A 11 días de la derrota del derechista presidente de Colombia, Alvaro Uribe, en el referendo del 25 de octubre, nada indica que el gobierno piense en relevos ministeriales o en una corrección de rumbo que muchos piden.
La consulta de 15 preguntas buscaba apoyo popular para aplicar una drástica reforma fiscal y reducir algunas prebendas del Congreso legislativo.
Tampoco hay indicios de que se modifique la política de ”seguridad democrática” ni de un mayor acento en la inversión social, pese a la significativa votación que obtuvo el Polo Democrático Independiente (PDI) —en el que convergen sectores de izquierda, fracciones del socialdemócrata Partido Liberal (PL) y movimientos cívicos— en las elecciones locales del domingo 26.
”Uribe no va a reajustar su gabinete porque va a sentir que es una derrota y no está dispuesto a dar la razón a sus contradictores”, dijo a IPS el director de la Fundación Ortega y Gasset, Pedro Medellín.
Sin embargo, la situación política del país es nueva.
Aunque el gobierno no dé aún muestras de haber procesado los resultados del referendo ni los de los comicios municipales en los que la izquierda logró importantes triunfos, es evidente que en el seno del poder y dentro del PL empieza a darse una intensa discusión.
”El gobierno es más débil, tiene menos legitimidad y, si no se ha dado un cambio de coyuntura, sí se imponen reacomodos en las elites políticas y militares”, dijo a IPS el director de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Valencia.
De hecho, el presidente del Senado y jefe de la bancada fiel a Uribe, Germán Vargas, pidió la remoción del ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño.
Londoño ”ya cumplió su ciclo”, afirmó Vargas dos días después de conocidos los resultados del referendo.
Simultáneamente se hundía en el Congreso legislativo un proyecto de ley para la reelección presidencial inmediata, que cabalgaba sobre el supuesto triunfo del referendo.
También es posible que las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estén analizando si mantienen su estrategia de repliegue en la guerra civil de cuatro décadas, o adoptan una ofensiva política y militar, comentó Valencia.
”No hay que descartar que se abra un nuevo espacio para que el gobierno hable de paz con ese grupo”, añadió Valencia, para quien es factible que los acuerdos en curso entre el gobierno y las paramilitares Autodefensas también sufran cambios.
Para Medellín, ”es posible que el presidente no haya perdido popularidad, pero sí solidez institucional. Hoy Uribe está en una situación que muchos no alcanzaron a imaginar en vísperas del referendo”, comentó.
Según el analista, con la derrota el gobierno ”se creo una crisis innecesaria, no tanto por el fracaso en las urnas sino por la actitud que tuvo y el manejo que le dio a los resultados”.
El gobierno ”alteró las reglas de juego electoral” al intervenir de manera excesiva en los medios de comunicación, hacer proselitismo el día de la elección y pedir luego —con los resultados a la vista— que se modificara la base electoral, dijo el analista.
Medellín se refería a la solicitud pública de Londoño de depurar el padrón electoral de 25.069.773 votantes, lo que a su vez rebajaría el umbral de 6,2 millones de sufragios para hacer válida la consulta, y los votos afirmativos requeridos para aprobar cada una de las 15 preguntas.
Como Uribe no desautorizó a su ministro, ”hizo saber que esa era la posición del gobierno”, indicando de paso su resistencia a asimilar la derrota, comentó el director de la Fundación Ortega y Gasset.
El día de los comicios municipales, el presidente ”mostró su disgusto con los electores del sábado y no salió a 'abrir' la jornada electoral como es costumbre”. Además, tardó cuatro jornadas en hablar públicamente, destacó Medellín.
A mediados de la semana, el incidente de la tardanza de Uribe en ir a votar fue la gota que desbordó la copa de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El diputado oficialista Germán Barón dijo al presidente que si hubiera madrugado para votar habría enviado un mensaje de apoyo a su candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Lozano, derrotado por el izquierdista Luis Eduardo Garzón, del PDI.
El reclamo de Barón fue en una reunión en la casa de gobierno, convocada por el presidente para convenir con su bancada la estrategia del llamado ”Plan B” de reforma fiscal, para suplir el presentado en el referendo.
Uribe dio muestras de haberse ”salido de casillas”, cuando por televisión increpó a Barón, diciéndole que no podía seguir hablando, y acusándolo de ”manzanillo perfumado de cuello blanco”, forma popular de llamarlo clientelista.
Con sorna, el columnista Roberto Posada del diario El Tiempo — el de mayor circulación nacional— preguntó qué había pasado con los publicitados buenos oficios de Lucía Arango, médica ”bioenergética” y maestra de yoga del mandatario.
El desconcierto por el silencio de cuatro días y la bravata frente a Barón, dio paso a una ”crisis institucional irreversible”, a juicio de Medellín.
Los medios de comunicación empiezan a cuestionar el manejo de la crisis, y sectores del empresariado se preguntan si el mandatario es el mismo hombre fuerte que eligieron en junio de 2002 para dirigir la guerra.
En cuanto a las relaciones con el Legislativo, el escenario más previsible es una mayor presión de los representantes, que ya empiezan a acomodarse con vistas a las elecciones de 2006, apuntó Medellín.
De hecho, el triunfo del PDI en Bogotá, con el ex sindicalista Garzón en el segundo puesto más importante del país, crea un contrapunto que también apunta al relevo presidencial dentro de tres años, afirmó Valencia.
El ex fiscal Alfonso Gómez, opuesto al referendo junto al sector del PL que llamó a la abstención, estimó sintomático que en la alocución del miércoles pasado, el presidente hubiera admitido que ”la crisis económica no está generada exclusivamente por el déficit fiscal, sino por el servicio de la deuda” externa, que bordea los 36.000 millones de dólares.
”Aun cuando no se menciona la terrorífica palabra 'renegociación', sí se habla ya de comparar su costo con la necesidad de atacar la pobreza”, advirtió Gómez.
Ese será el eje de la discusión que ocupará esta semana al equipo económico y a una delegación del Fondo Monetario Internacional que revisará el cumplimiento del acuerdo suscrito con Colombia en enero para un préstamo de contingencia por 2.100 millones de dólares. (
