En pocos días la sociedad costarricense se vio estremecida por lo que podría convertirse en una tendencia peligrosa: el uso de sicarios para asesinar personas, en este caso periodistas.
La periodista Ivannia Mora, de 32 años, fue herida de bala en Curridabat el 23 de diciembre cuando viajaba en su automóvil, y murió poco después en el hospital Calderón Guardia, el mismo en el que falleció en julio de 2001 su colega Parmenio Medina Pérez, tras ser baleado por sicarios, según pudo establecer la justicia.
Cuatro días después de la muerte de Mora, las autoridades arrestaron a un sacerdote católico y un empresario, acusados de pagar por el asesinato de Medina Pérez con el fin de acallar sus informes, que los perjudicaban.
Mora, quien viajaba con su compañero de trabajo Henry Bastos, trabajaba para la nueva revista Summa Internacional, de la empresa Credomatic, y se especializaba en el área económica.
Apenas semanas antes, Mora había dejado otra revista especializada, Estrategia y Negocios, propiedad del empresario uruguayo Eugenio Millot, detenido por orden de la fiscalía el jueves 25, como sospechoso de autoría intelectual de la muerte.
Según el fiscal general de la República, Francisco Dall'Annese, la orden de prisión preventiva de tres meses contra Millot se libró para evitar que abandonara el país, y la detención se efectuó en el aeropuerto Juan Santamaría, donde éste se aprestaba a viajar a Uruguay.
Rumores indicaron que Mora tuvo diferencias con Millot que la llevaron a abandonar la revista y preparar el lanzamiento de Summa, destinada a convertirse en medio competidor.
Mora había trabajado para el Semanario Universidad, la agencia internacional de noticias IPS, el diario La República y el semanario El Financiero, perteneciente al grupo empresarial del diario La Nación.
Aunque las autoridades no han logrado precisar el móvil del crimen, sí descartan la hipótesis de un acto de delincuencia común. Pero no se atreven a sostener que se tratara de un intento de silenciar su trabajo de informar. En cambio, manejan entre otras posibilidades una venganza o ajuste de cuentas.
Para el Colegio de Periodistas de Costa Rica, la ”institucionalización del sicariato” contra trabajadores de la información pasó de posibilidad a realidad.
”Pedimos vehementemente a las autoridades policiales y judiciales actuar sin dilación para que los sicarios no se burlen, una vez más, de la justicia costarricense”, puntualizó el Colegio en un comunicado.
La muerte por encargo es común en otros países latinoamericanos, como Colombia, donde se emplea tanto para saldar cuentas personales como para silenciar a periodistas, activistas y sindicalistas. Pero Costa Rica permaneció hasta ahora ajena al fenómeno.
”No es posible la libertad de prensa y de expresión si los comunicadores y ciudadanos no cuentan con la protección de sus vidas y con un marco jurídico que proteja y promueva esos derechos fundamentales”, añadió el Colegio.
Este año, cinco cronistas fueron asesinados en Colombia, según el informe de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés). El último fue William Soto Cheng, muerto el 18 de diciembre en el puerto colombiano de Buenaventura.
El 27 de noviembre fue asesinado en Honduras de un tiro en la cabeza Germán Antonio Rivas, de 45 años, minutos antes de que iniciara la presentación de un programa de noticias del Canal 7, de su propiedad.
Costa Rica no aparecía en el registro de crímenes de comunicadores de la IFJ, que contó este año 83 muertos, 12 más que en 2002. Según la IFJ, las coberturas de la guerra de Estados Unidos contra Iraq y de los conflictos internos colombiano y filipino fueron las más riesgosas.
El sábado, el fiscal Dall'Annese ordenó la captura del sacerdote católico Minor de Jesús Calvo y del empresario Omar Chaves, presuntos autores intelectuales del crimen del colombiano Medina, de 62 años y con 30 de residencia en Costa Rica.
La justicia penal dictó prisión preventiva de seis meses contra Calvo y Chaves, basada en testimonios de uno de los intermediarios que contrataron a los asesinos, tras infructuosos intentos de silenciar a Medina que incluyeron la oferta de dinero.
Medina, productor del programa radial La Patada, había desarrollado una amplia investigación sobre la radioemisora María de Guadalupe -patrocinada por la Iglesia Católica, propiedad de Chaves y dirigida por Calvo-, en los que expuso manejos financieros dudosos de la emisora y conducta sexual impropia del sacerdote.
Los reportajes comenzaron en septiembre de 1999 y continuaron hasta 2001. El entonces arzobispo de San José, Román Arrieta Villalobos, se vio obligado a cerrar la emisora y separar a Calvo del ejercicio del sacerdocio.
En julio de 2001, Medina fue muerto en San Luis de Santo Domingo de Heredia, a ocho kilómetros de la capital.
En la investigación posterior, la fiscalía estableció que la emisora habría recaudado entre 400.000 y 800.000 dólares de donaciones de creyentes, la mayoría pobres, y que esos recursos no fueron administrados correctamente.
Según el expediente, el juez penal Víctor Manuel Mora se basó en el testimonio del imputado colombiano John Gilberto Gutiérrez, quien sostuvo que Calvo y Chaves financiaron el asesinato de Medina a través de sicarios costarricenses, procurados por él mismo y por Jorge Castillo Sánchez, también procesado, informó el periódico Al Día.
Los abogados defensores de Calvo y Chaves, Moisés Vincenzi y Ulises Calderón, aseguraron que sus clientes eran inocentes y que lograrían demostrarlo una vez que se inicie el juicio, que aún no tiene fecha fijada.
Mientras, el Frente Ciudadano contra la Impunidad, que agrupa a representantes de la sociedad civil, saludó las medidas del fiscal Dall'Annese.
Sólo con una respuesta inmediata y comprometida de las autoridades de justicia podrá evitarse que se abra la puerta para que los crímenes que atentan contra la prensa queden en la impunidad, sostuvo el Frente.
