El tono amargo y escéptico de Rosario Ibarra, emblema en México de la lucha contra la impunidad que rodea a la llamada guerra sucia de los años 60 y 70, mudó a cauto optimismo luego de que la justicia decidiera que los delitos de secuestro y desaparición de personas no prescriben.
Aunque es tardía, la resolución nos da aire y esperanzas a quienes hemos luchado por más de 25 años para que sean castigados los responsables de tanta tortura, asesinato y desapariciones, dijo Ibarra a IPS.
En un hecho calificado de histórico por organizaciones humanitarias, la Corte Suprema de Justicia de México resolvió el miércoles por la tarde que los secuestros y las desapariciones forzadas de personas son delitos que no prescriben con el tiempo, como ocurre con otros caso penales, como el asesinato.
El fallo anuló una decisión emitida por un juez de menor jerarquía, quien con el argumento de la prescripción se negó a enjuiciar a dos ex jefes de la Dirección Federal de Seguridad acusados de secuestrar y hacer desaparecer en 1975 a Jesús Piedra, hijo de Ibarra.
La Corte dio un gran paso contra impunidad, pero es apenas el primero y lo tomamos como un mensaje claro para todas y todos lo que perdimos a familiares en la guerra sucia, señaló Ibarra, quien lleva un cuarto de siglo reclamando a las autoridades por su hijo.
Diversas investigaciones aseguran que en las décadas del 60 y del 70 e inicios de los años 80 fueron detenidas y desaparecidas más de 500 personas que desde diferentes trincheras se oponían a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agrupación que estuvo en el poder desde 1929 hasta 2000.
Yo no creeré en la justicia hasta que Jesús aparezca vivo. Sin embargo, lo que resolvió la Corte me impulsa a seguir, me genera algo de optimismo, declaró Ibarra.
Esta mujer de 76 años, menuda y de rostro arrugado lidera Eureka, una organización no gubernamental que reúne a madres que demandan se aclare la desaparición de sus familiares.
Su incansable activismo la llevó a ser postulada al Premio Nobel de la Paz, candidata por partidos de izquierda a la presidencia y a ser legisladora en dos ocasiones.
Ibarra siempre se ha mostrado desconfiada de las promesas que diferentes gobiernos le hicieron para aclarar el caso de su hijo y no abandona el tono acusativo contra la autoridades.
Además, rechazó varias invitaciones que le hizo el gobierno de Vicente Fox para colaborar con las investigaciones de la llamada guerra sucia.
Fox, el primer presidente ajeno al PRI en siete décadas, creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuyo objetivo central es aclarar las violaciones a los derechos humanos cometidos por anteriores gobiernos contra opositores.
Esa fiscalía es un fraude al servicio del presidente Fox. Nosotros no acudimos a ella para nada, no creemos en su trabajo, pues sólo sirve al presidente como una medida propagandística. Ya no queremos que nos engañen y se burlen de nuestras peticiones, dijo Ibarra.
No obstante lo señalado por la activista, fue precisamente la Fiscalía la que pidió a un juez consignar a dos ex jefes de policía de los años 70 por la desaparición del hijo de Ibarra, lo cual no lo consiguió en un primer momento, pues el magistrado usó el argumento de la prescripción.
Insatisfechos con esa resolución, la Fiscalía presentó entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia, la que finalmente resolvió que los presuntos culpables sí pueden ser juzgados.
La decisión es histórica, pues abrió una vía para que sean procesados los responsables de la desaparición de por lo menos 500 opositores políticos de izquierda en México, señaló la organización internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Ese grupo humanitario señaló en julio que el presidente Fox no está cumpliendo con su promesa de aclarar la guerra sucia y castigar a los culpables. Además, denunció que la Fiscalía respectiva no recibe apoyo ni recursos suficientes de parte del gobierno.
Tras la denuncia, el titular de la Fiscalía, Ignacio Carrillo, declaró a medios de comunicación locales que el gobierno tenía la obligación de apoyarlo con más recursos, pues de lo contrario su trabajo fracasaría.
El gobierno federal debe tener muy en cuenta, revisar muy bien el lugar que ocupa (la Fiscalía) en su lista de prioridades y, en consecuencia, establecer inequívocamente qué lugar le merece en ese orden de prioridades, expresó Carrillo.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cuenta este año con un presupuesto de poco más de 300.000 dólares, 200.000 menos que en 2002. Con ese dinero paga a 60 investigadores, tres abogados, 15 funcionarios de apoyo administrativo, cuatro comunicadores y cinco historiadores.
Con la última resolución de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía volvió a los primeros planos y según supo IPS se alista a entregar a los jueces pedidos para enjuiciar a casi 400 ex funcionarios de los gobiernos del PRI, señalados como responsables de diferentes delitos durante la guerra sucia.
Además, solicitó a las víctimas de la represión entregar datos y pruebas para poder afinar los expedientes contra el ex presidente mexicano Luis Echeverría (1970-1976), a quien ya interrogó en julio del año pasado por la represión ilegal contra opositores en esa época.
Echeverría fue el primer ex mandatario que respondió ante la justicia por crímenes políticos. Sin embargo, hasta el momento no ha sido acusado formalmente de ningún caso.
Vamos a ver si la justicia mexicana va algún día contra los autores intelectuales de tanto crimen. Si por fin se atreve a tocar a ex presidentes y a políticos de alto nivel, expresó Rosario Ibarra
Cuando Echeverría y sus cómplices estén en la cárcel y mi hijo aparezca vivo, yo podré decir finalmente que se hizo justicia, pero hasta que eso suceda seguiré escéptica, declaró.
