No somos insectos para que nos fumiguen, fue la frase más vociferada en la ciudad de General Resquín, del septentrional departamento paraguayo de San Pedro, donde pequeños productores están movilizados contra lo que llaman constante envenenamiento por agrotóxicos.
A medida que la frontera agrícola avanza de este a oeste, en un fenómeno que afecta a 14 de los 17 departamentos del país, las denuncias de contaminación de humanos se multiplican, mientras los campesinos endurecen posturas, hay expertos que minimizan el problema y el gobierno amenaza a jueces y fiscales.
Ese proceso se inició en 1997, cuando comenzó a expandirse la plantación de soja transgénica, luego de su liberalización en Argentina, un año antes.
Cálculos oficiales indican que en la actualidad 80 por ciento del millón y medio de hectáreas sembradas de la oleaginosa corresponden a productos genéticamente modificados, pese a que todavía se encuentra prohibido su manejo en Paraguay.
Productores agrarios alemanes, japoneses y brasiguayos, como se llama a los agricultores brasileños y sus descendientes en el país, son señalados como responsables del uso indiscriminado de agrotóxicos, dijo a IPS Nicasio González, agricultor que posee una finca de dos hectáreas en San Pedro.
Entre los afectados están los pequeños productores rurales paraguayos, que viven en sus lotes de dos a 10 hectáreas con sus familias, y los campesinos sin tierra, pobladores rurales que no poseen terrenos para la producción familiar de sustento.
Mientras tanto, los campesinos endurecen sus posiciones. A principios de este mes, pobladores de la colonia Cororó'i, de San Pedro, impidieron por la fuerza la fumigación con herbicidas de un campo de soja transgénica, propiedad del ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-1997).
Al tiempo que la tensión crece por los pedidos de los campesinos para que el gobierno impida las fumigaciones, el presidente Nicanor Duarte Frutos amenazó a jueces y fiscales por no frenar lo que considera un atentado al ambiente.
Los (fiscales y jueces) que sean cómplices de quienes están destruyendo la riqueza natural y la salud de nuestro pueblo, serán llevados al Jurado de Enjuiciamiento (de Magistrados), advirtió.
Este es un problema primero de salud humana y, luego, ambiental, dijo a IPS el técnico Robert Rolón, del área de agroecología de la organización no gubernamental ambientalista Alter Vida.
Se dijo que se iba a utilizar menos químicos con la producción transgénica, pero esa no es la tendencia, afirmó el experto, que recorre el interior del país para brindar capacitación a campesinos, médicos y autoridades sobre prevención de contaminación por agroquímicos y lucha contra productos transgénicos.
Rolón dijo que Argentina, por ejemplo, aumentó 330 por ciento la importación de herbicidas tras introducir la soja transgénica, y que Paraguay incrementó 820 por ciento la compra de estos productos desde 1996.
Si hay un asentamiento o un pequeño predio familiar campesino cerca de un lote de soja, un desvío (de herbicidas) quema todo lo que toca, explicó el ingeniero agrónomo y consultor de empresas Carlos Tallone.
El experto indicó que según un estudio realizado por su empresa consultora, la mayoría de los productores sojeros utilizan los mismos agroquímicos para tratar sus lotes, y aseguró que todos utilizan productos permitidos.
Se usa cada vez menos cantidad de agroquímicos y se tiran dosis muy pequeñas y precisas para controlar determinadas malezas o plagas, pero mucho menos tóxicas que en años anteriores, alegó.
De este tema habla gente que no entiende y el problema está magnificado, reflexionó Tallone. De igual modo opinan el ingeniero químico Ovidio Espínola, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Química, y el ingeniero agrónomo David Fariña, de la Secretaría del Ambiente.
Pero Tallone destacó que hace unos 10 años, en pleno auge de la producción algodonera en el país, que llegó a dar trabajo a unos 200.000 campesinos y sus familias, la utilización de agroquímicos por parte de quienes hoy denuncian a los sojeros sí fue indiscriminada.
Nunca los campesinos se envenenaron más que con el algodón, aseveró.
Me consta que se utilizaron y se siguen usando, aunque ahora aisladamente, productos muy tóxicos y ahora prohibidos, como el insecticida parathion y otros fosforados, como monocrotofos y metamidofos, indicó.
Muchos de los agricultores y sus familias han estado expuestos a una nube de agroquímicos debido a un cóctel de factores, entre ellos ignorancia sobre sus efectos en la salud, desconocimiento de las plagas y mal asesoramiento gubernamental, relató Tallone.
El gobierno impulsa la producción algodonera entre campesinos que poseen pequeñas parcelas, y los asiste con semillas, asesoramiento y agroquímicos gratuitos. De la última campaña algodonera participaron aproximadamente 85.000 campesinos y sus familias.
Rolón confirmó que hasta hoy se produce el contacto de esa población con altas proporciones de agroquímicos. En la época de cosecha, entre las mujeres de los algodoneros se multiplican por cuatro los abortos espontáneos, adujo.
Pero también subrayó que los médicos de los puestos rurales de salud no conocen la sintomatología de los envenenamientos por agroquímicos, ni disponen de medios técnicos para realizar los estudios que permiten detectar residuos de esas sustancias en la sangre de los posibles afectados.
El caso más grave registrado en el país de envenenamiento por agroquímicos se produjo en noviembre de 1998, cuando unas 700 toneladas de semillas vencidas de algodón tratadas con esos productos fueron arrojadas en un terreno de 2,5 hectáreas en el distrito de Ybycui, del central departamento de Paraguarí.
Eso causó la muerte de Agustín Ruiz, porblador del lugar, y afecciones a otras 600 personas.
El fiscal de Paraguarí solicitó pena carcelaria de 5 a 7 años para los acusados, por homicidio doloso y depósito ilegal de semillas. Se responsabiliza a Nery Guzmán Rivas, funcionario de la empresa estadounidense Delta Pine, y al dueño del predio. El director de la firma, Eric Lorenz, también estadounidense, fue declarado reo rebelde y contumaz.
Otro caso fatal fue el de Silvino Talavera, de 11 años, quien falleció en enero de este año tras haber sufrido exposición directa a agroquímicos. Toda la familia de ese niño, cuya casa linda con un lote de 200 hectáreas de soja, también sufrió síntomas de intoxicación.
La causa está caratulada como Maltrato de suelo y homicidio culposo, y son acusados dos colonos de origen alemán. Varios de los hermanos del niño y su mamá estuvieron hospitalizados en Asunción cerca de 3 meses.
Una ley, 14 resoluciones ministeriales y dos decretos conforman el marco legal con el que se regula la introducción de mercaderías vegetales, la calidad de los productos vegetales para importación y exportación, y la importación de plaguicidas, fertilizantes y afines, explicó a IPS el abogado Hugo Alcaraz, asesor jurídico de la Dirección de Defensa Vegetal del Ministerio de Agricultura.
Estas disposiciones también rigen en todo lo relacionado con las normas para manipulación, uso y almacenamiento de los productos agroquímicos, en concordancia con los mandatos del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, agregó. (
