El drama estará servido si el gobierno español no reflexiona y modera su agresividad, afirmó el socialista Pasqual Maragall ante el parlamento que este sábado lo investirá como presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Maragall respondió así el lunes a la dura reacción del centroderechista gobierno español, encabezado por José María Aznar, respecto de las reivindicaciones nacionalistas e izquierdistas de la mayoritaria coalición de partidos que apoyan su investidura.
Esas organizaciones son el Partido Socialista (PSC), Ezquerra Republicana (ERC. Izquierda Republicana en catalán) e Izquierda Catalana-Verdes (ICV), todas de la nororiental Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
El sábado, tras conocerse que los tres partidos habían alcanzado un acuerdo para constituir el gobierno autónomo, el portavoz del gobierno central, Eduardo Zaplana, afirmó que el contenido de ese pacto "es inconstitucional y se carga la idea de España".
En las elecciones celebradas el 25 de octubre, ningún partido logró mayoría absoluta en el parlamento de 135 integrantes. Convergencia y Unión (CIU), la coalición del nacionalismo moderado que gobierna esa Comunidad Autónoma desde hace 25 años obtuvo 46 diputados.
El Partido Socialista de Cataluña, federado dentro del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue el más votado, pero obtuvo sólo 42 diputados, debido al sistema vigente de representación por zonas.
En consecuencia, ERC, con 23 diputados, se convirtió en la pieza clave necesaria para la designación del gobierno. Así, negoció y pactó con el PSC el apoyo a Maragall para encabezar el Ejecutivo, reservándose a su vez la presidencia del Parlamento Autónomo y la jefatura del consejo de ministros.
Un elemento más que define la alineación del próximo Ejecutivo es la incorporación al acuerdo del minoritario partido Izquierda Catalana-Verdes, que une al ex Partido Comunista con un grupo ecologista.
De esa manera, con CIU y el Partido Popular en la oposición, se pactó el nuevo gobierno, definido por Maragall como "catalanista y de izquierdas".
Esa definición y las medidas anunciadas el lunes por Maragall prometen ser un problema para el gobierno central. Un problema que se suma a la crisis desatada a partir de la reivindicación de más autonomía planteada en el septentrional País Vasco por el gobernante Partido Nacionalista Vasco.
El plan presentado en septiembre al parlamento vasco por el presidente autónomo de esa Comunidad, el nacionalista Juan José Ibarretxe, constituye un proyecto de autodeterminación que va más allá del actual Estatuto de Autonomía y ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el gobierno español.
Por contra, el proyecto de gobierno consensuado para la próxima legislatura catalana por PSC, ERC e ICV defiende una "Cataluña Interdependiente", aunque proclama el respeto a la vigente Constitución española, que acaba de cumplir 25 años.
Cataluña, subrayó Maragall, emprende "un camino de no retorno", que supondrá "la renovación del pacto" con España según "la libre declaración de interdependencia desde la libertad de decisión".
El conflicto, o "drama", previsto por Maragall está planteado, a su entender, por la posición del gobernante Partido Popular, que considera opuesta al diálogo y a la negociación.
Desde Buenos Aires, donde se encuentra de visita y en campaña electoral, Mariano Rajoy, candidato del PP a las elecciones generales previstas para marzo, respondió de inmediato, procurando calmar los ánimos. Si él, como prevé, resulta triunfador y reemplaza a Aznar en el gobierno, "no habrá drama", dijo.
No obstante, devolvió la pelota al tejado del catalanista, al afirmar que "si hay drama será porque el señor Maragall intuye que va a hacer cosas que no son las razonables, lógicas y sensatas".
También advirtió de que, según la Constitución, el gobierno y el parlamento catalanes no pueden decidir por sí mismos el Estatuto de Autonomía, sus competencias y las relaciones con el gobierno central.
En lo esencial, la coalición tripartita se plantea la reforma del Estatuto (equivalente a una Constitución catalana), para lo cual presentaría un proyecto al parlamento a principios de 2005. Posteriormente, si fuese necesario, haría valer la voluntad ciudadana en una consulta popular.
Según Maragall, esa consulta se haría "dentro de la legalidad", si en la tramitación del nuevo estatuto hubiere "dilación indebida, no toma en consideración, impugnación o inadecuación sustantiva", por parte de la administración central.
Es decir que si el gobierno de Madrid demora o entorpece su consideración, el de Cataluña apelaría a la decisión de sus ciudadanos a través de una consulta, que no llegó a definir como referéndum.
En relación con los dos frentes abiertos (País Vasco y Cataluña) respecto de la unidad política de España, Andrés de Blas Guerrero, catedrático de Teoría del Estado, señaló que "el plan Ibarretxe se cierne sobre el escenario catalán" y que éste "no será un camino de rosas", aunque emitió un voto de confianza al líder catalán, al opinar que puede encaminar su gobierno sin romper con el resto de España.
A pesar de afirmar que respetará la legalidad, Maragall sumó su voz a la de otros nacionalistas que reclaman la reforma de la Constitución, una reforma que considera "inaplazable" para que en el Senado español estén representadas como tales las comunidades autónomas, cosa que no ocurre en la actualidad.
Explicó que su Comunidad "quiere una España plural" que la reconozca "como un Estado", una España que defienda "la pluralidad de lenguas y culturas" y que permita la participación directa de sus 17 comunidades autónomas en las instituciones de la Unión Europea.
El nuevo Estatuto que impulsará será "la propuesta más importante que Cataluña hará a España" y promoverá "una renovación del pacto con todos los pueblos de España, de Europa y del mundo", añadió.
Y por si fuera necesario marcar aun más su carácter catalanista, el domingo 14, en un acto histórico que reunió a los partidarios de la nueva coalición que gobernará Cataluña, Maragall se refirió a las relaciones de su partido con el PSOE.
"Las decisiones del PSC se toman en la calle Nicaragua (sede de esa formación en Barcelona, la capital de Cataluña)" apostilló con firmeza.
Acto seguido, y para evitar un choque directo con la "casa central" socialista, Maragall matizó: "Cataluña carece de futuro si no tiene amigos, si no tiene alianzas fuera de Cataluña".
También agradeció al PSOE en su conjunto, y a su secretario general José Luis Rodríguez Zapatero en particular, "la firmeza y la amistad, el proyecto común que compartimos".
Esa diferenciación entre amistad y compañerismo de partido puede ser importante cuando haya que tratar temas en los que Maragall y el PSOE sostengan posiciones diferentes.
La clave de estos saludos está en que el programa de la naciente coalición de gobierno reclama establecer una Agencia Tributaria propia, para disminuir las aportaciones al gobierno central.
Esas aportaciones financian en buena parte los presupuestos de comunidades menos desarrolladas económicamente, como la occidental de Extremadura y la central de Castilla-La Mancha, entre otras.
Otros aspectos programáticos, como la integración de los inmigrantes, también apuntan a cuestiones sociales reivindicadas claramente por ERC. A ese respecto Cristina Zamponi, de la sección catalana de la no gubernamental Federación Estatal de SOS Racismo, dijo a IPS que tienen esperanzas de que a corto plazo se concreten las promesas electorales.
"No solamente para los inmigrantes, sino para la sociedad en general, en materia de vivienda, sanidad y educación", apuntó. ***** +SOS Racismo (http://www.sosracisme.org) +PSC (http://www.psc.es) +ERC (http://www.esquerra.org) (FIN/IPS/af/mp/ip/03)
