La justicia de Paraguay libró una orden de captura internacional contra el ex dictador Alfredo Stroessner, que será recibida este viernes por las autoridades de Brasil, donde está asilado desde su derrocamiento en 1989.
El juez Arnaldo Fleitas envió este jueves un oficio al jefe de la policía, Humberto Núñez, en el que pide disponga a través de Interpol (Policía Internacional) la detención de Stroessnerr, de 90 años y que gobernó de facto a Paraguay por 35 años, así como de su ex ministro de Interior Sabino Montanaro, refugiado en Honduras.
Núñez tramitará este viernes el pedido, al que, según acuerdos bilaterales, la sede de Interpol de Brasil no se podría negar a cumplir, debido a que la orden de detención es en carácter de "reo prófugo de la justicia".
El abogado y activista de los derechos humanos Martín Almada, premio Nobel Alternativo 2002, es el querellante por la muerte de su esposa Celestina Pérez a causa de las "torturas psicológicas" que habría recibido mientras él estuvo detenido entre 1974 y 1977.
"Esto es algo que estamos pidiendo desde el 25 de mayo de 1989. Estos genocidas tienen que pagar por sus delitos", dijo a IPS Almada, quien encontró en 1992 los llamados "archivos del terror", informes confidenciales que prueban la existencia de la llamada Operación Cóndor.
Esa Operación nació a comienzos de los años 70 en Chile para coordinar la acción represiva de las dictaduras de ese país, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, sin importar las fronteras.
Paraguay ya había solicitado anteriormente la extradición de Stroessner, pero el gobierno de Brasil no dio curso al pedido. Pero ahora se trata de un procedimiento a través de Interpol, en el cual no intervienen los gobiernos.
Es que en esta oportunidad el juez Fleitas se basó en un acuerdo firmado hace cinco años entre Brasilia y Asunción, por el cual no se puede considerar como asilado político a ningún prófugo de la justicia.
"Paraguay erró el camino en el pasado, porque pidió la extradición a través de la cancillería, a lo que el gobierno brasileño se puede negar. Pero en este caso Brasil no tiene otra opción que detenerlo", aseguró a IPS Luis Alberto Mauro, ex senador y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
"Este no es un procedimiento entre cancillerías, sino sólo de Interpol. Una vez que se envíe el pedido, Stroessner tiene que ser detenido, pues el acuerdo es claro como el agua. No hay otra opción", añadió.
Mauro, del opositor Partido Encuentro Nacional, participó en su calidad de legislador de las gestiones en Brasilia para extraditar al ex dictador realizadas en los últimos años.
El juez Fleitas había ordenado también el embargo de los bienes de Stroessner y Montanaro como medida cautelar.
Mientras, Almada acusó a los nietos y allegados de Stroessner de "asociación ilícita para delinquir", "producción de documentos públicos con contenido falso" y "ocultamiento de bienes".
El activista, presidente de la Fundación Celestina Pérez de Almada, explicó a IPS que el ex dictador, ante la inminencia del embargo judicial, transfirió sus bienes inmuebles a los nietos, y éstos vendieron las propiedades a una empresa fantasma llamada "Sur Inmobiliaria SA".
Tiempo después, los nietos de Stroessner "sospechosamente pasaron a formar parte de Sur Inmobiliaria".
Almada mantendrá en los próximos días varios contactos en Brasil con la organización defensora de los derechos humanos Tortura Nunca Mais y con parlamentarios del gobernante Partido de los Trabajadores, para seguir de cerca el procedimiento contra Stroessner.
El activista dijo confiar en que el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva intervenga para permitir el juicio de Stroessner en Paraguay, ya que su antecesor, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) "no movió un dedo para dar curso al pedido de extradición" y "fue protector" del ex dictador por mucho tiempo.
"Abrigamos la esperanza de que el gobierno de Lula sea diferente. Quisiera creer que esta es la oportunidad", señaló.
Almada fue perseguido por la policía secreta de Stroessner luego de publicar un discurso doctoral que criticaba al sistema educativo paraguayo. Fue detenido y acusado de "terrorismo" y de vinculación con grupos comunistas.
Su esposa murió de un ataque cardiaco cuando tenía 33 años, luego de recibir una llamada telefónica en la que los militares reproducían los gritos de su esposo mientras era torturado.
Almada abandonó el país en 1977 y regresó en 1989, para iniciar el proceso contra Stroessner. Gracias a sus propias investigaciones y una carta anónima, el activista se enteró de que ciertos documentos vinculados a su caso podían hallarse en una comisaría.
La justicia ordenó entonces el registro del lugar y se encontraron documentos que se convirtieron en todo un suceso político, pues permitieron la detención de las primeras figuras del desaparecido régimen de Stroessner y se reveló sus vínculos con militares de Argentina y de Uruguay.
Esta semana fue promulgada la ley que creó en Paraguay la llamada Comisión de Verdad, la cual integra Almada, que se dedicará a la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la larga dictadura de Stroessner.
