El general retirado Efraín Ríos Montt, candidato a la presidencia de Guatemala por el gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se juega todas sus cartas en los comicios del próximo domingo.
Una derrota sería ”su entierro político”, según analistas consultados por IPS.
La candidatura de Ríos Montt, acusado de respaldar numerosos atropellos a los derechos humanos durante su gobierno de facto de 1982-1983, es el hecho más revulsivo en la campaña electoral guatemalteca, en un marco de violencia, temores a un fraude y denuncias de compra de votos.
En encuestas divulgadas por medios de comunicación, el ex dictador de 77 años, predicador evangélico, ocupó el tercer puesto con 11,5 por ciento de las intenciones de voto, detrás de Oscar Berger, de la derechista Gran Alianza Nacional, que logró 37,2 por ciento, y de Alvaro Colom, de la centroderechista Unión Nacional de la Esperanza, con 21,3 por ciento.
La izquierdista Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca postula a Rodrigo Asturas, quien no tiene ninguna posibilidad de ganar, afirmó Marco Barahona, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Ese partido y la también izquierdista Alianza Nueva Nación, que no presenta candidato presidencial, podrían sumar unos 15 integrantes del Congreso, que pasará a tener 158 en total, previó.
En Guatemala, la cantidad de parlamentarios varía en función del número de habitantes, y eso determina que en estas elecciones vayan a elegirse casi el doble de los 80 legisladores surgidos de los comicios de 1995.
Berger y Colom disputarían una segunda ronda electoral el 27 de diciembre, si se mantiene la tendencia registrada por las encuestas, ya que para ganar en la primera ronda es necesario obtener por lo menos 51 por ciento de los votos.
”Ríos Montt ha sido el candidato histórico del FRG, y una tragedia en las urnas es la mejor manera para que se le sepulte políticamente”, comentó a IPS Barahona.
La inscripción como candidato del ex dictador, presidente del Congreso, secretario general del FRG y poder detrás del trono en el actual gobierno, requirió presiones al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Corte de Constitucionalidad, porque un artículo de la Constitución impide la postulación a la presidencia de quienes participaron en golpes de Estado.
Esa norma había determinado que la candidatura fuera rechazada para dos elecciones anteriores, pero en julio de este año la Corte de Constitucionalidad dictaminó, por cuatro votos contra tres, que el artículo en cuestión, aprobado en 1985, no debe considerarse retroactivo.
Barahona opinó que el FRG ha usado recursos del Estado para favorecer sus intereses políticos, y citó que sus parlamentarios aprobaron en el Congreso, donde son mayoría, el pago de 400 dólares a cada uno de los 520.000 ex integrantes de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil.
Ese pago se dispuso como compensación por servicios de seguridad prestados al Estado durante el conflicto interno que se desarrolló desde comienzos de los años 60 hasta acuerdos de paz en 1996.
El desembolso de los 208 millones de dólares que suman esas indemnizaciones podría desestabilizar la economía del país, alertó el presidente del Banco de Guatemala, Lizardo Sosa.
Además, los ex paramilitares amenazaron con boicotear las elecciones si no reciben el dinero prometido.
Hasta ahora la violencia es uno de los elementos centrales de la actual campaña, en la que hubo 29 muertes de candidatos a alcaldías y activistas políticos desde que el Tribunal Supremo Electoral convocó de manera oficial a los comicios, en mayo.
La misión observadora del proceso electoral de la Organización de Estados Americanos ha expresado reiteradamente su preocupación ante esa situación.
Ríos Montt respondió a los cuestionamientos a su candidatura planteados por organismos defensores de los derechos humanos, al asegurar en una entrevista con Emisoras Unidas de Guatemala que ”nunca supo de las masacres” durante su gobierno, en las que murieron cientos de personas ajenas al conflicto armado.
”Todo eso me lo achacan porque yo fui el que le ganó la guerra a los guerrilleros, a los comunistas”, alegó.
El informe denominado Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, presentado en abril de 1998 por la Iglesia Católica de Guatemala, denunció la muerte de 55.000 personas y la desaparición de otras 45.000 durante el conflicto armado, así como la responsabilidad del ejército en 90 por ciento de las violaciones de los derechos humanos.
Lejos de la imagen de militar de línea dura, Ríos Montt se dirige a quienes lo siguen con sus recursos de pastor evangélico, con sistemáticas apelaciones a Jesús y a la necesidad del cambio interior, citas de la Biblia y moralismo.
”Guatemala va a cambiar cuando usted cambie. El espíritu de la nación está en usted”, asegura.
”El pueblo es el soberano. El pueblo es el que paga. El pueblo es el poder”, suele decir el ex dictador, quien derrocó en 1982 a Romeo Lucas García.
Para Francisco García, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, desde que el FRG asumió el gobierno en 1999, con la presidencia de Alfonso Portillo, empezó a crear las condiciones para que Ríos Montt pudiera ser candidato.
”A pesar de que se le responsabiliza de graves violaciones de los derechos humanos durante el desarrollo del conflicto armado, es oportuno que Ríos Montt participe, porque en la actualidad no hay otro escenario político para que la sociedad guatemalteca le dé un no rotundo al ex general”, afirmó García.
El especialista opinó que si la Corte de Constitucionalidad no hubiera aceptado la postulación de Ríos Montt, éste habría continuado sus reiterados intentos de ser candidato, convirtiéndose en una verdadera piedra en el zapato para la institucionalidad guatemalteca.
Pero el analista independiente Alvaro Velásquez sostuvo que la autorización de esa candidatura fue, además de ilegal, un ”verdadero descrédito para las instituciones de Guatemala”.
En las elecciones del domingo, 11 partidos se disputarán el apoyo de 5.073.290 habilitados para votar en 8.910 mesas receptoras de votos.
Estarán en juego, además de la presidencia y los 158 puestos en el Congreso, la supremacía en 331 municipios distribuidos en 22 departamentos de todo el país.
En los comicios, 5,073,290 guatemaltecos están convocados para concurrir a votar a las 8910 juntas receptoras, establecidas por el Tribunal Supremo Electoral.
El panorama electoral se vislumbra, insisten los analistas, complicado para Ríos Montt, pero siempre existe la incógnita de si a última hora el ex general logrará doblegar la voluntad del electorado, sobre todo en un país en el que 70 por ciento de la población vive en la pobreza y es susceptible de múltiples manipulaciones. (
