La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al estado de Brasil por la muerte de 18 presos en un motín ocurrido en febrero de 1989 en una cárcel de Sao Paulo y por el deficiente proceso de investigación del caso y la falta e condena a sus autores. El tema será elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque Brasil, presionado por entidades humanitarias, reconoció su jurisdicción y se sometió a la decisión de esa Corte en 1998.
