El empresario derechista Oscar Berger, electo presidente de Guatemala el domingo, deberá comandar un país al borde de la ingobernabilidad, por lo que está obligado a alcanzar acuerdos amplios, según analistas.
El candidato de la derechista Gran Alianza Nacional (GANA) que asumirá el cargo el 14 de enero, debería ”convocar a un gran acuerdo nacional que le permita impulsar un proyecto en el que estén representados los distintos sectores”, dijo a IPS el analista independiente Fernando Solís.
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Berger se impuso con 54,1 por ciento de votos a su contrincante Alvaro Colom, de la centroderechista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien logró 45,8 por ciento, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando estaban escrutados 94 por ciento de los sufragios.
La jornada transcurrió sin mayores incidentes, a diferencia de la primera ronda, el 8 de noviembre, plagada de actos violentos, destacó el TSE. Pero el panorama político y social del país es muy inestable. Cincuenta y siete por ciento de los 12,4 millones de habitantes viven por debajo de la línea de pobreza.
”El nuevo presidente tiene que convocar a un gran pacto nacional, porque de lo contrario el país se irá por la pendiente de la ingobernabilidad, dado que existen muchos intereses ocultos”, afirmó Solís.
Berger recibirá del actual gobernante Alfonso Portillo, del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), un país de escaso desarrollo agrícola, con una pobre imagen internacional y denuncias de vínculos entre el Estado y mafias del narcotráfico, el secuestro y el robo de automóviles.
En 2002, el gobierno de Estados Unidos señaló a Guatemala como uno de los países más corruptos de América Latina y le retiró la certificación de combate al narcotráfico.
A la corrupción se suma la fragilidad del sistema judicial y la debilidad de la economía.
”El nuevo gobierno tendrá que trabajar sobre la base de grandes consensos porque se topará con un Congreso (legislativo) muy fragmentado, en el que ninguna de las fuerzas políticas tiene mayoría absoluta”, dijo Solís.
La GANA cuenta con 47 de los 158 diputados en el Poder Legislativo unicameral, seguida por el FRG con 44, la UNE con 32 y el Partido de Avanzada Nacional con 17.
El resto de los legisladores pertenecen a partidos pequeños, como los seis de la izquierdista Alianza Nueva Nación.
”Hay que recalcar que las fuerzas que conformarán el Congreso son expresiones de derecha y que la izquierda ni siquiera puede aspirar a ser un grupo que sirva de mediador”, advirtió Solís.
La GANA, coalición del Partido Patriótico, el Movimiento Revolucionario y el Partido de Solidaridad Nacional, logró superar en la primera ronda a nueve grupos políticos, entre ellos el hasta ahora gobernante FRG, que aspiraba a mantenerse en el poder postulando al ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), acusado de graves violaciones a los derechos humanos.
A juicio de Solís, alcanzar un acuerdo para establecer un nuevo ”pacto fiscal” que mejore la recaudación de impuestos y contribuya a fortalecer la economía será asunto central que debería obtener Berger.
”Es necesaria una discusión seria y rápida sobre la economía, porque en realidad la estabilidad macroeconómica es débil, pero ningún gobierno puede impulsar los cambios en forma solitaria”, admitió.
Para el analista Alvaro Velásquez, uno de los aspectos positivos de la llegada de Berger al poder es la confianza que despierta, como empresario, en inversores nacionales y extranjeros.
Pero Velásquez admitió que al presidente electo, de 56 años, le tocará dar respuesta a cuestiones cruciales como la inclusión social de los indígenas (65 por ciento de la población es de origen maya), la pobreza y el déficit fiscal.
Otro asunto candente es el Tratado de Libre Comercio que Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras negociaron hasta este mes con Estados Unidos y que deberá pasar en los próximos meses por ratificación parlamentaria.
El contenido exacto de los acuerdos permanece aún en secreto, pero ha despertado enormes resistencias en empresarios y campesinos de la región.
Un día antes de que expirara el plazo de las negociaciones, Costa Rica se retiró reclamando más tiempo para analizar su contenido. Berger, al desconocer el tratado, se limitó durante la campaña electoral a sostener que lo respaldará, apuntó Velásquez.
A Velásquez le preocupa que el nuevo partido gobernante no cuente con un plan claro para abatir la pobreza.
”Nunca se dijo de dónde va a salir ese dinero y así sucedió con los grandes asuntos que afectan al país”, manifestó Velásquez.
A su juicio, Berger no puede ignorar, como han hecho las administraciones anteriores, los Acuerdos de Paz de 1996, que pusieron fin a una guerra civil de 36 años.
Las víctimas sumaron 200.000 entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas.
El informe atribuyó al ejército 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos, y tres por ciento a las diversas organizaciones guerrilleras.
Se impone el combate a la impunidad, porque muchos ”violadores de derechos humanos” se encuentran libres y gran parte de ellos no responderán ante los tribunales por los crímenes cometidos durante el conflicto armado, sostuvo Velásquez.
Pero los acuerdos de paz no se limitaron a establecer principios de justicia y reconciliación, sino que apuntaron a resolver las causas de la guerra civil, como la exclusión indígena y la postración agrícola. También preveían la disminución del peso del ejército, la reforma del Estado y de los regímenes impositivos, el resarcimiento de las víctimas y la reinserción de los ex combatientes.
Quedan muchas tareas pendientes para que esta amplia agenda se materialice, opinó Velásquez.
”Las causas fundamentales que dieron origen al conflicto armado en 1960, como (la ausencia de) derechos económicos y sociales de los guatemaltecos, aún no están resueltas”, opinó el activista Orlando Blanco, de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala.
Blanco espera que el nuevo gobierno garantice seguridad a los activistas en la materia, muy retaceada en el período de Portillo.
Pero Blanco prefirió la cautela, pues el presidente electo no ha divulgado políticas claras al respecto.
El activista señala además que Berger no ha dado muestras de interés en reconvertir al ejército, que mantiene un gran poder.
De igual modo preocupa la delincuencia común en el país, uno de los más inseguros de América Latina.
Berger será el sexto mandatario democrático desde 1986, cuando el general Oscar Humberto Mejía entregó la banda presidencial a Vinicio Cerezo (1986-1991).
Le siguieron Jorge Serrano Elías (1991-1993), quien renunció tras un fallido intento golpista, Ramiro de León Carpio (1993-1996), y Alvaro Arzú (1996-2000), en cuyo mandato se alcanzaron los Acuerdos de Paz y se introdujeron reformas democráticas en la Constitución, refrendadas por plebiscito.
Portillo, actual presidente y delfín del dictador Ríos Montt, gobierna desde entonces.
