Un joven chef con retardo mental que ganó 100 medallas en natación, un establecimiento de lavado de vehículos atendido por sordos o un muchacho con síndrome de Down que da clases de educación física muestran el éxito en Venezuela de experiencias de inserción laboral de discapacitados.
Queda, sin embargo, un largo camino por recorrer antes de que el ánimo de esas experiencias se traduzca en una práctica generalizada en el Estado y las empresas.
Ricardo Enrique, de 22 años, hizo exigentes cursos de cocina y labora como repostero en un exclusivo restaurante del este caraqueño. Trabajo sólo con postres para cuidar las manos, porque si me quemo puedo quedar fuera de las pruebas de natación, señaló, mientras ofrecía al periodista un exquisito platillo de su invención.
Impecablemente uniformado, Ricardo recibió a los comensales de una cena en busca de fondos para acudir a los juegos para- panamericanos de Buenos Aires, este diciembre. Mi meta es ir a los Paralímpicos de Grecia, en septiembre de 2004, dijo el joven, cuya edad mental es uno 12 años según su entrenador, Waldon Parra.
Cada vez más taxistas de Caracas acuden para lavar sus automóviles a un establecimiento en el centro de la ciudad, donde consiguen mejores precios y cuya plantilla de trabajadores está integrada exclusivamente por sordos.
Los recluté en una plaza cercana, donde se reunían a pasar las horas sin nada que hacer, pues nadie les daba empleo, contó a IPS el propietario de ese establecimiento, Johnny Díaz.
Son trabajadores formidables, esforzados por la calidad, muy responsables, comentó.
En un país azotado por el desempleo abierto, que es en la actualidad 18 por ciento, estos operarios trabajan con mucho orgullo, con su estima muy elevada porque pueden ayudar a sostener sus hogares y algunos han retomado sus estudios. No tengo ningún trato caritativo, hacen una labor, cobran según la ley, y listo, resumió Díaz.
En el occidental estado de Mérida, una firma embotelladora de agua mineral emplea a jóvenes con síndrome de Down, y algunos establecimientos de comida rápida en Caracas han hecho otro tanto, para el empaquetado de hamburguesas.
Una experiencia semejante se desarrolla en los centros de enseñanza preescolar Hipopótamo y Las Lomitas, en el residencial sureste caraqueño. Allí Alberto, de 21 años de edad y afectado por el síndrome de Down, es asistente en las clases de educación física a los párvulos.
Alberto trabaja las áreas de motricidad gruesa combinadas con juegos, conoce a todos los niños, irradia felicidad y ha emergido como un líder para los pequeñines, contó a IPS la propietaria de los planteles, Elisa Nadal.
El joven labora en total tres días a la semana y es todo sonrisas el día en que religiosamente cobra su paga.
En Venezuela, de 24 millones de habitantes, alrededor de 1,4 millones son personas con discapacidades, informó a IPS Lenín Molina, presidente del estatal Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas (Conapi).
La Constitución que se dio el país en 1999 reconoce que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, y ordena al Estado garantizarle la equiparación de oportunidades y condiciones laborales satisfactorias, así como promover su acceso al empleo.
Ha sido un gran avance para que los discapacitados sean ciudadanos y no una suerte de chatarra social, dijo Molina, pero todavía estamos atascados en la instrumentación de ese precepto constitucional, en las empresas privadas y estatales.
El presidente del Conapi se desplaza en una silla de ruedas, tras sufrir de joven un accidente que dañó su médula espinal, es psicólogo social, lleva 30 de labor docente en la escuela de periodismo de la Universidad Central y es directivo de la red iberoamericana de organizaciones no gubernamentales de y pro personas con discapacidad.
La primera y gran tarea que tenemos por delante es de concientización, fundamentalmente de los empleadores, apuntó. En general, la empresa privada no tiene disposición hacia este sector y compra toda la 'literatura' de términos que disminuyen, como minusválidos o inválidos.
Falta una política coherente del Estado, de generar empleo para las personas con discapacidades, a pesar de que desde 1993 existe una ley según la cual toda empresa o instalación con más de 100 trabajadores debe incorporar al menos dos por ciento de empleados con esa condición, destacó Molina.
No es un problema particular de Venezuela, según el dirigente, pues ningún país de la región, con la excepción de Cuba, cumple las disposiciones que la Organización de las Naciones Unidas dictó el año 2000 sobre homologación de oportunidades para personas con discapacidad.
El Conapi desearía que estableciéramos, como en España por ejemplo, normas de obligatorio cumplimiento para las empresas. Por un lado, con sanciones si violan la ley, y por otro, con incentivos fiscales y rebajas efectivas de impuestos a medida que apliquen y desarrollen esas normas, agregó el experto.
Ese Consejo discute con el Ministerio del Trabajo para establecer programas de promoción del empleo para discapacitados y un centro de formación para el trabajo de personas en esa condición, a través del estatal Instituto de Cooperación Educativa, que prepara mano de obra calificada.
El país atraviesa una situación difícil, ya que el producto interno bruto decreció ocho por ciento en 2002 y se prevé que caerá cerca de otro 12 por ciento este año, pero Molina es optimista, pues hay señales de reactivación para 2004.
Dentro de uno o dos años habremos puesto a punto la legislación y los programas para promover la inserción laboral de personas con discapacidades, pronosticó. (
