Poned vuestra fe en la justicia y no cometáis maldad para no causar corrupción, indica el Corán. Más de 1.000 años después de haberse escrito ese consejo, el mundo se arma de la primera convención contra la corrupción, fenómeno que consume cada año hasta 10 por ciento del PIB planetario.
Se trata de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un texto de 71 artículos que fue recibido con una lluvia de elogios en el sudoriental balneario mexicano de Mérida, donde del martes al jueves se reunieron delegados de más de 100 gobiernos para firmar las primeras adhesiones al instrumento.
Los enviados prometieron que el documento, negociado en los últimos tres años, será su guía para dar una guerra sin cuartel contra la corrupción, mal que, pese a ser viejo y de alto impacto en la economía y la cultura, apenas acaba de ser sentado en el banquillo internacional de los acusados.
La nueva convención es un gran paso, el primero de alcance planetario, pero hay el riesgo de que quede como un catálogos de buenas intenciones, igual que otros instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional.
Con el dinero que consume la corrupción en el mundo, equivalente en conjunto a 10 por ciento del producto interno bruto planetario, podría reducirse en tres cuartas partes la mortalidad infantil mundial y multiplicarse por cuatro el ingreso por habitante, señalaron en Mérida funcionarios del Banco Mundial.
La corrupción es un problema tan antiguo como el ser humano, pero recién en los últimos 10 años diversas organizaciones mundiales empezaron a afrontarla de forma conjunta, con especial acento en las áreas de los negocios gubernamentales y el sector privado corporativo.
La convención de la ONU es la cereza del pastel de una serie de esfuerzos internacional contra la corrupción, que si se miran en un contexto histórico, son nuevos y aún algo inmaduros, dijo a IPS Efraín Acosta, investigador del tema en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Una de los primeros instrumentos internacionales contra la corrupción se adoptó en 1996 en el marco de la Organización de Estados Americanos.
Luego se sucedieron otros, en 1997 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre cuyos Estados miembros están , y en 1999 en la Unión Europea.
Pero ya en la Grecia clásica, más de 300 años antes del inicio de la era cristiana, Demóstenes, reputado político, fue acusado de malversación de fondos públicos.
En Roma, los historiadores señalan que en los años 83 a 79 antes de la era cristiana se generalizaron el pillaje de los pueblos conquistados y la dilapidación de los bienes del Estado, prácticas que fueron denunciadas por Cicerón.
Las religiones han predicado contra esas prácticas desde hace cientos de años, sin que hayan logrado abatirlas.
Al igual que en el Corán de los musulmanes, en los textos sagrados judeo-cristianos hay también referencias contra la corrupción. Según el Antiguo Testamento, Moisés dijo a su pueblo hace más de 2.300 años: No aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos.
Hoy, la convención de la ONU va contra todo lo que huela a corrupción y sostiene que se trata de un problema que se puede erradicar mediante compromisos y estrecha cooperación internacional.
El Banco Mundial calcula que la corrupción llega a reducir la tasa de crecimiento de un país de 0,5 a un punto porcentual por año, mientras el Fondo Monetario Internacional indica que la inversión extranjera en países con problemas de corrupción es casi cinco por ciento menor que en los países menos corruptos.
Los Estados que ratifiquen e el nuevo instrumento de la ONU se obligan a adoptar medidas preventivas contra la corrupción y a prestar amplia cooperación internacional para perseguir a los responsables, extraditarlos y decomisar los productos del delito.
La convención también los obliga a formular, aplicar y mantener políticas contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad, y alienta la correcta gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
La corrupción salió del armario básicamente por el avance en los sistemas democráticos, hecho que se tradujo en nuevas exigencias ciudadanas por la transparencia, y por los avances en el trabajo e influencia de los medios de comunicación, apuntó Acosta.
La lucha para combatir las prácticas corruptas en el mundo avanza de forma positiva, pero aún resta mucho camino por recorrer, señaló Eigen.
Según el experto, supervisar el cumplimiento de los postulados de la nueva convención será una tarea complicada y muy a largo plazo.
El instrumento indica que un año después de que sea ratificado por al menos 30 países, se podrán instalar las primeras comisiones internacionales de supervisión.
Las ratificaciones, responsabilidad de los poderes legislativos, podrían tomar varios años, por lo que no habrá obligaciones de rendir cuentas por un largo tiempo, previó Eigen.
Transparencia Internacional, el grupo presidido por Eigen, es una organización no gubernamental que centra su acción en el combate a la corrupción, y cada año presenta una lista mundial de los países más y menos corruptos.
Esa institución consideró lamentable que la primera Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no diga nada sobre el financiamiento de los partidos políticos y deje al libre albedrío de sus adherentes la aplicación de varias de sus normas.
Al finalizar la cita de Mérida, más de 100 gobiernos se habían adherido al instrumento, pero Kenia era el único que además lo ratificó, pues según las leyes de ese país no se necesita aprobación adicional de su Poder Legislativo.
En esa reunión, los delegados de gobierno presentaron coincidentes discursos en los que declararon, en sintonía con lo que dice la Convención, que la corrupción es un mal que daña a la democracia y castiga a los más pobres.
El tiempo dirá si los brindis y las promesas se traducen en hechos verificables, o se diluyen como ha sucedido con otros instrumentos de la ONU, manifestó Acosta. (FIN/IPS/dc/mp/ip/03)
