Hace 16 años que un pistolero acribilló al diputado izquierdista Edmundo Salazar en la central ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, y el caso sigue sin aclararse, pero el asesinato allí de la hija de una diplomática estadounidense fue resuelto en seis días, tras causar gran indignación popular.
La joven Yessica Nicol Borda Berlín, de 24 años, murió a manos de dos asaltantes con historial delictivo, mientras trataba de evitar el robo del automóvil en el que retornaba a su hogar junto a dos acompañantes, en la madrugada del 23 de noviembre. El caso se convirtió en una interpelación pública a la ineficacia policial contra los asesinatos, los atracos armados y el robo de vehículos.
La madre de la víctima, a quien su representación diplomática no quiso identificar, participó de una marcha de protesta contra la inseguridad ciudadana que obligó a una intervención inmediata del gobierno, mediante el desplazamiento de un contingente de uniformados desde La Paz a Santa Cruz, que están a una distancia de 1.000 kilómetros, para frenar la ola de delincuencia.
Una operación de las fuerzas de seguridad consiguió atrapar a Franz González González y Carlos Banegas, quienes admitieron su participación en el atraco y asesinato, pero eso fue excepcional en una ciudad azotada por el robo de vehículos y el pedido de rescate por ellos, dirigidos, según el gobierno, por reclusos que cumplen sentencias en la cárcel de Palmasola.
Mediante teléfonos celulares y gracias a la tolerancia policial, esos presos dirigen a quienes roban vehículos y piden altas sumas de dinero para devolverlos.
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene un millón de habitantes, y sólo 2.500 policías están encargados de su seguridad. Las oportunidades de empleo llevaron hacia ella corrientes migratorias internas y de países vecinos como Perú y Brasil.
La región de esa ciudad es un centro de actividades agroindustriales, exporta materias primas y productos terminados, y aporta 30,6 por ciento al producto interno bruto boliviano.
Sin embargo, un informe de empresarios privados cruceños indicó que 771.200 personas, o sea 38 por ciento de la población, viven en la pobreza, y atribuyó ese fenómenos al acelerado crecimiento demográfico causado por la migración, que dificulta la dotación de servicios de salud, educación y saneamiento básico.
Según estadísticas de la Policía Técnica Judicial, en los primeros seis meses del año hubo en Santa Cruz 4.775 delitos, el doble de los registrados en La Paz y El Alto, dos urbes muy cercanas entre sí que son las más pobladas y suman más de 1,5 millones de habitantes.
El ministro del Interior, Alfonso Ferrufino, que asumió el 18 de octubre, busca desarticular a los clanes del penal y ordenó el traslado de 17 reos considerados peligrosos desde la zona tropical de Santa Cruz a la fría cárcel paceña de Chonchocoro, a 3.900 metros sobre el nivel del mar.
También fueron llevados esa prisión de máxima seguridad 12 de reclusos que estaban en la cárcel del Abra, de la ciudad de Cochabamba, a 400 kilómetros de La Paz.
Uno de los trasladados a Chonchocoro fue hallado muerto en su celda, con claros signos de haber sido asesinado. La policía no tiene una explicación sobre lo sucedido.
Ferrufino, sociólogo y ex parlamentario de militancia izquierdista, aseguró que los funcionarios involucrados en delitos cometidos por las bandas de asaltantes y ladrones de vehículos tienen los días contados en la institución policial.
El ministro prometió una estricta aplicación de las normas para responder a las expectativas de la población y poner fin al encubrimiento de los delitos cometidos por policías.
Por otra parte, el policía de bajo rango José Luis Mamani inició esta semana una huelga de hambre para pedir que se investigue a la jerarquía uniformada del sureño departamento de Potosí, a la cual acusa de apropiación de recursos destinados a la alimentación y la compra de combustible.
En la ciudad de Cochabamba, la tercera en número de habitantes, la unidad policial especializada contra los ladrones de vehículos está integrada por sólo 12 funcionarios, que ni siquiera disponen de un automóvil y se limitan a recibir en promedio cinco denuncias diarias, según una asociación de víctimas.
El director de la Asociación Boliviana de Aseguradores, José Luis Camacho, piensa que hay policías involucrados en los atracos y robos de automóviles en Santa Cruz de la Sierra.
Lo hemos denunciado hace tiempo. Lamentablemente, dentro de la policía también existe una mafia organizada que debe abandonar la institución, afirmó.
Según un informe de las aseguradoras, el pasado año fueron robados 298 vehículos, se recuperaron 131 y esas compañías pagaron un millón y medio de dólares para compensar a víctimas de esos delitos. (
