La acusación para iniciar juicio político a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay fue presentada este lunes en el parlamento. En más de 20 delitos, se incluyen atentado a la Constitución, asociación criminal y lavado de dinero.
El texto acusatorio fue ingresado a la Cámara de Diputados por el grupo de legisladores encargados de redactarlo, encabezados por el opositor Rafael Filizzola, jefe del bloque del partido socialdemócrata País Solidario.
Los ministros Carlos Fernández Gadea, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes y Bonifacio Ríos Avalos, presidente del desprestigiado tribunal, deberán afrontar el proceso acordado una semana atrás por el mandatario Nicanor Duarte Frutos y líderes de la oposición con representación parlamentaria.
Otros dos jueces del tribunal de nueve integrantes, Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada, renunciaron el lunes pasado para eludir el juicio.
Los antecedentes deben ser remitidos posteriormente al Ministerio Público, para que los magistrados sean investigados por la fiscalía de turno, señala el documento acusatorio.
Según el texto, la Corte Suprema ha violado la Constitución Nacional y las leyes, ha atentado contra el principio de la división y equilibrio de poderes, ha abusado de su poder ejerciéndolo de forma arbitraria y contraria al ordenamiento legal y ha vulnerado la vigencia del estado de derecho y quebrado la institucionalidad de la República.
Los jueces son acusados de atribuirse potestades constitucionales expresamente reservadas al Poder Legislativo, con grave afectación del equilibrio de poderes consagrado en el artículo 3 de la Constitución y que constituye el hecho punible de atentado contra el orden constitucional, prosigue el texto.
Se menciona asimismo la comisión de delitos de prevaricato, asociación criminal, usurpación de funciones públicas, exacción, lesión de confianza, lavado de dinero, producción de documento público de contenido falso, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos vinculados.
En los últimos dos años se dio un notorio deterioro en la imagen de la Corte Suprema por hechos relevantes en los que estuvieron involucrados los ministros del tribunal, dijo a IPS el analista judicial Rodney Smidbauer, abogado y periodista.
Muchos de esos escándalos forman parte del texto presentado.
Tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en marzo de 1999 y las protestas masivas que precipitaron la dimisión del presidente Raúl Cubas, la Corte estableció, en abril del mismo año, que el entonces presidente del Congreso legislativo, Luis González Macchi, debía completar el mandato de Cubas hasta agosto de 2003.
Pero según varios juristas, la Constitución establece que ante doble acefalía (ausencia del presidente y del vicepresidente) corresponde el llamado a elecciones presidenciales anticipadas.
Según el diario ABC Color, miembros de la Corte intentaron, en forma ilegal según dictamen de la Procuraduría, apoderarse en junio de 2002 de un avión capturado en una operación contra una banda de narcotraficantes.
Más de 600.000 dólares del presupuesto del cuerpo fueron utilizados por la Corte para reparar la aeronave. Luego del escándalo, el avión fue entregado en custodia al magistrado de primera instancia que intervino en el caso.
Un grupo de empresas constructoras presentó ante el Tribunal de Cuentas, a comienzos del año pasado, una denuncia contra la Corte, acusándola de fraude en una licitación para la construcción de un ala del nuevo Palacio de Justicia de Asunción.
La demanda fue retirada más tarde, sin explicaciones de sus promotores. Finalmente la Corte llamó a un nuevo concurso.
En otro polémico paso, los ministros del máximo organismo judicial se declararon inamovibles en mayo de 2000, un fallo también inconstitucional.
En febrero de este año, los miembros de la Corte resolvieron un aumento de sus salarios, mediante una bonificación mensual de casi 800 dólares mensuales por la responsabilidad de sus cargos.
Por otro lado, no se puede desconocer que en la Corte hay bloques de poder, con ministros que apadrinan a equipos de abogados para lograr resoluciones judiciales importantes en casos denominados 'gordos' de los fueros civil y penal, añadió Smidbauer.
No creo que haga falta el acuerdo político para el juicio, ya que conforme a las pruebas documentales presentadas y a los testigos con los que cuenta la acusación, los hechos alcanzan para destituir a los ministros, puntualizó el especialista.
El proceso continuará el miércoles, cuando en sesión extraordinaria la Cámara de Diputados dé ingreso oficial a la acusación, que será estudiada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El dictamen de la Comisión será sometido luego a consideración del plenario de diputados. Se requiere una mayoría de dos tercios de los presentes para que el juicio siga su curso.
En este caso, la Cámara de Diputados se transforma en acusador. Una vez que se apruebe el libelo, el proceso continúa en el Senado, donde se desarrollará específicamente el juicio político, explicó el representante Filizzola, de País Solidario.
Como la Constitución no permite un juicio conjunto, cada uno de los cuatro ministros deberá responder por algunos de estos cargos. El orden aún no está definido, pero fuentes parlamentarias indicaron a IPS que podría resolverse por sorteo.
Pero la bancada del centroderechista y opositor movimiento Patria Querida pretende que el proceso se inicie por el ministro Ríos Avalos, presidente del máximo tribunal.
El diputado Sebastián Acha, de Patria Querida, dijo que por ser un órgano colegiado, los ministros de la Corte tienen responsabilidades solidarias.
Y explicó, por ejemplo, que en la Sala Constitucional compartida por Fernández Gadea y Lezcano Claude, se dieron fallos aberrantes.
Los otros tres jueces del máximo tribunal, Wildo Rienzi, Víctor Núñez y Antonio Fretes, no fueron incluidos en el proceso por ser los más nuevos en ingresar al cuerpo, y merced al acuerdo político de Duarte Frutos con la oposición.
El mandatario volverá a reunirse esta semana con los dirigentes opositores y con senadores y diputados oficialistas, para aunar criterios sobre el proceso.
Herminio Cáceres, presidente de la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR, más conocida como Partido Colorado) dijo que la intención de Duarte Frutos es unificar las posturas dispares de los sectores políticos sobre la cuestión.
