¿Qué área de bosque tienen? ¿Cuánta agua ganan o pierden? Los países latinoamericanos y caribeños decidieron este martes, en la capital panameña, usar indicadores comunes para medir sus recursos naturales y evaluar su manejo.
El acuerdo final de la XIV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región también incluye generar electricidad para áreas rurales y urbanas a partir de la fuerza del viento, la energía solar, la descomposición de residuos o pequeñas represas.
La meta para 2010 es que 10 por ciento de la energía que consuma la región provenga de fuentes alternativas y renovables.
El Plan de Acción aprobado cubre ocho temas y fue adoptado por consenso del Foro, que traduce a términos regionales los lineamientos de protección ambiental fijados en 1992 por la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y actualizados el año pasado por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo.
América Latina y el Caribe es la primera región del Sur en desarrollo que decide adoptar un sistema común para medir cuantía y manejo del patrimonio ambiental, como lo hace desde hace décadas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre cuyos miembros están todos los países industrializados.
El director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Klaus Toepfel, se confesó feliz con la iniciativa, ”que demuestra la madurez alcanzada por América Latina y el Caribe” en la búsqueda de logros ambientales.
Contar con indicadores comunes ”dará a los países latinoamericanos más capacidad para administrar sus inventarios ambientales y para atraer inversores que consideran la variable ambiental”, dijo a IPS el especialista Edgar Gutiérrez, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.
La información sobre recursos ambientales ”es fundamental para tomar decisiones. Y no se puede decidir con propiedad sobre algo que, por ejemplo, no se sabe cuánto dura o cuándo se acaba”, abundó.
Una de las hojas metodológicas servirá, por ejemplo, para medir la supeficie boscosa. Se considerará así toda parcela de más de media hectárea, con 10 por ciento o más de su espacio ocupado por árboles que de adultos alcancen al menos cinco metros de altura.
Se previeron en el Plan de Acción hasta 25 categorías de registro, entre ellas territorio de áreas protegidas, diversidad marina, suministro de agua, manejo de costas, disponibilidad de agua por habitante, extracción de peces, riesgos ambientales para la salud y porcentaje de municipios con planes de ordenamiento.
Los indicadores ”pueden ayudar a países pequeños cuya economía depende del manejo ambiental a mejorar los planes de protección del entorno”, comentó a IPS el ministro bahameño de Salud, a cargo de las cuestiones de ambiente, Marcus Bethel.
Eso debe hacer, para aprovechar en forma óptima su atractivo turístico, Bahamas, un país de 700 islas, añadió.
Gutiérrez admitió que un ”lado pesimista” de la cuestión se relaciona con eventuales perjuicios para países que, además de ser pobres, presenten rezago en el inventario y manejo del patrimonio ambiental.
”Pero la propuesta está bajo el paraguas del sistema de cooperación que implican el Foro de Ministros, la actividad del Pnuma y los acuerdos de integración regional”, alegó.
En materia de energías renovables, están en marcha en la región unos 40 proyectos, y los ministros se comprometieron a impulsar la iniciativa aprobada en Panamá, empezando por los gobiernos que integran, y también en los sectores industriales y la sociedad civil de sus respectivos países.
Los latinoamericanos quisieran ”que se modifiquen las actuales matrices energéticas, con sistemas de generaración y distribución de energía no riesgosos, que sean más limpios y nos resguarden de la emisión de gases de efecto invernadero”, dijo a IPS Mitzi da Costa, responsable de Ambiente en la cancillería brasileña.
Sin embargo, tanto Bethel como Anthony Bartholomew, secretario permanente del Ministerio de Ambiente de Trinidad y Tobago, dijeron a IPS que para pequeños Estados como los caribeños, ”todavía el desarrolllo de instalaciones para generación de electricidad con fuentes alternativas acarrea proyectos costosos”.
Sobre el acceso a recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios que generen, el Foro acordó aumentar la capacidad negociadora de los países mediante compilación de legislaciones, intercambio de experiencias y estudio de los regímenes más favorables para las comunidades indígenas y locales que han usado ese patrimonio.
La cooperación entre gobiernos e instituciones públicas, empresariales y de la sociedad civil es la principal previsión del plan para manejo de recursos hídricos, asentamientos urbanos, monitoreo del cambio climático y relaciones de la cuestión ambiental con las políticas fiscales y los temas comerciales.
En relación con el comercio, hasta ahora el foro ministerial de Ambiente ha planteado capacitar sobre la cuestión ambiental a los equipos nacionales de negociación comercial, pero se abstiene de proponer que el tema se integre, por ejemplo, a las discusiones del Area de Libre comercio de las Américas (ALCA).
”Hasta ahora ha sido mejor así. El tema ambiental podría abrir una nueva brecha o causar más demoras en las negociaciones del ALCA, por las divergencias entre países del norte y del sur del hemisferio”, según Da Costa.
Entre las divergencias reales o previsibles, mencionó las vinculadas con el Protocolo de Kioto (de 1997, para reducir la emisión de gases que retienen calor en la atmósfera, como el dióxido de carbono), que Estados Unidos rehúsa ratificar, o sobre el acceso y distribución de beneficios por el uso de recursos genéticos.
El Foro, finalmente, instó a continuar con estudios e iniciativas que le fueron presentadas por distintos gobiernos sobre educación ambiental (Venezuela), producción y consumo sustentables (Nicaragua) y situación de los pequeños Estados insulares (Trinidad y Tobago). (
