Vamos a exterminar a la Corte Suprema de Justicia, había sentenciado en mayo, antes de asumir su cargo, el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. Su arremetida concluyó este viernes con la destitución de dos de los seis ministros cuestionados. Los cuatro restantes ya habían renunciado.
Aunque la frase de Duarte Frutos no habla muy bien de la independencia de poderes, la Corte Suprema de nueve miembros estaba sumida en un gran desprestigio por acusaciones de corrupción.
Los jueces cesados son Carlos Fernández Gadea y el presidente del tribunal, Bonifacio Ríos Avalos. Ambos fueron declarados culpables tras culminar en el Senado un proceso de juicio político iniciado en noviembre en la Cámara de Diputados, que se constituyó en parte acusadora.
Para evitar la destitución, otro de los magistrados procesados, Luis Lezcano Claude, presentó este viernes su renuncia antes de que comenzara a sesionar el Senado.
A fin de esquivar el juicio, similar decisión adoptaron a fines de octubre Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada y, a principios de este mes, Felipe Santiago Paredes.
Así, el tribunal de nueve miembros queda con seis lugares vacantes, según lo pactado por la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR, más conocida como Partido Colorado) con la oposición parlamentaria.
En 45 legisladores, 44 votaron la destitución de Fernández Gadea y 43 la de Ríos Avalos, por violar la Constitución, interferir en funciones del Poder Legislativo, observar mal desempeño y cometer actos de corrupción.
Los restantes magistrados -Wildo Rienzi, Víctor Núñez y Antonio Fretes- fueron excluidos del proceso por haber ingresado recientemente al cuerpo y merced al acuerdo político de Duarte Frutos con la oposición.
En su nota de dimisión, Lezcano Claude afirmó que no le quedaba otra alternativa, puesto que se vio sometido a un arbitrario e injusto proceso y resultó víctima de un espurio pacto político.
Aniquiladas (por la defensa) las acusaciones presentadas por los diputados, la decisión que adopte la Cámara de Senadores no podrá estar fundada de manera seria y responsable. No podrá apoyarse en argumentos jurídicos ni tan siquiera en argumentos lógicos y aceptables, agregó.
La cuestión del acuerdo fue señalada también por el analista judicial Rodney Smidbauer en diálogo con IPS. Está claro que terminó imponiéndose el acuerdo político impulsado por el Poder Ejecutivo y sostenido por la oposición, dijo.
En su opinión, el verdadero ganador es Duarte Frutos. Cuando asumió el gobierno en agosto dijo que antes de fin de año iba a lograr las vacantes que permitiesen renovar el tribunal. Ahora que lo logró, queda en una posición política inmejorable, añadió.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo deberá tener extremo cuidado en el proceso de renovación para evitar el ingreso a la Corte Suprema de jueces poco idóneos, si lo que de verdad se busca es sanear el Poder Judicial, advirtió.
Ahora se verán las verdaderas intenciones del sector político y bastará con mirar de cerca a los (candidatos) que sean propuestos por los diversos partidos, subrayó.
Según la Constitución, el Consejo de la Magistratura debe seleccionar una terna de candidatos por cada vacante. Tras la votación del Senado, el presidente debe confirmar al seleccionado. Pero no está previsto un mecanismo en caso de que no haya acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el parlamento.
Ya se generaron las vacantes en la Corte. Ahora, el peligro es que las designaciones se traben por una puja entre el Ejecutivo y el Legislativo, dijo Smidbauer.
La conclusión del proceso fue un gran logro para el gobierno, ya que éste tomó como tarea fundamental devolver seguridad jurídica a los ciudadanos, opinó el vicepresidente Luis Castiglioni.
Los paraguayos van a poder contar nuevamente con una justicia confiable, previsible y van a poder acudir a ella sin ningún tipo de prejuicios. Realmente es un gran día para la justicia, el gobierno y la ciudadanía, agregó.
El camino hacia los cambios en el máximo órgano judicial se trazó en octubre, cuando Duarte Frutos logró el apoyo de 36 de los 40 diputados de su partido para que el parlamento iniciara el procedimiento constitucional contra seis magistrados cuestionados.
La acusación, redactada por un grupo de legisladores, fue presentada por la cámara baja al Senado a principios de noviembre e incluía 20 cargos, entre ellos atentado a la Constitución, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En el proceso se desestimaron 14 acusaciones tras ser escuchados los alegatos de la defensa de cada uno de los imputados.
Según analistas, la marcada reducción de los cargos fue un recurso de los parlamentarios para acelerar el proceso, pues quedaron firmes las acusaciones suficientes para la destitución.
El juicio político corrió peligro en dos oportunidades. La primera, cuando los diputados del opositor Partido Unión Nacional de Colorados Eticos (Unace), que responden al general golpista exiliado en Brasil Lino Oviedo, rechazaron el acuerdo con el gobierno pues querían enjuiciar a los nueve magistrados.
Por otro lado, los abogados defensores de los tres ministros alegaron que el reglamento del juicio redactado por los senadores era inconstitucional, pues una de sus cláusulas prohibía presentar apelar ante el Poder Judicial.
Este recurso de la defensa no prosperó, pues al ser elevado a la sala constitucional de la Corte, ésta no pudo integrarse con suplentes de la Cámara Penal, pues todos los sorteados se inhibieron de actuar.
Paraguay no es el único país de América del Sur donde el fantasma de la corrupción ronda a los jueces. Tampoco el único en que el parlamento interviene mediante procedimientos constitucionales en la integración del máximo tribunal.
En Argentina, varios magistrados están sujetos a juicio político en el Congreso legislativo, un proceso impulsado por el presidente Néstor Kirchner.
La semana pasada se produjo una cuarta vacante en la Corte Suprema de ese país, cuando el Senado destituyó al ministro Eduardo Moliné O'Connor, hallado culpable de dos de las nueve acusaciones en su contra tras un proceso de dos meses.
Desde la asunción de Kirchner en mayo, los legisladores reactivaron varios juicios contra magistrados empantanados en el Congreso, para terminar con la denominada mayoría automática que el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) había logrado imponer en el máximo tribunal, acusado de amparar actos gubernamentales corruptos y de practicarlos.
Julio Nazareno, presidente del cuerpo, fue el primero de los renunciantes para evitar un proceso en su contra. Kirchner aceptó la semana pasada la dimisión de Guillermo López, presentada tras el inicio de un proceso en la Cámara de Diputados.
