IRAQ: Un Nuremberg para Saddam

El ex dictador iraquí Saddam Hussein debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) para crímenes de guerra y genocidio, aunque Estados Unidos, que lo tiene prisionero, no apoye ese tribunal.

Esa es, al menos, la opinión del ex presidente de Trinidad y Tobago y uno de los principales impulsores de la CPI, Arthur N. R. Robinson, uno de los principales impulsores de la CPI, órgano formalmente constituido el 1 de julio de 2002 en La Haya, Holanda.

Estados Unidos o ”los países de las fuerzas ocupantes” en Iraq deberían abstenerse de procesar a Saddam Hussein en cualquier otro ámbito ajeno a la CPI, porque sería ”otro juicio del tipo de Nuremberg”, según Robinson.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y sus aliados condenaron en Nuremberg a dos docenas de criminales de guerra nazis tras la rendición de Alemania y el fin de la segunda guerra mundial en 1945. El proceso ha sido con frecuencia cuestionado por representar una ”justicia de los victoriosos”.

Robinson lanzó su llamado en momentos en que Guyana se convierte en el segundo país del Caribe y el 68 del mundo que accede a dejar a los ciudadanos de Estados Unidos fuera de la jurisdicción de la CPI.
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Antigua y Barbuda fue el primer país de la región en firmar el acuerdo, el cual reduce las potestades de este tribunal internacional permanente creado para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.

Washington adhirió en 1998 al Estatuto de Roma, el tratado constitutivo del tribunal, pero luego retiró su firma. Desde entonces, negocia con otras naciones la firma de acuerdos bilaterales que dejen a civiles y militares estadounidenses fuera del ámbito de la CPI.

Robinson cree que el juicio de Saddam Hussein ofrece una gran oportunidad para la actuación de un tribunal independiente y permanente, constituido de acuerdo con reglas internacionalmente aceptadas y vigentes.

”Un juicio justo y un proceso judicial independiente dará la oportunidad para que los acusadores de Saddam se apoyen en evidencias y para que sus defensores actúen libres del temor”, sostuvo el ex presidente trinitario.

”Por suerte para la Humanidad, existe la CPI. Esta oportunidad para promover la justicia, la unidad y la paz en la más amplia escala mundial no debe ser desaprovechada”, añadió.

Casi 100 naciones firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma, que entró en vigencia en julio de 2002.

Pero Estados Unidos ya ha desacreditado al tribunal y descartado que Saddam Hussein pueda ser procesado fuera de Iraq, país al que ocupa por la fuerza militar.

Este año, Washington suspendió la ayuda militar a países que, como Trinidad y Tobago, se negaron a firmar acuerdos bilaterales que dejaran a los civiles y militares estadounidenses fuera de la órbita de la CPI.

Pero el primer ministro trinitario Patrick Manning, quien se encuentra en Washington para reunirse con el presidente George W. Bush, negó que hubiera tensión entre los dos países.

”Trinidad y Tobago ha dejado su posición bien clara: estamos involucrados con la CPI”, sostuvo.

El representante de Washington en Puerto España, Albert G. Nahas, dijo la semana pasada en una conferencia que la CPI ”amenaza la soberanía de Estados Unidos y de otras naciones”, pues tiene potestades de procesar a ciudadanos de países no ratificantes del Estatuto de Roma.

Una de las principales objeciones del gobierno de George W. Bush es la potestad de la CPI de no tomar en cuenta los fallos de los tribunales nacionales.

”Los fiscales de la CPI, con la aprobación de dos de los tres jueces de un panel, tienen la potestad de dejar de lado los veredictos de los tribunales nacionales y de iniciar investigaciones”, explicó Nahas.

”Estados Unidos cree en el sistema de pesos y contrapesos. El Estatuto de Roma crea un sistema de acusaciones que no tiene balances y que socava al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en su función defender la paz y la seguridad”, consideró Nahas.

Los jefes de Gobierno de la Comunidad de Naciones del Caribe (Caricom) manifestaron en julio en Jamaica su decisión de permitir a los países miembros negociar los acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

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