Nunca me sentí tan indignada, humillada e impotente en toda mi vida y creo que llevaré mucho tiempo para absorber lo que pasó, lamentó la médica cardióloga brasileña Marcia Barbosa tras ser deportada de Estados Unidos.
La especialista de 49 años asegura no poder concentrarse y hasta cree poco probable que pueda volver a trabajar en los próximos días, al describir los efectos de su choque con las autoridades migratorias estadounidenses, que culminó en su regreso forzado a su país el 19 de octubre.
Solo volveré a Estados Unidos si hay fuertes razones profesionales, pero por voluntad propia no, dijo Barbosa a IPS por teléfono desde Belo Horizonte, capital del sudoriental estado de Minas Gerais, donde vive. Incluso buscará alternativas profesionales, como realizar próximamente el curso que le interesa en Toronto, Canadá.
Barbosa difundió su relato por Internet, la red mundial de computadoras, para alertar a sus compatriotas de la arbitrariedad y prepotencia con que personas honradas, trabajadoras y respetadas pueden ser tratadas en Estados Unidos, como resultado del temor provocado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Barbosa, elegida presidenta de la Sociedad de Cardiología de Minas Gerais, viajó el 18 de octubre para realizar un curso de tres días de resonancia magnética del corazón en el Colegio Americano de Cardiología y por el cual pagó 695 dólares.
Al desembarcar en Dallas, en el meridional estado estadounidense de Texas, fue detenida porque su visa tipo B2 no le permitía hacer el curso, sino que necesitaba una B1, de trabajo.
Soportó cerca de cinco horas de espera e interrogatorio, junto con otros tres brasileños, un médico y dos ejecutivos de empresas, quienes también fueron deportados. Para ir al baño mientras estuvo detenida era obligada a ser acompañada por un policía que cerraba la puerta y la aguardaba.
Luego de los interrogatorios transcurrieron otras seis horas hasta ser puesta finalmente en libertad, las que pasó encerrada con otra brasileña acusada de tráfico de personas.
Estábamos en un baño frío en que sólo había un asiento duro, sin permiso para quedar con el bolso y ni siquiera un libro para leer, contó. Tampoco se le permitió recurrir a un abogado.
Otra humillación que debió afrontar fue entrar al avión de regreso escoltada por policías, como si fuera una criminal ante la mirada de los demás viajeros.
Quedé estupefacta, no podía creer, cuando me comunicaron la deportación, recordó la médica a IPS, explicando que ya había ido a Estados Unidos más de 20 veces en los últimos 10 años para participar en congresos médicos, algunas veces como invitada de instituciones locales.
Están cometiendo un error, confundiendo personas decentes con terroristas y alimentando el sentimiento antiamericano, opinó.
El diputado Joao Magno de Moura, del gobernante Partido de los Trabajadores, reveló a IPS haber recibido varias denuncias de maltratos similares a viajeros brasileños en Estados Unidos.
Pero la preocupación inmediata de Magno de Moura y de otros tres pares suyos que viajarán a Estados Unidos la próxima semana es lograr la libertad y traer de vuelta a 922 brasileños presos en ese país norteamericano.
Desde los ataques contra el World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Washington, 3.691 brasileños fueron detenidos para interrogatorios en Estados Unidos, muchos de los cuales quedaron encarcelados, según datos de la embajada estadounidense en Brasilia, informó a IPS el senador Helio Costa, otro miembro de la misión.
Cerca de 90 por ciento de los detenidos están en Texas y en su mayoría son inmigrantes que intentaron entrar a Estados Unidos sin la documentación exigida por la frontera con México. Los demás fueron arrestados dentro del país por trabajar sin la visa o indocumentados.
Por eso la misión parlamentaria concentrará sus esfuerzos en ese estado sureño para hablar con los brasileños encarcelados y con las autoridades de inmigración, buscando conocer mejor la situación y proponer soluciones, anunció Costa.
Los brasileños están presos junto con criminales y hay denuncias de maltratos, señalaron los parlamentarios. Algunos están en la cárcel hace más de tres años, esperando los trámites judiciales de la deportación, pero 349 ya concluyeron el proceso y pueden volver de inmediato, destacó el senador.
El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva rechaza la propuesta estadounidense de fletar aviones para despachar a los prisioneros, alegando que sería una discriminación vejatoria. Sobre eso los parlamentarios consultarán los principales interesados, los propios presos.
El objetivo es obtener un mejor tratamiento a los inmigrantes indocumentados, tanto por parte de las autoridades estadounidenses como de los servicios consulares de Brasil, que no prestan la debida asistencia, según quejas de los encarcelados, explicó el diputado Moura.
Por su parte, el senador Costa señaló la necesidad de evaluar con cautela las denuncias, para no afectar las relaciones entre los dos países.. Recordó, respecto de los viajeros rechazados, que hay un acuerdo de reciprocidad y que Brasil también exige una visa de trabajo, con el pago de una tasa de 60 dólares, a los extranjeros que visitan el país para hacer negocios.
Pero la detención de brasileños en el exterior no ocurre sólo en Estados Unidos, sino que es un problema en aumento.
El gran desempleo provocado por la crisis económica iniciada en los años 80 convirtió Brasil en un país de emigración neta, después de siglos acogiendo inmigrantes de todos los continentes.
Cerca de dos por ciento de la población nacional, es decir unos 3,5 millones de brasileños, viven hoy en el exterior y Estados Unidos es el principal destino, según el embajador Adolfo Westphalen, director general de Asuntos Consulares de la cancillería brasileña. Buena parte está en situación ilegal.