El nacionalismo moderado permitió este jueves actuar en el parlamento vasco a delegados de Sozialista Abertzaleak, considerado el brazo político del grupo terrorista ETA, pese a que su disolución fue reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia de España.
De este modo se acentúan las discrepancias entre el gobierno central del centroderechista José María Aznar y el del País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
Los tres integrantes de la Mesa del Parlamento Autónomo vasco fueron citados para el 3 de diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de esa región, acusados por el Fiscal General del Estado de desobediencia por no cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia español.
La orden de referencia es la dictada el 25 de abril y reiterada el miércoles, en la que se dispuso la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA, socialismo nacionalista en lengua vasca) por considerarlo parte de ETA.
La Mesa, el órgano máximo del parlamento, es presidida por Juan María Atutxa e integrada además por Gorka Knörr y Kontzi Bilbao, responde al moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su escisión Eusko Alkartasuna (EA), que junto con Izquierda Unida gobiernan esa comunidad en coalición.
La mayoría parlamentaria no sólo se negó a cumplir el fallo, sino que otra vez este jueves el presidente del Parlamento Autónomo, Juan María Atutxa, le otorgó la palabra a su representante, Jon Salaberría.
Leopoldo Barreda, portavoz del centroderechista Partido Popular (PP) que gobierna España pero es minoría en el País Vasco, impugnó esa autorización por considerar que la presencia de los proetarras en la sala parlamentaria no es conforme a derecho.
Pero nadie espera que el planteo produzca acontecimientos importantes. Atutxa, uno de los tres citados por el Tribunal Superior de Justicia vasco, se presentará ante la juez que lleva el caso, Nekane Bolado, convencido de que está procediendo legalmente, dijo a IPS su portavoz, Jon Goikolea.
Además, medios jurídicos señalaron que en un trámite previo, cuando el Tribunal vasco debatió si admitía o no la querella, Bolado votó en contra, aunque quedó en minoría.
Esto puede anticipar una decisión de la juez favorable a los imputados, absolviéndolos una vez desarrollado el proceso, lo cual puede llevar varios meses, añadieron esas fuentes.
La Fiscalía basó su acusación en el hecho de que los tres acusados expresaron que no cumplirían la orden de disolución de SA, un fallo confirmado por el Tribunal Constitucional, última instancia de cualquier apelación.
Asimismo, sostiene que ha existido una abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente (por los acusados) bajo la hábil dirección del señor Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa.
Según la alta instancia judicial, los acusados recurrieron a un fraude de ley para enmascarar o justificar su oposición a dar cumplimiento a la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo Sozialista Abertzaleak.
En caso que la denuncia prospere y los acusados sean condenados se les inhabilitará por seis años para desempeñar cargos públicos.
Además, la acusación incluye la denuncia de otro delito que podría acarrear una condena penal, por haber reconocido el derecho de Sozialista Abertzaleak a cobrar subvenciones, a pesar de que el Tribunal Supremo dispuso su disolución como grupo parlamentario por estar subordinado a ETA.
Mientras, continúa la prueba de fuerza entre la presión judicial y policial del gobierno central y el impulso del nacionalismo moderado de un proyecto para que el País Vasco se convierta en un estado asociado de España.
A su vez, ETA sigue cometiendo atentados. El último de ellos fue perpetrado el miércoles en Andoain, localidad de la septentrional provincia de Guipúzcoa, una de las tres que integran la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En esa localidad, un cohete lanzado por etarras causó un incendio en el domicilio del socialista Estanis Amutxastegi, teniente de alcalde de esa población.
En la vivienda se encontraba sólo su hija, de 23 años quien, según comentó el dirigente socialista, sabe que se ha salvado de milagro.
Amutxastegi recordó que unos años atrás la ETA también le quemó el automóvil a su hija mayor, quien nada tenía que ver con la política.
A raíz de ese ataque, la familia se fue una temporada de Andoain, pero regresó, aunque esa hija mayor desde entonces vive fuera del País Vasco, feliz y contenta, añadió su padre.
Respecto del proyecto soberanista conocido como plan Ibarretxe, por haber sido el presidente vasco, Juan José Ibarretxe, quien lo presentó al parlamento, la organización vasca no gubernamental ¡Basta ya! convocó a una manifestación en su contra para el 13 de diciembre en las principales ciudades de esa región.
La consigna de la movilización será Con violencia no es plan sino chantaje. Estatuto y Constitución.
Ante la intensificación de las redadas policiales contra ETA en Francia y las demandas del gobierno español de que todos los países desconozcan el derecho que reclaman los etarras de ser considerados perseguidos políticos, se pronunció el secretario general de Interpol, el estadounidense Ronald Kenneth Noble.
Esta semana esa institución, que coordina la acción internacional de las policías de 181 naciones, aprobó que los acusados de pertenecer a ETA podrán ser detenidos sólo por el hecho de pertenecer a esa organización, aunque no les sean imputados otros delitos, dijo Noble al diario español El País.
No obstante, España deberá probar que la persona denunciada es miembro ETA, no bastará sólo con decirlo, puntualizó.
En relación a esa actividad policial, el Ministerio del Interior informó que ha desmantelado el aparato de captación de ETA, basándose en la documentación incautada al dirigente Ibon Fernández Iradi, Susper, detenido en diciembre de 2002 en Francia.
