la policía, mercados no afectados por la ley.
Murgel insistió en que su firma Taurus exporta 60 por ciento de lo que produce, pero la prohibición de ventas a civiles brasileños dañará "las condiciones de competitividad de la empresa en el exterior".
Lo que ocurre es que gran parte de esas exportaciones se destinan a Estados Unidos, que en cambio vende a Brasil una cantidad menor de sus armas.
Estas importaciones dejarán de existir al desaparecer el mercado civil brasileño y, por "una cuestión de reciprocidad", la industria estadounidense podrá vetar las compras en Brasil, explicó.
Taurus enfrentaría así dificultades para mantener sus exportaciones a Estados Unidos, que alcanzan 35 millones de dólares anuales, mientras otros mercados externos sólo representan ocho millones de dólares.
Los comerciantes también serán afectados, pero podrán eludir los efectos diversificando sus negocios, dijo a IPS Paulo da Cruz, gerente de la Casa Santo Antonio, que hace 53 años vende armas en el centro de Duque de Caxias, una ciudad vecina a Río de Janeiro.
Para su tienda el Estatuto del Desarme "no cambiará nada", ya que en el estado de Río de Janeiro se impuso el año pasado una legislación local que imposibilitó la venta de armas a civiles, explicó Cruz. El aumento de las ventas de material deportivo, equipos para pesca, cuchillos y otros bienes compensó las pérdidas, señaló.
Intensificar la diversificación será la salida para los comerciantes de armas, incluso porque sus tiendas en general ya venden productos variados, dijo el gerente.
