El gobierno de México puso este viernes un ladrillo más en una enorme torre hecha de planes y promesas para esclarecer más de 300 asesinatos de mujeres en la septentrional Ciudad Juárez, al nombrar a una comisionada especial para las investigaciones.
La abogada María Guadalupe Morfín es ahora la encargada de aclarar los crímenes, tarea en la que muchos otros fracasaron. En sus primeras declaraciones tras el nombramiento, la comisionada dijo que trabajará con corazón y justicia y llevará consuelo a las víctimas.
Los asesinatos de mujeres en Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, se suceden de forma periódica desde hace 10 años. El crimen más reciente se conoció el martes, con el hallazgo de un nuevo cadáver dentro de una bolsa de basura.
Hasta julio, fueron autoridades del estado de Chihuahua, donde está Juárez, las que se encargaron de investigar el tema. Pero ese mes, tras creciente presión de grupos humanitarios internacionales, el gobierno del presidente Vicente Fox decidió hacerse cargo de las pesquisas y de la seguridad pública en la ciudad.
Primero envió a Juárez a la policía federal y puso en marcha un plan central preventivo, que no logró impedir el último crimen. Ahora nombró una comisionada para encargarse de las investigaciones.
Morfín, una respetada abogada con antecedentes en la defensa de los derechos humanos desde organizaciones civiles, reconoció que el gobierno llega tarde a Juárez, pero prometió poner todo su empeño y pidió un tiempo razonable para conocer la problemática a fondo y entregar resultados.
También señaló que trabajará en tres líneas: escuchar a los afectados, reconstruir el tejido social y esclarecer los crímenes.
Será un trabajo intenso y de cara a la sociedad civil, aseguró.
Ya fracasaron en el intento de esclarecer y frenar la serie de crímenes varios gobernadores de Chihuahua, fiscales, detectives extranjeros y hasta espiritistas contratados por familiares de las víctimas.
Organizaciones no gubernamentales son cada vez más escépticas ante las promesas de poner fin a los asesinatos.
Vamos a darle un tiempo razonable y vamos a apoyarla en lo que se pueda, dijo Arturo Lomelí, un activista de grupos humanitarios en Ciudad Juárez, al conocer el nombramiento de la comisionada.
Juárez, ciudad de 1,2 millones de habitantes lindante con la localidad estadounidense de El Paso, fue bautizada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como la capital del femicidio.
La edad de casi todas las asesinadas estaba en la franja de 15 a 30 años.
En Juárez, como en otras ciudades mexicanas sobre la frontera con Estados Unidos, se concentran fábricas que operan bajo el sistema de maquila (zonas francas de procesamiento de exportaciones, con insumos extranjeros que ingresan al país libres de impuestos), cuya fuerza de trabajo está formada en su mayor parte por mujeres jóvenes, a menudo lejos de sus familias.
También actúan en la ciudad organizaciones delictivas vinculadas con el tráfico de personas y de drogas ilegales hacia territorio estadounidense.
Algunas características comunes de varios de los crímenes son que se cometieron con cuchillos, que los cuerpos de las víctimas fueron dejados en terrenos alejados de zonas habitadas, y que presentaban huellas de haber sufrido torturas y violación, en algunos casos con quemaduras o pezones arrancados.
Los crímenes en Juárez son un oprobio nacional y producto de asuntos muy complejos, opinó Morfín.
El grupo humanitario Amnistía Internacional emitió en agosto un informe sobre el caso en el que señaló que es urgente una intervención de las autoridades federales para investigar esta brutal pauta de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y para llevar a los responsables ante la justicia.
Según esa organización, que tiene su sede en Londres, en los últimos 10 años fueron asesinadas unas 370 mujeres en Juárez, y de ellas al menos 137 habían sido agredidas sexualmente antes de morir.
Además, indicó que aún no se han identificado 75 cadáveres de mujeres.
Muchas de las mujeres fueron secuestradas, mantenidas cautivas durante varios días y sometidas a humillación, tortura y una violencia sexual atroz antes de morir, la mayoría de asfixia causada por estrangulación o a golpes. Sus cadáveres se hallaron más tarde ocultos entre escombros o abandonados en zonas desiertas cerca de la ciudad, apuntaron los autores del informe.
Varias personas permanecen detenidas en relación con esos casos, pero sólo el egipcio Abdel Latif Sharif ha sido condenado, a 20 años de prisión por la muerte de cinco jóvenes. De todos modos, los asesinatos continúan.
Las organizaciones humanitarias atribuyen la falta de resultados en el esclarecimiento de los delitos a impericia y corrupción de las autoridades policiales.
Las hipótesis sobre los motivos de los asesinatos abarcan desde cultos satánicas hasta negocios vinculados a la pornografía. También se manejan líneas de investigación sobre tráfico de órganos humanos. (
