Cobran fuerzas en Venezuela las acusaciones recíprocas entre el gobierno y la oposición sobre planes para instaurar la violencia con vistas a la recolección de firmas con la meta de poner a referendo el mandato presidencial de Hugo Chávez.
La campaña en busca de las rúbricas necesaria para convocar un referendo contra Chávez, prevista para fines de este mes, ”es un engaño, un parapeto de la oposición para tomar las calles y montar otro golpe (de estado) como el del 11 de abril (de 2002)”, dijo el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz.
La declaración de Istúriz fue apoyada con una denuncia, ratificada este miércoles, de un plan para provocar violencia, presentada junto al vicepresidente, José Vicente Rangel, y otros políticos ante delegados en Caracas de las tres entidades que propiciaron el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Precisamente, poner en juego la permanencia de Chávez en el gobierno a través de un referendo, como prevé la Constitución, fue acordado entre las partes en el acercamiento auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el estadounidense Centro Carter para la Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El escrito gubernamental entregado a esas representaciones afirma que ”opositores, que han perpetrado actos de terrorismo con explosivos contra oficinas diplomáticas extranjeras e instalaciones militares, pretenden convertir el referendo en una oportunidad para volver a atentar contra la democracia”.
Parlamentarios afines a Chávez han acusado a la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) de conspirar junto a opositores radicales para desestabilizar la democracia. El embajador estadounidense en Caracas, Charles Shapiro, negó la especie con un venezolanismo: ”Eso es pura paja (habladurías)”.
Por su parte, el presidente de la socialdemócrata Acción Democrática, Jesús Méndez, aseguró que el oficialismo ya encargó a grupos de seguidores suyos que desaten acciones de violencia en zonas clave de Caracas, y dijo que hasta les había entregado camisas y gorras distintivas de las fuerzas opositoras para confundir.
”El gobierno pretende acusar a la oposición de acciones violentas” durante los días de recolección de adhesiones, ”para crear confusión y ahuyentar a los millones de personas que irán a firmar”, sostuvo del líder del principal partido de oposición.
El gobierno y la coalición opositora Coordinadora Democrática pactaron el 29 de mayo, bajo la batuta del secretario general de la OEA, César Gaviria, conducir la crisis política del país hacia una salida electoral, apelando para ello a la figura de referendo revocatorio de los mandatos de los cargos elegidos en las urnas.
La Constitución establece que el mandato presidencial, como el de Chávez de 2000 a 2006, puede ser puesto a consideración de la ciudadanía a través de una consulta, que debe ser pedida por al menos 20 por ciento del padrón electoral, es decir que en esta oportunidad hacen falta más de 2,4 millones de firmas.
También se estipula en la ley fundamental que el presidente será despojado del cargo sólo si los votos en ese sentido superan a los que permitieron investirlo, por lo cual la oposición necesita juntar al menos 3,8 millones de sufragios en contra de Chávez en caso de que finalmente se habilite el referendo.
Pero la Coordinador Democrática planteó también poner a referendo el mandato de parlamentarios oficialistas, al igual que seguidores de Chávez lo hicieron con homólogos de la oposición, todos los cuales integran una Asamblea Nacional donde se reparten casi por igual los 165 escaños existentes.
El Colegio Nacional Electoral decidió que los partidarios de Chávez recojan firmas del 21 al 24 de este mes y que la oposición lo haga entre el día 28 y el 1 de diciembre. En razón de ello, se calcula que, de alcanzarse el mínimo de adhesiones, las consultas se concreten entre marzo y abril.
Así, a medida de que se aproxima la fecha para recoger las adhesiones crece la disputa entre las partes.
En ese marco, Chávez apuntó el martes que ”la oposición va a tratar de montar un show televisivo, y dirán que recogieron cinco o seis millones de firmas, muchas más que los votos que se requerirían para revocarme el mandato, y que Chávez tiene que irse inmediatamente”. ”Eso es lo que están preparando”, afirmó.
En tanto, Rangel dijo que ”la conspiración opositora” como la ”del 11 de abril de 2002 (cuando un movimiento cívico-militar desplazó a Chávez del gobierno por 47 horas) no se va a repetir, porque el pueblo y la fuerza armada no lo permitirán”.
El mandatario y líderes oficialistas divulgaron grabaciones de conversaciones telefónicas entre dirigentes empresariales y sindicales, en las que se escucha planificar una nueva huelga general a ser convocada después de la recolección de firmas, como supuesto preámbulo de un nuevo alzamiento contra el gobierno.
Pero la oposición sostiene que las denuncias gubernamentales son maniobras de distracción ante lo que entienden una segura victoria del referendo revocatorio.
”El triunfo es absolutamente inevitable. Venezuela va a un cambio de gobierno el próximo año”, dijo a corresponsales extranjeros el aspirante presidencial Henrique Salas.
También la oposición ha pedido el contralor del proceso electoral a representantes de la OEA, el PNUD y del Centro Carter, entre otros, por temor a supuestos manejos irregulares.
”Hay un clima de desconfianza”, y ”pueden haber actos de terrorismo político selectivo, otras acciones desesperadas o un viraje de última hora hacia una salida diferente”, indicó Salas. (
